La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia absolvió este miércoles al general en retiro Leilo Fadul Suárez Tocarruncho, quien había sido acusado por la Fiscalía desde el 2012 por la falsa de desmovilización del frente Cacica la Gaitana de las Farc.
Ese falso proceso de desmovilización se dio en marzo del 2006 en el municipio de Alvarado (Tolima) y según la Fiscalía, el general que en su momento era comandante de la Quinta División del Ejército, supuestamente había conocido y colaborado en el montaje.
Aunque la Fiscalía General lo acusó hace cuatro años de haber comprado y entregado las armas al supuesto grupo, la Corte lo encontró inocente de esos hechos y hoy anunció el sentido del fallo en el que será absuelto. "Por no haber llegado a un convencimiento de su responsabilidad más allá de toda duda razonable la Sala de Casación absolverá al señor Leilo Fadul Suárez", dijo el magistrado José Luis Barceló al leer el sentido del fallo.
La mayoría de la Sala Penal acogió la ponencia del magistrado José Luis Barceló, presentada en marzo pasado, a favor de absolverlo. Fuentes aseguran que fueron acalorados debates los que se han dado en el alto tribunal desde hace seis meses para tomar esta decisión.
Finalmente el general Suárez Tocarruncho fue declarado inocente de los delitos de peculado, tráfico ilegal de armas y fraude procesal y la Corte ordenó su libertad inmediata.
En este proceso la Corte Suprema había recibido el testimonio de los exparamilitares Salvatores Mancuso, ‘Ernesto Báez’, Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra.
Los argumentos de la Corte
Con una votación de seis contra tres la mayoría de la Corte Suprema decidió absolver al general Suárez Tocarruncho. Salvaron voto los magistrados Jose Francisco Acuña Viscaya, Eugenio Fernández Carlier, y Eyder patiño.
En la lectura del sentido del fallo la Corte recordó que las desmovilizaciones colectivas eran competencias exclusivas del Alto Comisionado de Paz, y las individuales del Mindefensa y el Mininterior.
Para la Corte, los testimonios de Libardo Duarte y José Gregorio Díaz contra Suárez "dejaron vacíos importantes que no permitieron demostrar su caulpabilidad".
El alto tribunal también asegura que "la tesis de que inteligencia militar participa de todas las desmovilizaciones carece de sustento y no se apoyó en pruebas".
La Corte manifestó que "no se probó que el general dio la orden de prestar seguridad para la desmovilización. Lo probado es que la orden de prestar seguridad provino del Alto Comisionado o de una línea de mando superior a la de Leilo Fadul, posición que no le permitía disponer sobre la tropa".
En este caso, dice la Corte, quien dio la orden de prestar seguridad para la desmovilización fue Hugo Hernán Castellanos Jiménez.
Por esas deficiencias, la Corte dijo que no se demostró que "el acusado Suárez fuera el gestor de la falsa desmovilización, que hubiera participado en el transporte de armas, o hubiera amenazado a testigos, ni que haya conversado con Libardo Duarte".
Finalmente el alto tribunal dijo que en este caso hay una "duda probatoria insuperable".
La acusación
En el 2012 la Fiscalía calculó en más de 1.000 millones de pesos los gastos de desmovilización y la ceremonia en la que entregaron las armas las 60 personas que integraban el falso grupo guerrillero.
El general Suárez también fue acusado de haber adquirido 12 pistolas ocho revólveres, una escopeta, seis fusiles, una ametralladora y un lanzagranadas. Parte de ese armamento se encontraba en arsenales del Ejército y el resto fue adquirido en Santa Marta en una negociación con paramilitares de las Auc.
Además, agregó la Fiscalía, el oficial indujo al error a funcionarios judiciales que emitieron 50 resoluciones inhibitorias por rebelión a favor de los supuestos miembros del grupo.
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