Las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres) que se establezcan en el país tendrían que pasar por el visto bueno de los concejos municipales y ajustarse a los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios.
Ese es uno de los principales cambios que trae la ponencia presentada por el magistrado Luis Ernesto Vargas a sus colegas de la Corte Constitucional y que, en esencia, mantiene a salvo las zidres, la base de la estrategia del Gobierno para llevar mayor desarrollo y equidad al campo. (Lea también: Puja entre Gobierno y sectores agrícolas por la ley Zidres)
La demanda que llegó a la Corte pretendía tumbar los pilares de dicha ley, bajo el supuesto de que les quitaba autonomía a las comunidades porque no eran consultadas si querían o no que se desarrollaran estas zonas en sus territorios. Sus autores son el senador Iván Cepeda, la profesora de la Universidad del Rosario Rocío del Pilar Peña Huertas y varias asociaciones campesinas e indígenas.
Uno de sus argumentos era que en la estructuración y aprobación final de las zidres, “no tienen ninguna participación directa ni la ciudadanía, ni los concejos municipales, pese a que estos tienen la facultad constitucional de regular el uso del suelo”.
Aunque en la ponencia el magistrado Vargas mantiene la exequibilidad del artículo 20 de la ley, el cual señala que es el Gobierno Nacional el facultado para aprobar y delimitar las zonas zidres y sus proyectos productivos, lo condiciona bajo el entendido “de que la identificación, delimitación y aprobación de las zonas por parte del Gobierno Nacional deberá estar precedida de un proceso de información, concertación y coordinación con los concejos municipales de los entes territoriales que resulten afectados por esas decisiones, y tomar en cuenta los planes básicos y esquemas de ordenamiento territorial en las zonas rurales de esos municipios”.
El magistrado dice en la ponencia que este paso es fundamental, pues las zidres afectan los usos del suelo, por lo que “los concejos municipales deben ser convocados en virtud del principio de concurrencia para la identificación, delimitación y aprobación de una zona zidres”.
Si bien esta es la propuesta de Vargas y su ponencia se halla aún a semanas de votarse, la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional ha privilegiado las consultas previas con comunidades y la coordinación con las autoridades locales en el desarrollo de grandes estrategias económicas, especialmente en las de minería.
El magistrado señala que la estrategia no afecta los derechos de indígenas o negritudes, pues claramente se establece que no se desarrollarán en sus territorios. Sin embargo, el proyecto de fallo extiende la prohibición de crear zidres en “los territorios indígenas que se encuentran en proceso de titulación, como resguardos”.
Sobre los baldíos
Uno de los argumentos medulares de los demandantes consistía en que la Ley Zidres modificaba el régimen de baldíos que impide acumular predios que superen la Unidad Agrícola Familiar (UAF), “beneficiando a quienes han llevado a cabo actuaciones ilegales”.
El magistrado les da la razón considerando que la ley trae dos artículos que permiten que quienes hayan acumulado baldíos por encima de una UAF antes de la Ley 160 de 1994 se vean beneficiados, y quienes no cumplan los requisitos de esa norma puedan tener la titulación de predios vinculándose a proyectos productivos que sean asociativos. En ese caso, la ley también les permite “el uso, goce y disposición de la superficie de los predios rurales que ocupen, sin perjuicio de los derechos adquiridos”.
Esos dos artículos, dice la ponencia, son regresivos y van en contra de las medidas que buscan “eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica”, por lo que plantea declararlos inexequibles. El punto ya ha generado debate pues hay magistrados que consideran que titulaciones por encima de las UAF sustentadas en normas del pasado deben ser reconocidas.
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