El Contralor General Edgardo Maya aseguró que "la situación de fiscalización del Estado en Colombia está en un momento crítico".
Al intervenir en medio de un debate sobre el proyecto de acto legislativo que propone suprimir la Contraloría General y crear un Tribunal de Cuentas, el Contralor afirmó que el control fiscal en Colombia "está disperso".
Para Maya esta situación se presenta porque en el país hay 64 contralorías, pues 32 son departamentales y 31 son municipales, más la Contraloría General de la República y todas funcionan de manera independiente "haciendo su propia doctrina y fiscalización", afirmó.
"En cualquier país del mundo serio, en sus instituciones no puede haber una dispersión en la fiscalización", dijo el Contralor General. También señaló que otra de las dificultades que hoy tiene la Contraloría es que "no hay garantías cuando quien investiga es la misma instancia que juzga". Esto porque la Contraloría hace las auditorías y luego desarrolla el juicio de responsabilidad fiscal, por lo que es juez y parte.
Por eso para el Contralor el proyecto de ley que cursa en el Congreso es "una gran oportunidad para hacer un debate serio". Recordó que la Contraloría General se creó para reemplazar a una Corte de Cuentas que ya existía y que dependía del Congreso.
Afirmó que lo que ha encontrado en la Contraloría General es que es una entidad "totalmente profesional" porque el 96 por ciento de sus 4.300 funcionarios son de carrera, con un promedio de experiencia de 20 años.
Dijo que al respecto también se tiene que analizar cuánto le cuesta el control fiscal a Colombia versus sus beneficios. Así, mientras las contralorías departamentales y municipales cuestan 480.000 millones la Contraloría General vale 462.000 millones (en su presupuesto).
Mientras la cobertura de vigilancia de las contralorías regionales es de 63.000 millones, la de la Contraloría General es de 598.000 millones de pesos, ya que además del presupuesto general el ente central también vigila los recursos del Sistema General de Participaciones que llegan a los municipios.
Al respecto, Maya hizo sus observaciones sobre el proyecto de ley propuesto por el congresista Rodrigo Lara Restrepo, y afirmó que cualquier reforma sobre el control fiscal debe partir de la base del talento de los funcionarios que ya vienen desempeñando esa función en la Contraloría General, las departamentales y municipales para evitar "una masacre laboral".
Dijo que, a su juicio, lo más grave del proyecto de reforma es que el Tribunal de Cuentas que se propone sería un órgano consultivo del Congreso, lo que va en contra de lo que hoy significa la Contraloría General porque perdería su poder fiscalizador.
"Consultiva es la sala de Consultas del Consejo de Estado, pero la Contraloría tiene que ser siempre un órgano de vigilancia", afirmó. Y agregó que pretender que el Tribunal de Cuentas sea un órgano de asistencia del Congreso "le quita autonomía".
Así la propuesta del Contralor es que se cree una Contraloría única, que abarque todas las contralorías regionales y que se cree un Tribunal de Cuentas que se encargue del juicio de responsabilidad fiscal "para que haya garantías procesales".
Dijo que un Tribunal de Cuentas debería apostarle a que sus decisiones sean cosa juzgada, y que funcione aparte de la Contraloría General.
"Se necesita un órgano fuerte que luche contra la corrupción. La Contraloría como está estructurada, con los límites que tiene, no puede hacerlo, y las municipales y departamentales no lo hacen", dijo Maya.
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