No desoladas, pero tampoco con el ritmo de siempre, las calles venezolanas solo tuvieron un tibio y sectorizado pulso durante la huelga de un día convocada por la oposición venezolana. En los municipios y capitales del país tradicionalmente opositores se sintió con fuerza el silencio de quienes acataron el llamado de la MUD: panaderías cerradas, comercios apagados y nada de estudiantes yendo al colegio o la universidad.
En zonas de mayor arraigo chavista –como el centro de Caracas–, el reclamo de la huelga no fue tan notorio, aunque una sensible disminución del tráfico pudo decir que mucha gente se quedó en casa para protestar por la suspensión del referéndum revocatorio presidencial. (Lea también: Maduro y oposición venezolana se alistan para huelga general)
Pero la evaluación del apego a esta protesta quedó eclipsada por el anuncio del presidente Nicolás Maduro de solicitar a la Procuraduría General del país iniciar una querella contra la Asamblea Nacional, toda vez que esta anunció que el martes declarará la “responsabilidad política” del Presidente en la crisis que atraviesa el país, y sobre esa base espera decretar su “abandono del cargo”.
Este proceso, iniciado el domingo pasado por el parlamento y que se ha llamado ‘juicio político’ –más como un formulismo político, pues la figura no existe en las leyes venezolanas– es para el presidente Maduro causal suficiente para sustentar “una querella ante la justicia y llevar a la cárcel a todos los que violen la Constitución, sean diputados o no (…) No me voy a quedar de brazos cruzados frente a ese golpe de Estado”, afirmó en cadena de radio y televisión.
El anuncio forma parte de la escalada del choque de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo venezolano, agudizada luego de que el 20 de octubre el Consejo Nacional Electoral suspendió la recolección de las firmas del 20 por ciento del Registro Nacional Electoral para convocar el referéndum revocatorio contra el mandato del presidente Maduro. La demanda implica, para muchos, la estocada final contra la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora, que ya ha recibido más de 30 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en su contra. (Además: Crisis de Venezuela copa atención en Cumbre Iberoamericana)
En el mismo pulso, este viernes decidió el gobierno también quitar del camino otro de los cuestionamientos que la Asamblea hace al mandatario: su nacionalidad. Una resolución emanada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia concluyó que el presidente Maduro tiene como única nacionalidad la venezolana. Y no tiene doble nacionalidad colombiana.
‘No es colombiano’
“Las pruebas incontrovertibles acreditan con absoluta certeza que el prenombrado Jefe del Estado Venezolano nació en la Ciudad de Caracas, para entonces, Departamento Libertador del Distrito Federal, Parroquia La Candelaria, el 23 de noviembre de 1962; y que, en fin, ha cumplido y cumple con los requisitos señalados en los artículos 41 y 227 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para ejercer el cargo de Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”.
La decisión del tribunal no está acompañada por la partida de nacimiento del mandatario, cuya publicación se ha pedido insistentemente.
Sobre estas nuevas amenazas son cada vez menos alentadoras las expectativas para mañana sobre el encuentro entre el Gobierno y la oposición con intermediación del Vaticano, el cual a última hora fue cambiado de lugar y no se realizará en Margarita, sino en Caracas. Y ya no se refieren a él como “diálogo”.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas.