El 24 de enero de 1848, las dos Cámaras del Congreso del vecino país se reunieron en el antiguo Convento de San Francisco en Caracas, con el objetivo de someter a juicio político al Presidente José Tadeo Monagas. A las pocas horas de iniciado el debate, la turba enardecida, partidaria de Monagas, asaltaría el Congreso causando la muerte a cuatro diputados. A partir de ese nefasto día, el Congreso perdió todo poder, quedando sometido a la voluntad del gobernante de turno. Fue la muerte de la libertad parlamentaria.
En un intento por mantener una fachada de respeto por la institucionalidad, Monagas buscó convencer a varios diputados para que reestablecieran el Congreso, quedando recogida en los anales la actitud valiente del opositor Fermín Toro, quien representando la dignidad parlamentaria le respondió al emisario del Presidente que quería llevarlo al parlamento con la célebre frase: “Dígale al General Monagas que mi cadáver podrán llevarlo, pero Fermín Toro no se prostituye”.
Casi 170 años después, el pasado 23 de octubre, un grupo de simpatizantes del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro asaltó la Asamblea Nacional con el fin de atacar a los Diputados de la oposición que discutían en sesión extraordinaria la declaración de un golpe de estado como consecuencia de la actitud del régimen oficialista. El fundamento de dicha declaración, fue la decisión del 20 de octubre del Consejo Nacional Electoral de suspender indefinidamente el proceso de recolección del 20% de las manifestaciones de voluntad que se iba a realizar el 26, 27, y 28 de octubre, y que de acuerdo con el artículo 72 de la Constitución Bolivariana, es necesario para convocar al referéndum revocatorio.
La decisión del oficialismo de poner obstáculos a la realización del mecanismo de participación ciudadana que permitiría decidir si el Presidente Maduro continúa o no en el poder, le cierra las posibilidades al pueblo para acudir a las vías de expresión propias de una democracia, no dejándole más alternativa que acudir a las vías de hecho: salir a protestar a las calles.
El riesgo de hacerlo así, es que las protestas lleven a confrontaciones que transformen las calles en ríos de sangre. Por eso, es un imperativo recordarle a la fuerza pública de Venezuela, que su deber no es proteger un partido, un modelo político o un gobierno. Su mandato, no es otro que el de defender la Constitución y salvaguardar los derechos de su pueblo. Hacer lo contrario, hará que más temprano que tarde, cuando caiga el régimen, los tribunales venezolanos e incluso internacionales conozcan sus actos. Que recuerden los militares y policías que ellos también tienen familia y que ellos también son hijos del mismo pueblo que hoy tienen en frente.
En un intento por restituir el orden constitucional, la Asamblea Nacional decidió en la tarde de ayer iniciar el procedimiento de declaratoria de responsabilidad política del Presidente Maduro por las posibles violaciones a la Constitución, a los Derechos Humanos y a la Democracia, llamándolo a comparecer en el Hemiciclo de Sesiones el 1º de noviembre a las 3pm. De ser encontrado culpable, corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia o al Poder Ciudadano ejercido por el Consejo Moral Republicano (Defensor del Pueblo, Fiscal General y Contralor General de la República) darle continuidad al proceso hasta dictar sentencia y hacer efectiva la responsabilidad del Presidente.
Sin embargo, la presión que ejerce el Gobierno sobre los dos poderes mencionados, permite prever las escasas consecuencias que una eventual declaración de responsabilidad política puede tener, más cuando se tiene en cuenta que la figura del juicio político al Presidente, lo que se conoce como el impeachment, no se encuentra claramente definido en la Constitución venezolana, siendo su aplicación el resultado de un trabajo interpretativo de los Diputados de la oposición, que en manos de la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia, no durará mucho tiempo.
La frustración que experimenta el pueblo venezolano, no le deja más alternativas que jugarse entero en las calles la apuesta por su libertad y su derecho a tener un cambio de rumbo que les permita reconstruir un país llevado a las ruinas.
Ojalá que en las marchas de hoy triunfe la cordura y el respeto por los derechos. Que Maduro encuentre la altura política hasta ahora en él ausente, y que renuncie al Gobierno de un pueblo que no lo sigue, para impedir el derramamiento de la sangre de inocentes que sólo persiguen el sueño venezolano de paz y libertad.
Resuenan las palabras con las que el escritor Juan Vicente González despidió al valeroso Fermín Toro el día de su muerte, como memoria eterna de lo que hoy se vive en Venezuela, cuando se corre el riesgo de que mueran en las calles decenas de estudiantes: “Es que acaba de abrirse una tumba, y ha caído en ella el último venezolano, el fruto que crearon la aplicación y el talento, y que sazonó la paz, en los envidiados días, que para siempre huyeron, de gloria nacional. ¡Llorarle es afligirse por los destinos de un pueblo, condenado a vivir de la ceniza de sus días pasados!”.
Que vuelvan a nuestro hermano país sus días de gloria nacional y que Maduro no condene a su pueblo a vivir en las cenizas de lo que fue.
CARLOS ARÉVALO
Director maestría en Derecho Internacional
Universidad de La Sabana