El ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño, asegura que una política criminal que ofrezca alternativas diferentes a la cárcel contribuye a la resocialización de las personas detenidas. Dice también que evitar la impunidad es más importante que extender las penas.
El Minjusticia está promoviendo leyes para deshacinar las cárceles, pero que son impopulares porque van a dejar a muchos delincuentes libres...
Existe la convicción de que la única solución para los problemas de orden público es la cárcel. Sin duda, es una institución que es necesaria pero no resuelve todos los problemas. En el 2010 hacían falta cerca de 19.000 cupos; a hoy se han construido 16.000, pero ya hacen falta 40.000 más. Quiere decir que si continuamos a este ritmo tendríamos que gastar la plata de la salud, la educación, etc., en la construcción de cárceles, lo que no es obvio ni estratégico.
Es necesaria una política criminal que busque otras alternativas, en el entendido de que la CIDH y la Corte Constitucional han sido reiterativas en que esas personas deben resocializarse.
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¿Cómo son esos proyectos de política criminal?
En nuestro país existe un solo procedimiento penal para todos los delitos. Se investiga igual un genocidio que el hurto de un celular. Se hacía necesario, entonces, construir un procedimiento abreviado que va a permitir pasar de cinco audiencias a dos.
Al lado de eso hay un proyecto que es la reforma del Código Penitenciario y Carcelario, que establece que a mayor cumplimiento de la pena, mayor posibilidad de algunos beneficios, como los permisos de 72 horas.
¿Cómo garantizar que esas personas no van a volver a delinquir, como pasó con el fletero de Ciudad Alsacia hace un mes?
Ese es un caso entre 50.000 personas que en este momento están en detención domiciliaria. Es un caso que no representa un porcentaje mayoritario entre las personas que tienen algún beneficio.
Hemos fortalecido el Consejo Nacional de Política Criminal, que trabaja arduamente en todos los proyectos que se tramitan desde el Congreso, para tener otras perspectivas, no meramente políticas, sino también científicas.
Es muy difícil que un interno que ya va a cumplir su pena o lleva ocho o más años preso se arriesgue a incumplir con los beneficios y a que lo condenen por más tiempo. Nuestra legislación no tiene cadena perpetua; o sea, todos los presos van a volver a la sociedad; y si no tienen una preparación para volver a la sociedad, van a ser un problema mayor, por eso hay que dar esos beneficios, para que se vayan reinsertando.
Pero ya ni siquiera les va a quedar el miedo a la cárcel...
Está demostrado científicamente que los que van a delinquir no lo hacen pensando en la pena que van a tener. Lo necesario es que la justicia sea efectiva, así la pena no sea tan grande.
Hace poco se aplazó la entrada en vigencia de parte de la ley de racionalización de penas. ¿Cómo van a garantizar que no pase lo mismo en el 2017?
El Ministerio ha trabajado con la Fiscalía y la Judicatura para identificar los casos emblemáticos que podrían salir el otro año y a los que hasta entonces no se les ha resuelto su situación. Vale decir que este es un ejemplo de que esas excarcelaciones masivas de las que siempre se habla no se dan. Cuando se aprobó esa prórroga se dijo que iba a haber una excarcelación de 8.500 presos, y en la actualidad han salido alrededor de 700 por la aplicación de esa ley.
¿Qué otros temas de política criminal cree que deberían repensarse?
En este momento hay 16.000 personas detenidas por microtráfico. Son casos que hay que investigar para que en determinado momento nuestras cárceles no estén llenas únicamente de jíbaros. Un interno le cuesta al Estado colombiano alrededor de 1’300.000 pesos, y si esas personas son condenadas a cuatro o cinco años, es un costo aproximado de 70 millones de pesos. De pronto le costaría menos hacer que esa persona se resocialice por fuera de la cárcel y consiga un trabajo.
JUSTICIA
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