Dalia Azucena Figueredo y sus cuatro hijos aprovecharon la masacre de Mapiripán (Meta), para timar al Estado.
Una investigación de la Fiscalía 38 de la Unidad Anticorrupción, con el apoyo de un grupo especial del CTI, concluyó que Figueredo y sus hijos harían parte de las falsas víctimas de la masacre señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2012.
La Fiscalía determinó que ellos recibieron sin tener derecho el pago de 1.147 millones de pesos por parte del Ministerio de Defensa, como reparación a los perjuicios causados por la supuesta muerte del esposo y padrastro de sus hijos, tras un fallo del Tribunal Administrativo del Meta.
Pero, la investigación arrojó que Wilson Molina Pinto, el hombre declarado por su familia muerto en la masacre de Mapiripán, que cobró la vida de 49 personas a manos de 100 paramilitares en julio de 1997, estaba vivo y fue entrevistado por los investigadores.
La mañana del martes, en un operativo del Grupo de Trabajo Anticorrupción del CTI, los cuatro hijos de Dalia Azucena fueron capturados en Villavicencio y presentados ante un juez que les impuso medida de aseguramiento en prisión.
La Fiscalía identificó a los cuatro hermanos como Williams Molina Figueredo, Jhonatan Figueredo Cagüeño, Carlos Felipe Figueredo y Luis Fernando Figueredo Cagüeño.
El ente persecutor les imputó en la audiencia cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito, estafa agravada y consumada y falsedad procesal, los cuales no fueron aceptados por los investigados.
La mujer, que aparece como cerebro de la artimaña, ya había sido capturada en marzo del 2016 también en Villavicencio y procesada por los mismos hechos.
Sin embargo, a diferencia de sus hijos ella aceptó los señalamientos de la Fiscalía y ahora, desde la cárcel de Villavicencio, espera sentencia condenatoria en diciembre con una importante de rebaja de la pena.
Con base en la entrevista realizada a Wilson Molina Pinto, la Fiscalía afirmó en la audiencia que tanto Dalia Azucena Figueredo como sus cuatro hijos sabían sin duda que el hombre estaba vivo, pero aún así demandaron al Estado y reclamaron los recursos.
Molina reveló que él sí vivía en la inspección de Caño Jabón o Puerto Álvira, en Mapiripán, en la época de la masacre, y que allí trabajaba como cotero.
“Era conocido como ‘Grillo’. Dijo que en 1992 llegó a vivir a Caño Jabón son su esposa Dalia Azucena y sus hijos, hasta que en mayo de 1998 llegaron los ‘Masetos’ –como conocían en el Llano a las autodefensas–. Dijo que al escuchar los disparos algunos se botaron de las lanchas al río Guaviare”, reveló la Fiscalía.
Aunque Molina perdió el contacto con la familia por unos meses, en noviembre de 1998 viajó a Villavicencio a buscarlos y los encontró en el barrio Morichal, en la casa de su suegro.
El hombre afirmó que continuó su vida marital con Dalia Azucena y sus hijastros en el sector de La Nohora, hasta el año 2005, cuando ella se fue con otro hombre. No obstante, fue en mayo de ese año cuando la mujer interpuso la demanda contra el Estado ante el Tribunal Administrativo del Meta.
REDACCIÓN LLANO SIE7EDÍAS