El problema que afrontamos los colombianos con la redefinición de los acuerdos de paz consiste en que la discusión se hace con unos líderes que no representan a las mayorías ciudadanas que optaron por el ‘Sí’ o por el ‘No’; mayorías que están presionando en las calles por una solución inmediata.
Aunque se trate de líderes destacados de la oposición al gobierno de Santos, no disponen de unas bases sólidas a las cuales deban rendir cuentas de sus actuaciones y propuestas. Muchos electores del ‘No’ los señalan, acusadores, porque se sintieron desinformados y engañados luego del plebiscito.
El Gobierno Nacional debe sopesar bien esta situación, porque todo indica que algunos de esos dirigentes no están recogiendo los anhelos de muchas personas, como es el caso de los jóvenes universitarios que se movilizan para que se concrete pronto un acuerdo final. Pero otro problema debe atraer la atención del Gobierno, las Farc y los marchantes: el relacionado con el cese bilateral de hostilidades, el cual se volverá insostenible en el tiempo, a pesar del consenso entre las partes.
Un cese bilateral de hostilidades y una concentración previa de la guerrilla sin un acuerdo aceptado se convierten en un pacto demasiado frágil, sujeto a rupturas ante cualquier accidente provocado por una de las partes o por otro actor armado interesado en generar el caos. Tampoco se puede descartar que, al igual que pasó con los paramilitares, aparezcan grupos armados con similar propósito.
A esto hay que agregar que actividades como la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos y el desminado se paralizan, pues sin acuerdo y sin las Farc esos programas no funcionan a cabalidad. De otro lado, el desgaste que soporta el proceso entre la comunidad internacional afectará a los mismos delegados de la ONU, para sumar dificultades.
Ahora bien, la proximidad del inicio del debate electoral favorece los intereses de los dirigentes que supuestamente representan al ‘No’, pues ellos se beneficiarán de una dilatada discusión que serviría luego como caballo de batalla para consolidar sus aspiraciones políticas.
Es claro, en consecuencia, que estos negociadores de los ajustes a los acuerdos son representantes espurios de la mayoría de los que votaron por el ‘Sí’ o por el ‘No’. Así que el Gobierno debe escuchar más a los auténticos voceros de las víctimas del conflicto, al igual que a los jóvenes universitarios y a la gente que convoca las marchas, porque ellos son la verdadera base social requerida para este trámite.
Aplaudimos que se persista en la búsqueda de un acuerdo nacional por la paz, pero el Gobierno debe preparar el escenario para que los líderes oportunistas no incidan en la aprobación de los ajustes que finalmente se concreten y para que, haciendo uso de todas sus facultades, el presidente Santos y el Congreso de la República tomen la decisión de avalar el acuerdo resultante.
Los colombianos debemos tener presente que los esfuerzos encaminados a lograr el consenso necesario pueden también llevar a que algún sector o algunos líderes no acojan los ajustes a los acuerdos. En este previsible escenario es mejor no seguir con el desgaste de tratar de acordar lo que por intereses personalistas ya sabemos que será rechazado de plano.
Jaime Fajardo Landaeta
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