El profesor John Magdaleno, reputado politólogo venezolano y experto en análisis de datos, señala que este 3 de noviembre no es el día final de la crisis política en el país, aunque marcará el futuro del Gobierno y, en mayor medida, el de la oposición. Destaca que con la suspensión del referéndum, el gobierno de Nicolás Maduro pasó de régimen autoritario a dictadura autocrática, sostenida por tres instituciones: el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Fuerza Armada.
Esta semana luce crucial para la política venezolana por la declaración de responsabilidad política al Presidente y la marcha hacia Miraflores ¿Estamos frente a un punto de inflexión?
En virtud del juicio político que se le sigue al Presidente –que es un juicio de orden moral, no el equivalente a un ‘impeachment’– y, sobre todo, de la marcha hacia el Palacio de Miraflores del 3 de noviembre, se ha instalado la percepción de que ese es el ‘día final’ del régimen, y eso a mi modo de ver está equivocado. Claro que el saldo de lo que veremos ese día será muy influyente sobre los acontecimientos que siguen, pero a lo sumo veremos –en el mejor de los casos para la oposición– un punto de inflexión, no el día final del régimen.
El 3 de noviembre significa que la oposición está intentando elevarle el costo al Gobierno y provocar que este cometa un error de magnitud. Si ese día se produce una represión desproporcionada y documentada, eso podría alterar el cuadro del juego.
¿En qué sentido?
Si hay una represión desproporcionada, eso puede desatar críticas, desacuerdos, fisuras y hasta una eventual fractura en el seno de la coalición chavista.
¿En la Fuerza Armada?
Claro, eso lo meto dentro de la coalición chavista. Ese es uno de los tres centros de gravedad que respaldan al Gobierno, junto con el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral.
¿El Gobierno calculó bien cuando suspendió el revocatorio o cree que, por la reacción que ha tenido la oposición, la decisión se le salió de las manos?
Intentemos aproximarnos a la racionalidad del Gobierno. A medida que transcurrían los meses, se consolidaba la demanda de cambio político, simultáneamente con la disposición a participar en el revocatorio. Ya en marzo de este año, un estudio reveló que 63 por ciento de los entrevistados estaba dispuesto a ir a firmar –en encuesta de cobertura nacional–, y la Constitución establece que el referéndum se convoca con el 20 por ciento de los inscritos en el Registro, entonces se está comunicando desde marzo que se tiene el triple de firmas de lo que establece la Constitución. Esa frecuencia se mantuvo más o menos inalterable.
En esos estudios se registraba además altísima disposición a participar en el propio referéndum –hasta 68 por ciento de los consultados decía estar seguro de ir a votar–, a pesar de extralimitaciones del CNE como establecer que el 20 por ciento de la recolección de firmas fuera por cada estado, algo que incluso fue criticado por factores del chavismo. Imagínese si la oposición hubiese recolectado las firmas en 22, 23 y hasta en los 24 estados, ¿qué hubiese significado?
Un referéndum adelantado...
Exacto, el impacto que eso hubiera tenido sin duda hubiera sido decisivo. Ni el CNE ni el TSJ hubieran tenido excusa para no efectuar la convocatoria de referéndum, y le hubiera resultado muy costoso no hacerlo este año, tratándose de una voluntad explícita que superó todos esos obstáculos, no solo el del 20 por ciento por estado, sino el del uno por ciento, el escaso número de máquinas, de centros dispuestos, en fin...
Tratando entonces de reconstruir la lógica del chavismo, parece haber llegado a la conclusión de que si permitía que se produjera la recolección de firmas, el costo que tenía que pagar luego era muy elevado, y decidió utilizar las instituciones sobre las que tiene control para impedir el proceso de recolección de firmas. Naturalmente, en cualquier caso, el Gobierno iba a pagar algún costo. Ahora está pagando el costo de ser acusado de ser un régimen autoritario no competitivo o, lo que es lo mismo, una dictadura autocrática.
Estamos viendo a una oposición consistente pidiendo el revocatorio, pero que esta semana hizo marcha multitudinaria, huelga, ahora lanzó lo que es visto como la última carta: la marcha hacia Miraflores. ¿Qué tanto fuelle le queda?
Precisamente, esa respuesta la tendremos a partir del 3 de noviembre. Es decir, la oposición le elevó la apuesta al Gobierno en la medida en que el régimen le negó la posibilidad de procesar la demanda de cambio político a través del referéndum. En esa misma medida, la oposición parece forzada a elevarle los costos al régimen. Eso significa una escalada de la confrontación contra el Gobierno; y si la oposición no logra construir una amenaza creíble –hasta ahora para el Gobierno la amenaza de desalojo del poder a través del revocatorio era la más creíble, y por eso la evita– y mayor, el Gobierno seguirá evitando la consulta.
La oposición lo que persigue para el 3 de noviembre es forzar un error grave del Gobierno que le eleve tanto los costos nacional e internacionalmente, para ponerlo a evaluar acerca de la necesidad de celebrar una consulta electoral. Naturalmente, lo que ocurra debe ser de grandes proporciones.
El expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga dijo que no puede haber paz en Colombia y normalización de la situación en Cuba a expensas de Venezuela. ¿Cree usted que ha sido así?
El expresidente Quiroga sostuvo esa premisa sobre la base de que los actores críticos que podrían contribuir a un cambio en la dirección de los acontecimientos en Venezuela son Estados Unidos y el Vaticano, y que estos actores no parecían estar comprometiéndose para un cambio. En el caso del Vaticano está por verse, pues la mediación solicitada por las partes comienza ya a operar, y dudo de que el papa Francisco no tenga interés personal en ayudar. Pero el segundo caso sí es llamativo, y vale la pena preguntarse si EE. UU. no prefiere una especie de estabilidad en el corto plazo que no involucre un cambio político. Es un debate que no debe descartarse.
Lo que sí existe en Venezuela es una profunda tristeza –excepción hecha con los expresidentes latinoamericanos y organismos como la OEA en virtud de las gestiones del secretario Luis Almagro– respecto de lo que el resto de la región ha hecho por el país, cuando Venezuela fue un promotor muy importante de las causas de la democratización del resto de la región entre los 70 y 80, incluso de los 90. Lo que se echa de menos en Venezuela es un mínimo de reciprocidad histórica.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas