Pocos fenómenos tan incomprendidos en Colombia como la abstención. Las evidencias sobre su incomprensión han abundado desde el plebiscito. Para la muestra, el titular de prensa que se repite elección tras elección: ‘Ganó la abstención’. Tan equívoco como las cifras aducidas, las comparaciones inconducentes, las intenciones de los abstencionistas y el supuesto manto de ilegitimidad que cubriría, pues, nuestro sistema político.
Comencemos por las cifras: 13 millones de colombianos votaron el 2 de octubre, 37,4 por ciento de los habilitados para votar. Esta es la “tasa nominal” de la abstención, calculada sobre un potencial de 34,8 millones de electores. ¿Pero es la efectiva?
Distinguir entre “tasa nominal” y “efectiva” sería un buen punto de partida. Exigiría más realismo al calcular el “electorado”. Un ejercicio básico debe considerar a millones que hoy viven fuera. ¿Cuántos? Han emigrado 4,7 millones de personas. Pero solo 600.000 están habilitadas para votar (82.000 participaron en el plebiscito).
Para propósitos del análisis electoral, no parece razonable esperar que todos esos millones de emigrantes (sustraídos los menores de edad) voten. La inmensa mayoría no está registrada en los consulados. Muchos viven lejos de los lugares de votación. Otros han, quizás, decidido ‘renacionalizarse’ –no por ello son menos colombianos, pero su vida cotidiana está condicionada por sus otras preocupaciones–.
El desplazamiento interno es un fenómeno distinto, pero también sugiere reconsideraciones sobre el “potencial electoral efectivo”, por las dificultades que pueda representar un nuevo registro. Adicionalmente, las premuras del plebiscito tal vez dejaron por fuera muchos electores que, al cambiar de residencia, no tuvieron tiempo para registrarse.
Puede pensarse en otras variables. Y es muy posible que, recalculada, la “tasa efectiva” aquí sugerida siga siendo muy alta, pero nuestro juicio sería más ponderado.
Mayor ponderación exigen las comparaciones. Tiene poco sentido comparar las tasas de participación electoral de Colombia con las de los países latinoamericanos, donde ha existido el voto obligatorio. Aquí siempre ha sido voluntario –y es bueno que así sea–. Hemos tenido el calendario electoral más regular e intenso del hemisferio en los dos últimos siglos, con excepción de Estados Unidos.
Los motivos de los abstencionistas “efectivos” merecen atención especial. Sus razones para abstenerse en el plebiscito deben ser materia de estudio específico. No es lo mismo votar en elecciones presidenciales que en un plebiscito.
Mario Latorre sugirió que el universo de los abstencionistas cambiaba de elección en elección. Los habría “absolutos” –negados a votar siempre–. Pero la voluntad de otros variaba con el momento. Podríamos especular sobre los del plebiscito: los que no votaron porque estaban en desacuerdo con lo firmado, pero no querían oponerse a la paz; los que, de acuerdo con el sí, anticiparon la victoria sin su voto; los hastiados por la polarización, los indiferentes...
Existe sí el problema concreto, señalado, entre otros, por César Rodríguez: el de quienes, como los habitantes de Bojayá, no pudieron votar por falta de transporte. Estos no son abstencionistas, sino ciudadanos que no pudieron ejercer sus derechos.
Lo dicho aquí no sugiere despreocuparnos de la abstención. Pero no creo que las generalizaciones facilistas contribuyan a solucionar el problema. Ni tampoco parece válido apelar a la abstención, un fenómeno incomprendido, para descalificar a la democracia como “fallida”. Y es inaceptable que se recurra al argumento de la “abstención” para negar la legitimidad del plebiscito.
Eduardo Posada Carbó
