Mientras en Santander se han decidido en los últimos cuatro años 2.100 solicitudes de restitución de tierras y 1.200 son analizadas para pasar próximamente a la justicia, en el sur de Bolívar no se ha podido iniciar la evaluación de 1.300 requerimientos en siete municipios, donde la inseguridad no permite realizar estos procesos.
Personas que aseguran ser víctimas de la guerrilla y las ‘bacrim’ en San Pablo, Cantagallo, Morales, Simití, Santa Rosa, Tiquisio y Montecristo han llegado a distintas oficinas de la Unidad de Restitución de Tierras para que se estudie su situación, pero las constantes alteraciones del orden público en la región no lo permiten. La presencia del Eln, Farc y las ‘bacrim’, además de la fuerte incidencia del narcotráfico y la minería ilegal, ha ocasionado que por ahora no se haya iniciado la primera fase del proceso tendiente a determinar si un predio, o bien rural, fue despojado por grupos armados.
(Lea: Unión Europea resalta la restitución de tierras)
Fabio Camargo, director territorial de la Unidad de Restitución, indicó que en esa entidad se inicia el estudio de las reclamaciones en municipios donde existan condiciones de seguridad, según los parámetros que figuran en la ley y que fueron avalados por la Corte Constitucional. “Existe un Centro Integrado de Inteligencia de Restitución de Tierras, conformado por mandos militares, Procuraduría y la Unidad, que hace los diagnósticos de seguridad –dijo Camargo–. En el sur de Bolívar no hay condiciones mínimas, pues debemos garantizar la no repetición de la victimización”.
Mientras algunos habitantes del sur de Bolívar esperan que con un eventual proceso de paz con el Eln la situación mejore, otros creen que hay muchos intereses ilegales en juego. Ganancias semanales que superan los 3.000 millones de pesos deja en esa región la minería ilegal a gran escala, y ‘bacrim’, Farc y Eln se reparten la mayor parte del botín procedente de la explotación del oro.
Fuentes de la Fiscalía y el Ejército sostienen que con maquinaria procedente de Medellín se realizan los trabajos en quebradas y ríos que han sido altamente contaminados. La intervención por la búsqueda del oro ha sido tal que en solo 13 kilómetros de la quebrada Inanea, en Santa Rosa, han hallado 18 intervenciones que han afectado el ecosistema, que necesitaría de entre 100 y 1.000 años para recuperarse.
Según las autoridades, esta actividad ilegal desplazó a la coca, pues mientras un gramo de oro en la región cuesta 80.000 pesos, el de coca vale 5.000. Incluso hay ‘tablas’ donde aparecen los porcentajes que ganan los dueños de la maquinaria y los grupos armados.
(Además: Así va la restitución de tierras en Antioquia)
En el acuerdo tácito al que habrían llegado los grupos ilegales se concertó que a las ‘bacrim’ les correspondería el manejo del microtráfico; y la extorsión, a quienes conducen las rutas aéreas en las que el oro es transportado a Medellín y Bucaramanga.
Richard Argüello, coordinador del Componente Río-Territorio, del programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, indicó que la situación es muy compleja por la ‘mutación’ que en los grupos armados han generado el narcotráfico y la minería ilegal.
“Es necesario que se resuelva el tema del conflicto en la tierra, porque si no entra a intervenir la Unidad de Restitución, eso hará más difícil que se pueda restablecer el orden público en el sur de Bolívar, donde los actores armados se benefician y lucran de las tierras que usurparon y ejercen control social e intimidación”, anota.
Según el experto, este punto del Magdalena Medio se convirtió en un referente de los grupos armados que a través de la región se conectan con el sur del Cesar, el Catatumbo y Venezuela, rutas que usan para sacar la droga.
BUCARAMANGA