El Tribunal Administrativo del Tolima le dio aval de constitucionalidad a la pregunta que se hará para la consulta popular minera de Cajamarca, un municipio del Tolima donde realiza labores de exploración la compañía Anglogold Ashanti.
El fallo del Tribunal se presenta 15 días después de que el Consejo de Estado dictara medidas cautelares de urgencia que suspendieron provisionalmente la votación de la consulta popular minera en Ibagué, que había sido fijada por la Alcaldía para el pasado 30 de octubre.
La decisión se tomó luego de que un ciudadano, a través de una tutela que instauró ante el Consejo de Estado, alegó violación del derecho fundamental al trabajo.
En Cajamarca, la pregunta planteada en la comunidad y avalada en agosto por el Concejo Municipal con 8 votos a favor y 3 en contra, es la siguiente: “¿Está usted de acuerdo Sí o No, con que en el municipio de Cajamarca se ejecuten actividades que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas, o afectación de la vocación tradicional agropecuaria del municipio, con motivos de proyectos de naturaleza minera?"
El fallo del Tribunal debe ser notificado al alcalde de Cajamarca, William Poveda, quien debe fijar la fecha de las votaciones que serían en febrero o marzo del año entrante y la Registraduría se encarga de la organización con sus costos.
Camilo Padilla, presidente del Concejo de Cajamarca, señaló que el Tribunal Administrativo le dio vía libre a la convocatoria de una consulta “para que sea la comunidad la que decida el futuro de su territorio en temas mineros”.
“Lo que viene es la fijación de la fecha de la consulta por parte del Alcalde y esperamos que no se dilate el proceso”, afirmó Padilla, y señaló que es falso que el costo de la consulta en su municipio sobrepase los 1.000 millones de pesos.
“Para organizar 48 mesas de votación en Cajamarca solo se necesitan unos 100 millones de pesos”, aseguró el Presidente del Concejo y explicó que para que la consulta sea aprobada se necesita que voten unos 5.300 ciudadanos, o sea la tercera parte del censo electoral que es de 16.101 habilitados para sufragar.
“Este dilema de hacer o no minería a gran escala, debe ser resuelto por la vía democrática para que sea la gente la que diga si quiere o no explotación en su territorio”, dijo Camilo Padilla, pero el concejal Javier Botello no comparte su posición y considera que “en temas de explotación minera solo el gobierno nacional puede decidir”.
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“Ambientalmente, el proyecto minero de Anglogold no genera un impacto devastador, como afirman algunos, pues en este caso se trata de una empresa seria, la segunda a nivel mundial, y, además, trabaja con tecnología de punta”, aseguró Botello, quien recordó que, recientemente, la Corte Constitucional ratificó que los alcaldes y concejos municipales pueden tomar decisiones o medidas para proteger los suelos y el medio ambiente.
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