Una controversia se generó en la noche de este martes en la plenaria del Senado entre el fiscal General, Néstor Humberto Martínez, y los ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y de Justicia, Jorge Londoño, en torno al uso de aspersiones aéreas para erradicar los cultivos ilícitos.
La polémica se generó en medio de un debate de control político citado por el senador conservador Hernán Andrade y su colega de ‘la U’ Manuel Enríquez Rosero, entre otros, sobre el aumento de las siembras de coca y amapola en el país.
El fiscal Martínez, invitado al debate, celebró los esfuerzos que ha hecho el Gobierno Nacional para la erradicación manual y la sustitución de cultivos ilícitos, pero dijo que estos son “insuficientes”.
Según Martínez, el “sistema de Naciones Unidas” proyecta que al finalizar este año habrán “alrededor de 130.000 o 140.000 hectáreas” de coca sembradas y, de acuerdo con las de Estados Unidos, “estaremos bordeando las 200.000 hectáreas”.
Esta situación, para el jefe del ente investigador, “requiere” de “presencia del Estado” en las zonas más afectadas, “pero hay que hacerlo de manera audaz y a gran escala (…) Necesitamos que se apropien recursos para ello”, dijo.
“Necesitamos también aspersión porque vemos la decisión de las bandas criminales de impedir la erradicación forzosa o hacerla muy compleja llegándose al extremo de minar ahora los territorios de 'narcocultivos' para hacer más difícil la labor de la autoridad”, afirmó el Fiscal.
Agregó que el Estado “no puede botar al mar las llaves de la fumigación aérea, que es la única forma efectiva de lograr acabar los 'narcocultivos'”.
En respuesta, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, explicó por qué el Gobierno Nacional había tomado la decisión de suspender las aspersiones aéreas con glifosato desde el 2015.
Según Gaviria, se recogieron estudios de instituciones internacionales que dicen que el glifosato, químico con el que se fumiga los cultivos ilícitos, “había sido clasificado como carcinogénico”, es decir que produce cáncer.
El funcionario explicó que la Corte Constitucional había hablado del “principio de precaución” y que por ello se “recomendó” no seguir con las fumigaciones sino dedicarse a la vía de la erradicación manual como camino para acabar con los cultivos ilícitos.
“La Corte nos habría obligado a tomar esa decisión porque la evidencia científica ya estaba sobre la mesa y estaba claro que si nosotros no hacíamos la recomendación, era cuestión de semanas para que se tomara esa decisión”, explicó Gaviria.
El Ministro dejó claro que la determinación del Gobierno sigue siendo la eliminación de los 'narcocultivos' y que el debate debía hacerse era sobre el cómo lograrlo.
Londoño, jefe de la cartera de Justicia, afirmó que “está demostrado históricamente que asperjar con glifosato no es la solución” y advirtió que las demandas contra el Estado por los efectos negativos de este químico llegan a los “1,5 billones de pesos”.
“La solución a los cultivos de hoja de coca no va a caer del cielo. Debemos poner los pies en la tierra y buscar alternativas que, de una u otra forma, tengan la capacidad de mantener los dos elementos que son, como dicen en Boyacá, mi tierra, 'sus personas' y el medio ambiente”, afirmó Londoño.
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