Luego del primer año desde que el Gobierno ordenó la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato, el balance en la lucha contra los cultivos de coca en el país no es halagüeño.
Al cierre del 2015 –y las proyecciones de las agencias dedicadas a la lucha antinarcóticos dicen que el 2016 arrojará cifras aún mayores–, en el país se contabilizaban 96.000 hectáreas de coca.
Los precarios resultados son comparables a los del 2002, cuando las siembras alcanzaban las 102.000 hectáreas.
Lo más grave es que en los últimos 12 meses, la capacidad del Estado para enfrentar las narcosiembras ha venido en caída. Así, mientras en todo el 2015, con fumigaciones y erradicación manual, se logró la destrucción de 34.000 hectáreas de narcocultivos, este año, con corte a septiembre, apenas se llegó a las 13.565, de una meta establecida para todo el año de poco más de 20.000 hectáreas.
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Aunque la cifra de cultivos destruidos manualmente aumentó al doble, relacionado con lo que se logró con esa estrategia en el último año (en el 2015 fueron 6.274), lo cierto es que sigue siendo mínima la afectación a estas siembras. De hecho, las 20.000 hectáreas de meta anual son apenas la octava parte de las 172.000 que se lograron destruir en el 2006, cuando además el área sembrada de coca era 20.000 hectáreas menor que la actual: 77.870.
La lucha contra las siembras ilegales no empezó a mostrar saldo en rojo desde la suspensión de la aspersión aérea. Tras el récord de reducción del 2012, cuando el país logró la menor área de coca desde que se llevan registros (47.000 ha), se ha venido registrando un crecimiento en el área con coca hasta el salto del 2015, que fue del 39 por ciento frente a lo reportado en el 2014.
Esto, a su vez, aumentó el potencial de producción de cocaína a 646 toneladas. Y para este año se tiene estimado que las áreas sembradas van a pasar, de lejos, las 100.000 hectáreas.
Ante ese panorama que marca una alerta para la política contra las drogas, expertos debaten sobre si el país debería volver o no al uso de las fumigaciones, ya no con el glifosato sino con otro químico que supere las pruebas de no afectación al medioambiente y a la salud de las personas que viven en las zonas donde se siembra la mata.
El primer campanazo corrió por cuenta del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien le pidió al Consejo Nacional de Estupefacientes que, a la luz de los resultados en el terreno, se revalúe el fin de las aspersiones aéreas con la molécula química que cumpla las condiciones de seguridad requeridas.
¿Sus argumentos? Que la erradicación manual no está dando resultados en la mayoría del país y, sobre todo, que el auge del narcotráfico constituye una amenaza para la paz a la que se intenta llegar con las Farc.
Para el Fiscal es claro que ante la posible desmovilización de esa guerrilla, que históricamente ha sido el grupo armado que protege las zonas cocaleras de la acción del Estado, otras organizaciones ilegales como el Eln y el ‘clan Úsuga’ están moviéndose hacia esas regiones, todos en busca de controlar el millonario negocio de la coca.
Otro argumento del Fiscal para pedir que vuelva la fumigación aérea consiste en las dificultades que han encontrado para realizar su trabajo en tierra los equipos de erradicación manual, pues, tal como lo informó este diario, con corte a agosto pasado se habían registrado al menos 400 bloqueos de cocaleros para frenar ese proceso.
Las escaramuzas se han reportado en Nariño –el departamento con más coca en el país, con 29.755 hectáreas sembradas–, así como en Putumayo, Cauca, Caquetá y Casanare, que también puntean en narcocultivos y en donde se concentra el 74 por ciento de las siembras de esa droga.
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Incluso, en el último año también creció el número de personas que se dedican a estas siembras ilícitas: se pasó de 67.000 a 74.500 familias, que equivalen a más de 300.000 personas. Lo que, según expertos, mostraría que los programas de desarrollo rural no han sido lo suficientemente fuertes para sacar a los campesinos de esa economía criminal.
El presidente del Colegio de Generales (r) de la Policía, Héctor Darío Castro, asegura que el fin de la fumigación “ha contribuido, entre otros factores, a incrementar en una forma vertiginosa y desproporcionada los cultivos ilícitos”.
Afirma que mientras en años anteriores el país había logrado salir de la lista de los mayores productores de cocaína en el mundo, las cifras actuales marcan un “retroceso de 15 o 20 años en la lucha contra el narcotráfico”.
En septiembre pasado, cuando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló los países que más producen sustancias ilícitas en el mundo –también aparecen Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Burma, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela–, aseguró que en el caso colombiano, uno de los factores que pudieron haber incidido sería “la decisión de suspender las fumigaciones en octubre del año pasado”.
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Sin embargo, Obama también dijo que antes de que se suspendiera la fumigación, los cultivadores ya se habían adecuado a nuevas técnicas, como ubicar las plantas en áreas donde no está permitida la aspersión aérea y crear cultivos más pequeños para que sea mucho más difícil detectarlos y golpearlos.
Entre el 2014 y el 2015, el área de cultivos ilegales en parques naturales, y tierras de comunidades indígenas y afrodescendientes, creció en un 43 por ciento al pasar de las 23.905 hectáreas a las 34.081.
Los narcos, además, intensificaron la siembra en las zonas de frontera como Putumayo, donde por los líos con Ecuador esa herramienta llevaba varios años sin utilizarse. Ese departamento tiene hoy 20.068 hectáreas, después de que el Plan Colombia había logrado bajarlas a menos de 4.000.
El director ejecutivo adjunto de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Aldo Lale-Demoz, afirma que si bien la ONU no está ni en contra ni a favor de la fumigación aérea, el país sigue rajado en la tarea de llevar desarrollo alternativo a las zonas donde la siembra ilegal es el único medio de subsistencia para miles de familias.
Aun así, el diplomático de Naciones Unidas señala que hay que reconocer que “va a haber situaciones y ocasiones donde apostarle exclusivamente al desarrollo, probablemente no dé los resultados necesarios”.
“Creo que (la fumigación aérea) es una herramienta que está ahí, que tiene que ser usada con enorme juicio y que tiene que ser complementaria a lo que es un enfoque de desarrollo campesino”, asegura.
Según las cuentas de la ONU, esos programas no llegan a más del 20 por ciento de las personas que están en la parte baja de la cadena del narcotráfico.
Con el delegado de la ONU coincide Arazei Azuara, representante de la Secretaría General de la OEA. “Lo que tenemos que resolver no es si fumigamos o no, sino cómo reconstruir nuestros países para darles oportunidades a los agricultores, con el fin de que siembren otra cosa que no sea coca, y la seguridad de que los narcos no podrán obligarlos a volver a esas siembras”.
Por ahora, el Gobierno ha dicho que el regreso de la aspersión aérea no está en sus planes, si bien la semana pasada, en un debate en el Congreso, el fiscal Martínez reveló que el propio Presidente le había dicho que “no había tirado al mar la llave de las fumigaciones”.
La Policía trabaja a marcha acelerada para encontrar el reemplazo del cuestionado glifosato. Otro herbicida que se encuentra en el mercado, el glufosinato de amonio, parece cumplir con las exigencias de daño a la mata de coca y baja afectación colateral, y con él podría regresar, en algún momento, la aspersión desde las avionetas.
El Gobierno tiene además un as bajo la manga. Sus cálculos son que si la renegociación de paz sale adelante, las Farc no solo colaborarán en la destrucción de cultivos, sino que dejarán de obstaculizar la erradicación en tierra.
No solo porque los erradicadores ya no estarían expuestos a francotiradores y minas antipersonales, sino porque comunidades bajo su influencia perderían también un incentivo para seguir en el narconegocio. Cultivos y conflicto, históricamente, se han retroalimentado: las guerrillas y los ‘paras’ se nutrían de la plata del narco, pero sus cultivos y laboratorios solo podían existir en zonas adonde el Estado no llega, precisamente por la presencia de los actores armados.
Sin las Farc en esa ecuación, el futuro de los narcocultivos y de todo el negocio saldrá, de cualquier manera, afectado.
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Corte Constitucional ordenó frenar el uso de glifosato hace dos años
En una decisión del 2014, la Corte Constitucional expidió un auto en el cual le ordenó al Gobierno que realizara estudios técnicos sobre los supuestos riesgos que traían las aspersiones aéreas con glifosato usadas para erradicar cultivos de coca. El alto tribunal manifestó que en caso de que no se llegara a “una conclusión definitiva con base en criterios técnicos y científicos razonables sobre la inexistencia de un riesgo actual, grave e irreversible para el medio ambiente y/o la salud de las personas”, el Estado debía darle paso a “la aplicación inmediata del principio de precaución” y dejar de usar el herbicida. Así, la Corte indicó que se debía ordenar la “suspensión de actividades que pongan en peligro los derechos colectivos de los pueblos étnicos”.
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El auto del magistrado Luis Ernesto Vargas se dio para responder a las quejas de comunidades afros e indígenas del Putumayo, Nariño y Amazonas, que afirmaban haber sufrido contaminación de recursos naturales, alimentos y afectación en su salud por cuenta de las fumigaciones con glifosato.
La Corte cita investigaciones de la ONG Greenpeace que indican que este químico perjudica los cuerpos de agua, a los anfibios y organismos acuáticos, y al suelo.
JUSTICIA
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