El presidente Nicolás Maduro había advertido que ordenaría un cuarto aumento del salario mínimo este año y escogió el día antes de la huelga general de 12 horas convocada por la oposición para anunciarlo: 40 por ciento de incremento del sueldo básico y del bono de alimentación para los trabajadores, conocido en Venezuela como el ‘cesta ticket’.
Así, el sueldo mínimo quedó en 27.092 bolívares –casi 25 dólares según lo que marca el precio del dólar ‘negro’– y el bono alimentario en 63.720 bolívares, unos 60 dólares.
Lo que está por verse es si el anuncio afectará el llamado a huelga general por 12 horas que hizo la oposición venezolana como parte de su agenda para presionar el referendo revocatorio.
Las principales federaciones patronales del país, Fedecámaras y Conindustria, declararon públicamente que el llamado a paro no viene de los empresarios y dejaron su acatamiento a la decisión personal de cada trabajador.
El aumento de salario no fue considerado directamente el jueves por la Asamblea Nacional en la primera sesión para declarar la responsabilidad política del presidente Maduro en la crisis que atraviesa el país.
En cambio se escucharon testimonios de familiares de venezolanos asesinados durante los Operativos de Liberación del Pueblo (OLP, especie de redada que se practica en barrios y sectores de alta criminalidad para abatir a delincuentes) denunciando procedimientos irregulares y violación a los derechos humanos por parte del Gobierno.
También, de estudiantes que rechazaron la errática política oficial hacia las universidades, y de madres que aseguran ser objeto de discriminación política por parte del Gobierno a la hora de recibir las bolsas de comida por parte de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, conocidos como las “bolsas CLAP”.
La reconocida sindicalista Marcela Máspero reiteró que la canasta básica para mantener a una familia de cinco personas cuesta 40 salarios mínimos y que 90 por ciento de los trabajadores del país no pueden pagarla.
Todo ello como parte del expediente que arma el Parlamento y con el que espera concluir el próximo martes que el presidente Maduro ejerce el cargo de espaldas a la Constitución.
Los anuncios de aumento, que deberían aliviar las cuentas de los trabajadores y generar un lógico sosiego, este año no entusiasmaron, pues no compensan la constante subida de precios de los bienes y servicios del país, que hasta septiembre pasado acumula –de forma extraoficial– 425 por ciento y, según el Fondo Monetario Internacional, podría llegar a 700 por ciento.
Estimaciones no oficiales indican que solo el aumento de precios de los alimentos y bebidas ha sido de 1.200 por ciento en lo que va de año, lo cual deja muy por detrás el aumento del bono alimentario, que con este nuevo anuncio alcanzó un incremento de 800 por ciento respecto a enero.
Pero más allá de la estadística, el venezolano en la calle intuye que los precios seguirán aumentando y los análisis advierten sobre el difícil panorama que se abre para las empresas y comercios que todavía funcionan, que con una productividad mermada deben responder a esta nueva obligación salarial.
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“Mientras más aumento salarial acumulado ha decretado, más reconoce el Gobierno su incapacidad para estabilizar los precios (…) Sería más útil y serio que el Gobierno anunciara la política económica racional con la que pretende evitar que haya que incrementar salario”, trinó el economista y director de Datanálisis, Luis Vicente León, lo que le costó de inmediato que el presidente Maduro lo llamara “imbécil” en cadena de radio y TV.
De la sesión de la Asamblea se marchó pronto la bancada oficialista, mientras algunos diputados opositores denunciaron haber sido agredidos por simpatizantes del Gobierno apostados alrededor de la sede parlamentaria.
A diferencia del domingo –cuando oficialistas irrumpieron en plena sesión–, esta vez el edificio fue resguardado por la Guardia Nacional. Ahora la novedad, denunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, fue que el hemiciclo de sesiones y el edificio de oficinas de los diputados amanecieron sin electricidad regular, por lo que para llevar adelante la sesión se debió usar una planta eléctrica alimentada con gasolina.
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Piden defender la democracia
Veinticinco ex jefes de Estado de Iberoamérica aseguraron ayer que en Venezuela se está dando una ruptura del orden constitucional, según consignaron en una carta enviada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática).
En el texto, los exmandatarios instan a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a los Gobiernos de sus Estados miembros a que pongan en marcha para Venezuela los mecanismos de protección de la democracia contemplados en sus normativas.
Entre los expresidentes firmantes se encuentran José María Aznar, Felipe Calderón, Vicente Fox, Felipe González, Sebastián Piñera y Álvaro Uribe Vélez, todos los cuales expresaron su preocupación por las acciones del gobierno de Nicolás Maduro ante la “decisión del Poder Ejecutivo, el Poder Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia y jueces penales subalternos de suspender el ejercicio de la voluntad popular mediante el voto, acudiendo al referendo revocatorio que tenía previsto celebrarse el presente año”.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO