Alejandro Ordóñez Maldonado fue uno de los funcionarios que con más fuerza criticó el proceso de paz con las Farc desde el inicio de las negociaciones del Gobierno con esa guerrilla. Incluso, aunque no abiertamente, apoyó el ‘No’ en el plebiscito, grupo al que se unió luego de que el Consejo de Estado anulara su reelección el pasado 7 de septiembre. Por eso, en definitiva, la forma como el heredero de la silla de Ordóñez vea la negociación de paz podrá contribuir con el futuro del proceso de La Habana que hoy está en el limbo.
Y es que la paz será sin duda uno de los temas más importantes que tendrán que manejar los jefes de los órganos de control. Néstor Humberto Martínez, quien asumió hace dos meses el cargo de fiscal general, dijo por ejemplo que esta sería “la Fiscalía de la paz” y que agilizaría todas las investigaciones que tiene el ente acusador para que la Justicia Especial para la Paz pueda disponer de esa información cuando requiera dar trámite a los procesos contra la guerrilla.
De la misma forma, corresponde entonces a la Procuraduría vigilar la transparencia de esta fase del proceso y que se respeten los derechos de los ciudadanos, en particular de los más vulnerables, en el marco de la implementación del acuerdo de paz con las Farc y también con el Eln, ahora que comienzan las negociaciones con ese grupo guerrillero.
La relación de esa entidad tampoco fue la mejor en los últimos años con los altos tribunales. Ordoñez chocó con todas las decisiones de avanzada que tomó la Corte Constitucional. Intentó tumbar, entre otras, la despenalización del aborto en tres casos (por malformación del bebé, por peligro de la vida de la madre o relación no consentida), la eutanasia y los fallos con reconocimiento de derechos a la comunidad LGBTI como la adopción de menores y el matrimonio por parte de parejas del mismo sexo.
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Así pues, la cara ultraconservadora que la Procuraduría proyectó en los últimos podrá dar un vuelco con la llegada de otro jefe a la entidad, que debería en todo caso, ser independiente de cualquier ideología a la hora de representar a los ciudadanos ante los tribunales.
Algunas decisiones del hoy exprocurador tampoco fueron bien vistas por el Consejo de Estado, que luego de estudiar demandas decidió tumbarlas. Es el caso de las destituciones e inhabilidades impuestas a la senadora Piedad Córdoba y al exalcalde de Medellín Alonso Salazar. En la actualidad también revisa la sanción del Ministerio Público al exalcalde de Bogotá Gustavo Petro. La misión entonces de la Procuraduría es que se tomen decisiones ajustadas a la ley, que no incurran en violaciones de derechos de servidores públicos y que no representen luego demandas contra el Estado.
Otro de los grandes retos del jefe del Ministerio Público será la lucha contra la corrupción, pues parte de su trabajo es implementar estrategias para prevenir que los funcionarios y las entidades públicas violen las normas y obtengan beneficios particulares en detrimento del Estado. También le corresponde sancionar a todos aquellos servidores públicos que cometan faltas disciplinarias en ejercicio de su cargo.
Aunque la propia elección del Procurador es un acto político y no meritocrático, el nuevo Procurador General tiene hoy, así mismo, la tarea de despolitizar esa entidad. Mostrar independencia, capacidad para investigar incluso a quienes participan en su designación y hacer un uso correcto de los cargos de libre nombramiento y remoción que tiene la Procuraduría.
VALENTINA OBANDO JARAMILLO
Redacción Justicia