El riesgo de un limbo jurídico para las bases de las Farc, similar al que hace una década se atravesó en el proceso de paz con las Autodefensas y aún hoy sigue dificultando el proceso de reintegración, fue advertido por el fiscal Néstor Humberto Martínez como otro de los temas que deben ser tenidos en cuenta en la renegociación del acuerdo de paz con esa guerrilla.
Hace una semana, el fiscal Martínez Neira advirtió en el foro de EL TIEMPO y la Universidad del Rosario sobre las dificultades jurídicas que surgirían de una situación inédita, también como consecuencia del triunfo del no en el plebiscito.
Agregó que los guerrilleros “serían objeto de una amnistía hasta el momento en que cesara la rebelión”, algo que ya hicieron, pues declararon que “no son rebeldes frente al Estado”.
El punto es que hoy por hoy, las Farc no están en rebelión, pues han respetado su compromiso de mantener la tregua mientras se busca un nuevo acuerdo. Además, el pasado 3 de septiembre firmaron un compromiso de ponerle fin a la rebelión armada.
En el documento, firmado por el jefe negociador del gobierno Humberto de la Calle y el de las Farc, Iván Márquez, se establece que la guerrilla aprobaría el fin de la rebeldía en la última jornada de la décima conferencia de las Farc, realizada en los llanos del Yarí y que entraría en vigencia “el 3 de octubre del 2016, el día siguiente de la celebración del plebiscito”.
Aunque en la práctica los guerrilleros de las Farc dejaron de ser rebeldes, siguen armados y uniformados y no se ha iniciado su proceso de desmovilización. “Eso no es una pequeñez jurídica (...) qué va a pasar desde la perspectiva del accionar de los operadores judiciales, con la incertidumbre de estos miembros de las Farc si la Fiscalía se encuentra a uno de estos individuos usando material privativo del Ejército. Como ya no son rebeldes, eso va a ser un delito que compete a la jurisdicción ordinaria”, indicó el Fiscal Martínez.
En esencia, la posición del funcionario apunta a darles seguridad jurídica a los guerrilleros de base, que en principio debían resolver su situación con la amnistía e indulto amplios acordados entre las partes.
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El exmagistrado Nilson Pinilla sostuvo que hoy hay grandes vacíos frente al proceso y los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz. “Esto va a crear muchos conflictos y confusión. Yo creo que los delitos cometidos después de renunciar a la rebelión son competencia del juez ordinario”, señaló Pinilla.
El exmagistrado Alfredo Beltrán considera que con los resultados del plebiscito no entraron en vigencia los acuerdos y que se mantiene el estatus existente antes del 2 de octubre. Sin embargo, advierte que la definición sobre la amnistía no puede alargarse. “Esto no se puede mantener por mucho tiempo. Tenemos miles de guerrilleros esperando amnistiarse, pero se pueden desesperar y tomar otras actitudes”, sostuvo Beltrán.
Aunque este no es uno de los temas de fondo de la renegociación que están planteando líderes del No y en algunos de los cuales han coincidido las cabezas de la justicia, es un punto de precisión jurídica para evitar dificultades a los desmovilizados.
Sin embargo, hay alerta porque algunos jueces están mandando a prisión a desmovilizados que han cumplido con sus compromisos o les imponen multas millonarias o impedimentos para trabajar con el Estado.
Dos leyes para ex-Auc
En julio del 2007, la Corte Suprema de Justicia consideró en un fallo que las acciones de los paramilitares no podían considerarse delitos políticos, dejando en el limbo a más de 15.000 exparamilitares.
El tribunal señaló que los desmovilizados debían ser juzgados por concierto para delinquir agravado y no por sedición.
Con un proyecto de ley que permitía concederles principio de oportunidad se logró subsanar la situación temporalmente, porque la ley se cayó en la Corte Constitucional en noviembre del 2010. Con una nueva ley aprobada en tiempo récord se permitió a la Fiscalía suspender las órdenes de captura de los desmovilizados.
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