El área sembrada no supera las 180.000 hectáreas, y los inversionistas destacados son 30 empresas que han invertido no menos de 2 billones de pesos. Estos son los resultados que hoy presenta la zona de la altillanura colombiana, fruto del trabajo en lo corrido de esta década.
A lo anterior lo han acompañado los anuncios del Gobierno, estudios y diagnósticos como planes, o visiones, actividades académicas (foros, congresos, entre otras) y misiones de empresarios que llegan de forma permanente.
“Todas estas actividades también hacen parte del panorama; en general, se ven pocas acciones o son muy dispersas y no parecen resultado de una política articulada entre sus instituciones, falta una evaluación a fondo para ajustarla”, comentó el experto Nelson López, quien fue director del Conpes de la Altillanura, en su etapa inicial.
A esto se suman las misiones de empresarios y grupos económicos del exterior, pero sus inversiones aún no son las mayores. Uno de los casos más sonados, desde el 2008, ha sido el de reiteradas visitas del empresario argentino Gustavo Grobocopatel; de Los Grobo, su grupo empresarial agrícola, pero aún no hay inversiones.
“La inversión, más bien, fue del Gobierno colombiano en él, a través de la Corporación Colombia Internacional (CCI), que le pagó por hacer un estudio sobre la competitividad del maíz y la soya en la Altillanura”, dijo Napoleón Viveros, director de la Fundación para el Desarrollo Agroindustrial de la Altillanura (Fundallanura). Sin embargo, asegura Viveros, desde antes del estudio, ese paquete tecnológico ya estaba probado y dando resultados. (Lea también: La altillanura colombiana también es biodiversa)
“Creo que debe estudiarse el verdadero papel que juegan los extranjeros que nos visitan, preguntan y se van; si de verdad tienen interés en establecer proyectos productivos o simplemente quieren inversiones inmobiliarias”, agregó el dirigente gremial.
“Otro de los temas que se han debatido de forma permanente es que debe copiarse del modelo del Cerrado brasileño, ya visitado por muchos llaneros; una conclusión es que, a pesar del atraso, el mejor modelo es el que nosotros diseñemos para el desarrollo agrícola de la zona”, recalcó Nelson López.
Vale la pena recordar que el impulso del Cerrado, en Brasil, correspondió a una decisión de Gobierno, acompañada de financiación e instituciones creadas para ese desarrollo regional.
En Colombia, por el contrario, en los procesos de la Altillanura tienen que ver 12 ministerios, igual número de entidades, dos gobernaciones, siete municipios y dos corporaciones ambientales, lo que hace complejo cualquier proceso y, por lo tanto, difícil de concretarse un trabajo en una sola vía.
Ante esto, el gerente de Fundallanura recalcó que los anuncios, como el ‘Plan maestro para la Orinoquia’, el mes pasado, y el Conpes de la Altillanura, en el 2015, no dejan de ser política pública, con buenas intenciones.
Por ejemplo, el Conpes, en general, termina con mucho énfasis en la construcción de vías, particularmente la conexión entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño, lo mismo que la doble calzada entre Villavicencio y Bogotá, asegura Viveros.
De este documento, expedido hace casi dos años, no se ha evaluado su primera fase ni se ha proyectado la segunda.
Vale la pena recordar que de las 13 millones de hectáreas de la zona, cuatro millones son potencialmente explotables.
En cuanto a las empresas, si bien hay 30 sociedades reconocidas por Procolombia como inversionistas ‘destacados’, el listado puede ser más extenso si se suma el esfuerzo de los colonos; en todo caso, no hay más de 180.000 hectáreas sembradas.
Del total de sociedades, solo se han retirado las inversiones del grupo Santo Domingo, a través de Valorem, que sumaban 300 millones de dólares en tres proyectos.
En la contraparte, ‘la joya de la corona’, la de mostrar, es el proyecto La Fazenda, donde se integran verticalmente la producción de granos, la cría de cerdos y el beneficio de animales que se convierten en carne que se vende al detal en almacenes propios y de cadena.
Otro de los esfuerzos es el del grupo colombiano Pajonales/Mavalle con su apuesta por el caucho, un proyecto que espera tener más de 4.500 hectáreas plantadas con esta especie.
Entre el grupo de inversionistas extranjeros se destaca la multinacional italiana Poligrow, que tiene planeadas 15.000 hectáreas con palma aceitera; por ahora, consolida 6.700.
Carlo Vigna, director de Poligrow en Colombia, indicó que llegaron al país por invitación del propio Gobierno colombiano.
“Luego de hacer nuestros análisis de factibilidad, decidimos hacer las inversiones en la zona de Mapiripán, donde generamos más de 500 empleos”.
Por su parte, uno de los pioneros de la Altillanura, Guillermo Reina, indicó que su apuesta la hizo, primero, por ser nativo de allí, y por haber conocido y comparado las condiciones del Cerrado brasileño. Reina cultiva maíz y soya en rotación.
Los dos empresarios coincidieron en que a la Altillanura, para que sea una zona pujante, le faltan políticas de Estado.
Vigna destacó la falta de estabilidad jurídica para incrementar sus inversiones, pues aún no hay claridad con los temas de tierras.
Reina, a su vez, recalcó que “a la altillanura le falta Estado; menos anuncios, más hechos”.
Talanqueras: tierras y Zidres
“Mientras la Corte Constitucional no se pronuncie sobre la ley Zidres, no habrá nuevas inversiones en el Llano”, indicó Clara Serrano, directora de Asorinoquia, otra de las asociaciones empresariales de la región.
Así las cosas, se espera que ante dicha instancia judicial se resuelvan todas las demandas de constitucionalidad que se le imputaron a dicha ley, una vez fue sancionada por el Ejecutivo en enero de este año.
Por otro lado, se mantienen aún la discusión acerca de la tenencia y propiedad de la tierra y la discusión del área de la Unidad Agrícola Familiar (UAF). La situación frente a este tema es variopinta, y va desde la tenencia de todo tipo de títulos de propiedad, como cédulas reales, hasta la simple tenencia y posesión de la tierra por muchos años, pero sin títulos.
JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ
Redacción Economía y Negocios