El responsable de uno de los asesinatos más impactantes del año pasado en la costa Atlántica, el del médico Ángel Maya Daza, medio hermano del contralor Edgardo Maya Villazón, no pagará más de 8 años de reclusión.
A Maya Daza lo mataron frente a su casa en Valledupar el 10 de octubre del año pasado, aparentemente por resistirse a un intento de robo. Las investigaciones establecieron que dos delincuentes comunes, ambos menores de edad, eran los responsables. El que iba manejando la moto fue asesinado en una riña con otro delincuente.
El que disparó ya fue capturado, pero como no había cumplido los 18 años para la fecha del crimen será juzgado como menor. Además de la pena reducida, no irá a una cárcel sino a uno de los sitios de reclusión de adolescentes, que suelen ser escenario de fugas y motines.
Esa detención –que en el lenguaje técnico legal no es una captura sino una aprehensión– es una más de las 300 que han realizado este año Policía y Fiscalía contra menores de 18 años que han asesinado a otras personas. El año pasado, a esta fecha, iban 282, lo que representa un aumento del 6,38 por ciento en esa macabra estadística.
Por todos los delitos, en lo que va corrido del año han sido aprehendidos en el país 17.626 menores, el 96 por ciento de ellos en flagrancia.
Aunque en total las capturas han caído un 18 por ciento en comparación con el corte de octubre del 2015 (iban 21.493 casos), los jóvenes siguen siendo carne de cañón del crimen organizado, que aprovecha los huecos de la legislación para volverlos instrumentos del delito.
Cada día que pasa, según cifras de la Policía, 57 muchachos, con edades entre los 15 y los 17 años la mayoría, terminan en manos de las autoridades por haber violado la ley.
El 90 por ciento son hombres y según la directora de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Ana María Fergusson, son muchos los factores que confluyen para que los adolescentes entren en “conflicto con la ley”, que es otro de los términos legales utilizados en los procesos con menores.
“Hoy tenemos alrededor de 3.000 adolescentes privados de la libertad y casi 9.000 que están bajo medidas no privativas de la libertad (...) Hay situaciones de violencia intrafamiliar, consumo de sustancias psicoactivas, deserción escolar, demasiado tiempo en la calle y abusos de todo tipo”, puntualiza la funcionaria.
Los menores están siendo capturados principalmente por hurto en todas sus modalidades, especialmente a personas (6.548 casos), seguido de tráfico de estupefacientes (4.773), porte de armas de fuego (1.263), lesiones personales (1.212) y violencia intrafamiliar (760). Los asesinatos son la novena causa de captura.
En abril, un muchacho de 16 años murió en un enfrentamiento con la Policía en Barranquilla en momentos que pretendía atracar con una pistola al conductor de un camión repartidor de gaseosas. De hecho, el número de menores que mueren en medio de actividades delictivas pesa fuertemente en la estadística total de homicidios de personas que no habían cumplido los 18 años. En el 2015, de acuerdo con datos de Forensis de Medicina Legal, 917 jóvenes murieron por heridas de armas de fuego o cuchillo. De nuevo, el mayor número de víctimas está en el rango de los 15 y los 17 años.
El general William Salamanca, director de Protección de la Policía, que tiene a su cargo el área de Infancia y Adolescencia, dice que una prioridad para el país es tener estrategias y políticas que permitan sacar de las redes de la criminalidad a los muchachos, pero advierte que el mayor control “debe venir del núcleo familiar”.
Los casos en los que los capos de las bandas utilizan a los menores con el gancho de que si los capturan en todo caso recibirán penas leves y no irán a una cárcel se cuentan por decenas. Hace apenas un par de semanas, adolescentes de 15 y 17 años de edad fueron acusados formalmente por un fiscal de Infancia y Adolescencia de integrar una banda delictiva que se dedica al microtráfico, todo tipo de hurtos, extorsiones y homicidios selectivos en un sector popular del oriente de Cali.
La Policía los capturó cometiendo un atraco con arma blanca en agosto. Con base en la investigación, se pudo concluir que hacían parte de un grupo llamado 'Los Congo' que libra una guerra territorial en la Comuna 7 con otras bandas. Las autoridades están tras las cabezas de los grupos, que son delincuentes con décadas en el mundo del hampa y que en medio de la pobreza de las barriadas de ese sector consiguen todos los días alfiles para sus ‘vueltas’ ilegales.
¿Cómo enfrentar el reto de los menores delincuentes? “Claramente, son víctimas y lo que procede es el restablecimiento de sus derechos”, dice el general Salamanca.
Pero el país también tiene una tarea pendiente con la revisión del Código de Infancia y Adolescencia, que con el ánimo de proteger a los menores a través de un sistema diferenciado de sanciones terminó, sin quererlo, creando un mercado para las redes criminales.
Eso pasó, por ejemplo, con el caso del menor que en el 2012 plantó la bomba lapa sobre el capó del carro en el que viajaba el exministro Fernando Londoño. Era parte de una macabra ‘oficina de cobro’ (sicariato) de Cali que fue contratada por las Farc para esa acción terrorista que cobró la vida de dos escoltas del dirigente político.
Al respecto, el abogado penalista Francisco Bernate considera que el Código de Infancia y Adolescencia es demasiado laxo en esa materia y no contribuye a la resocialización. “Todo menor de 13 años, sin importar el delito, no va a sitio de reclusión. Si el delito lo cometen antes de los 18 años, pero los capturan con la mayoría de edad, los juzgan como menores y los envían a centros de menores”, cuestiona Bernate.
“Aquí deberían medir el nivel de entendimiento como hacen en Estados Unidos para juzgar a los menores. ¿Sabía o no sabía lo que estaba haciendo?”, dijo.
“Para combatir estos hechos delictivos, donde los menores, entre otros, son instrumentalizados por las redes criminales, la Policía adelanta acciones para llegar a los sitios que frecuentan los adolescentes, y en donde no deberían estar. El objetivo es proteger su entorno” dijo el coronel Henry Quintero de la Policía de Infancia y Adolescencia.
Durante este año han sido aprehendidos 626 adolescentes por agredir a servidores públicos, policías que intentaron conducirlos por estar, en algunos casos, bajo los efectos de drogas o licor.
Los informes revelan que la mayoría de las capturas se dan los días jueves y viernes entre las cuatro de la tarde y la siete de la noche, patrón delictivo que es estudiado por las autoridades.
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