En tiempos de marcada y, en ocasiones, nociva polarización, el exministro Fernando Carrillo fue elegido esta semana nuevo Procurador General de la Nación, con el respaldo de todas las fuerzas del espectro político. Un apoyo además histórico en términos cuantitativos, toda vez que alcanzó la votación más alta que haya conseguido un aspirante a dicho cargo, con 92 apoyos de 95 senadores presentes.
Sin que sea el caso entrar a determinar cuál fue el factor decisivo para tan contundente resultado, sí puede afirmarse que entre ellos estuvo el de la trayectoria de Carrillo. En ella, no sobra recordarlo, sobresale su papel como líder del movimiento de origen estudiantil que abrió la senda para la Asamblea Nacional Constituyente en 1990, de la que surgió la actual Carta Política.
El espíritu de apertura, pluralismo e inclusión de esta, y de reconocimiento de un nuevo espectro de derechos, tiene evidentes coincidencias con el talante que ha demostrado el ganador a lo largo de su vida pública, hecho que sin duda también jugó a su favor a la hora obtener apoyo en tan apartadas orillas, y que quedó claro luego del discurso que pronunció el jueves tras su elección.
Y es justamente un giro en tal sentido el que se espera de la entidad cuyas riendas tomará. Vale la pena reiterar lo ya expresado en estos renglones respecto a que “el actual momento exige una Procuraduría en plena sintonía con la deuda social del Estado con quienes históricamente han permanecido en sus márgenes”.
Al respecto, no hace falta un ojo muy agudo para observar cómo en el último tiempo este ente de control, si bien continuó desempeñando su labor constitucional, y con resultados que en las cifras permiten hablar de evidente eficiencia, incursionó con excesiva frecuencia en terrenos que a juicio de muchos observadores no correspondían a su misión en el orden constitucional. Y lo hizo además siguiendo una hoja de ruta cuyas prioridades –asuntos morales, por ejemplo– dieron para que sus críticos hablaron de un sesgo.
Tales antecedentes son los que explican por qué gran parte de las expectativas sobre su gestión se centran en que esta le permita al organismo reafirmarse como el que vela por los derechos y garantías de la gente, independientemente de sus preferencias en asuntos políticos, religiosos o de género. Y no hay duda respecto a que las primeras palabras que pronunció el nuevo Procurador recogían tal expectativa. De ahí que haya subrayado que la suya no será “una Procuraduría vocera del radicalismo”.
Y si bien es cierto que la coyuntura impone un orden de prioridades, es verdad también que esta no puede ser excusa para menospreciar otro enorme desafío: el de la lucha contra el flagelo de la corrupción. Desde el terreno de lo disciplinario, le corresponderá a Carrillo garantizar que la Procuraduría sea una pieza fundamental en el engranaje de una lucha integral y sostenida que incluye todo el plan que el nuevo fiscal, Néstor Humberto Martínez, ya empieza a poner en marcha desde el lado penal.
En este sentido, es esperanzador el anuncio contenido en el discurso del jueves, según el cual su gestión se caracterizará por la descentralización, toda vez que el jefe del ente acusador también ha insistido en la necesidad de actuar pronto contra robustas y poderosas redes de corrupción en el ámbito municipal. Los resultados que obtenga están llamados a ser no solo un mensaje tranquilizador para la gente que, en consecuencia, derive en un reforzamiento de la legitimidad del Estado en toda la geografía nacional, sino también una respuesta con hechos concretos a quienes desde hace ya varios años han insistido en que la Procuraduría ya no tiene razón de ser dentro del Estado de derecho, por lo que es recomendable prescindir de ella.
Mención aparte merece la expectativa sobre los criterios que primarán a la hora de vincular personal a la entidad. Aquí hay que ser enfáticos en que la tarea de velar por los derechos de los más vulnerables no puede, de ninguna manera, estar en manos de personas que han llegado a sus cargos por la oscura vía de la milimetría política. La capacidad y envergadura institucional de la Procuraduría solo pueden operar en función de su deber constitucional, y de ninguna manera en aras de proyectos políticos de aquellos que utilizan el Estado como trampolín. Si en cualquier caso es legal y éticamente reprochable poner al aparato estatal a funcionar en pos de intereses particulares, que esto ocurra en el marco del Ministerio Público es, cuando menos, aberrante.
En medio de la incertidumbre que por otros motivos hoy reina en el país, reconforta que en el horizonte inmediato de una institución de tanta importancia, la carta de navegación sea una que genera más expectativas que inquietudes. Es de esperar que, bajo el mando de su nuevo timonel, el ente lo recorra sin sobresaltos, fiel a la cartografía que brinda la Constitución, más que suficiente para garantizar una gestión memorable, que es lo que hoy espera la gente.
EDITORIAL