Las primeras palabras de Fernando Carrillo como procurador general electo –este jueves, tras su contundente triunfo en el Senado– son el preámbulo de la ruta que tomará el Ministerio Público desde enero próximo, cuando asuma el cargo.
Carrillo fue respaldado por 92 de los 95 senadores que asistieron este jueves a la plenaria en la que debía cumplirse la trascendental elección. La variopinta gama de apoyos partidistas –incluso de los conservadores, que este jueves perdieron su ‘cuota burocrática’ más representativa– puede resumir el mandato de sus electores: construir una Procuraduría que represente los intereses de todos los colombianos.
Tras la votación, Carrillo afirmó que su propósito será consolidar una institución “que no sea vocera de radicalismos, que no sea un instrumento de persecución política y que se convierta en un estandarte de los derechos de los colombianos”. Y, como lo hizo hace dos meses el nuevo fiscal, Néstor Humberto Martínez, también se comprometió a jugársela por la paz. En ese sentido, dijo que su propia elección demostró “que todavía es posible conseguir unidad y consenso, más allá de sectarismos y polarizaciones propios de otras épocas de la vida nacional”, y aseguró que la suya será la “Procuraduría de la paz”.
En la segunda semana de enero –y por primera vez con la prohibición expresa de la figura de la reelección, gracias a lo poco que se salvó de la reforma del Equilibrio de Poderes–, Fernando Carrillo tomará las riendas de una institución de 4.300 funcionarios, cuya misión es disciplinar a todos los funcionarios y servidores públicos, salvo los aforados y la Rama Judicial. Una misión que en los últimos ocho años, los de la administración de Alejandro Ordóñez, se caracterizó por las constantes polémicas y los abiertos enfrentamientos con el Gobierno.
‘Restituir la confianza’
Analistas consultados por EL TIEMPO advierten que a pesar de que estuvieron en abierta confrontación, tanto Eduardo Montealegre en la Fiscalía como Alejandro Ordóñez en la Procuraduría les dejaron a sus sucesores el reto de reconstruir la confianza de los colombianos en esas instituciones y conjurar el fantasma de la politización de la justicia.
César Rodríguez, director de la ONG Dejusticia, asegura que lo que debe hacer el nuevo jefe del Ministerio Público es “cumplir las funciones que la Constitución le encargó a la Procuraduría y que se habían desdibujado por el manejo político que venía haciendo Alejandro Ordóñez”. (Lea también: Cómo se alinearon las bancadas en Senado para elección de Procurador)
Agrega que un punto en el que se esperan cambios en el papel de la Procuraduría es como garante de los derechos de las minorías, frente en el que la anterior administración prefirió chocar incluso con la Corte Constitucional.
Así, se opuso a las históricas sentencias sobre el aborto, la eutanasia, adopción por parte de parejas homosexuales y el matrimonio gay. Incluso se ganó varios regaños de la Corte por intentar usar el poder disciplinario, para limitar la aplicación de esos derechos.
Combatir el mal endémico en el que se ha convertido la corrupción en la función pública, dice el exprocurador Jaime Bernal Cuellar, debe seguir siendo un objetivo prioritario.
Carrillo, en su discurso de este jueves, coincidió con ese diagnóstico: “La corrupción y la desigualdad, no nos llamemos a engaños, son fallas geológicas de nuestro sistema político. Combatirlas es la principal batalla que tenemos que librar para ser la Colombia que podemos ser, para contar con un Estado más eficiente, más transparente, más equitativo y más cercano al ciudadano”.
Antonio Aljure, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, agrega un reto: “Concentrar las funciones de la Procuraduría donde más la necesita el país, lo que implica alejarse de tareas que hoy no son claves”. Entre ellas menciona el papel de los procuradores judiciales, que con el nuevo sistema penal acusatorio perdieron importancia en la mayoría de los procesos: “Que la Procuraduría se dedique a los casos que de verdad sean de interés o riesgo para el país, procesos por ejemplo en los que estén involucrados intereses de la Nación”, dice el catedrático.
El joven de la ‘séptima papeleta’
Fernando Carrillo, nuevo procurador general, nació a la vida pública con el movimiento de la ‘séptima papeleta’, en 1990, que condujo a la Constitución de 1991.
Ese año, los jóvenes se movilizaron para reclamar cambios institucionales, lo que terminó con la convocatoria a la Constituyente que elaboró la nueva Carta Política.
Como constituyente lideró la comisión de justicia, que delineó el nuevo modelo de la Rama Judicial.
Entre 1991 y 1992 se desempeñó como ministro de Justicia, en la administración del expresidente liberal César Gaviria, quien ha influido en su vida política.
En 1994 fue designado coordinador del Programa de Reforma Judicial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y permaneció en el extranjero hasta el 2010.
Regresó luego para encabezar el empalme entre los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, y estuvo en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
En el 2012 fue nombrado ministro del Interior y luego embajador en España.
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