Solo dos de cada diez personas en el mundo respiran aire de buena calidad. Y estos afortunados no residen en las ciudades colombianas. Es un hecho que la contaminación ambiental es un problema mundial que requiere políticas y acciones colectivas responsables e inmediatas para atenuar el impacto sobre la población.
Ello empieza por armonizar y unificar los conceptos técnicos y sanitarios que definen y categorizan no solo la problemática, sino también los parámetros y escalas que la cuantifican.
En ese sentido, si la Organización Mundial de la Salud (OMS) define por acuerdo que para que un aire sea de buena calidad su contenido promedio anual de material particulado inferior a 10 micras (PM10) no debe superar los 20 microgramos por metro cúbico y la cantidad de partículas inferiores a 2,5 micras (PM2,5) no puede ser mayor a 10 microgramos por metro cúbico, lo conveniente es que los países signatarios de dichos acuerdos se acojan a estas cifras, salvo que existan argumentos técnicos sólidos para desconocerlos.
En el caso de Bogotá, más allá de las razones que se tuvieron para que la Resolución 610 del 2010 del Ministerio de Ambiente fijara la cota nacional para estos contaminantes por encima de las de la OMS, lo pertinente es que la cuidad se ajuste progresivamente a esta. Ello, por un lado, con el objetivo de que la ciudadanía disponga de buen aire para respirar y, por otro, para evitar discusiones innecesarias y cuestionamientos indebidos generados por estas asimetrías.
Las autoridades tienen que aceptar que durante buena parte del año los bogotanos están expuestos a niveles de material particulado considerados inadecuados y que esta es una tendencia que armoniza con el crecimiento económico de la ciudad (reflejado en un mayor número de industrias) y con el desproporcionado incremento de los vehículos de motor, los dos elementos identificados como las principales fuentes de este tipo de contaminación.
Aquí es justo reconocer que la Administración Distrital no se ha quedado quieta y cuenta, además de los diagnósticos precisos y la identificación de las causas y los responsables, con una política oficial y una hoja de ruta clara para enfrentar el fenómeno. Pero este debe ser más contundente a la hora de pasar de la teoría a la práctica.
No debe flaquear la autoridad en el momento de exigirles a las industrias el control riguroso de sus descargas industriales y la adopción de procesos costo-efectivos para adaptarse a combustibles más limpios, ni para retirar de circulación vehículos viejos ni para imponer sanciones a los dueños de carros, motos y similares que infrinjan las normas de revisión mecánica. Lo cual no será posible sin la disponibilidad proporcional del recurso humano especializado y de la tecnología necesaria.
Es una tarea obligatoria no solo para Bogotá, sino para todo el país, más ahora cuando el mundo acaba de comprobar que las concentraciones de CO2 en la atmósfera alcanzaron niveles preocupantes y que, de seguir con este ritmo de deterioro ambiental a todo nivel, como lo anunció el Fondo Mundial para la Naturalezas (WWF), la desaparición en el planeta de la tercera parte de las especies silvestres antes del 2020 sería inevitable. Esto es tarea de todos.
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