Con la mira en “coadyuvar al proceso de reconciliación nacional”, las altas cabezas de la justicia, empezando por el fiscal Néstor Humberto Martínez, han empezado a hacer públicos sus reparos sobre el modelo de justicia que se acordó con las Farc y que ahora se anticipa como uno de los puntos centrales en la etapa de renegociación, que se inicia esta semana en Cuba.
De entrada, hay que celebrar la franca intención de los presidentes de las cortes y del Fiscal para lograr un acuerdo con los mayores consensos políticos y jurídicos. Pero también es un hecho que desde hace meses en la cúpula de la justicia venía creciendo una sensación de exclusión frente a lo pactado que no les conviene ni al país ni al mismo proceso. La actual coyuntura, así, presenta una oportunidad enorme para escuchar esos reparos, aclarar eventuales interpretaciones confusas y, por supuesto, intentar construir consensos.
En el foro de EL TIEMPO, la Universidad del Rosario y Naciones Unidas sobre el curso del proceso de Paz, el Fiscal aseguró que varios puntos del modelo de justicia generan, al menos, incertidumbre. La viabilidad de la tutela frente a las sentencias de la nueva justicia –y, por lo tanto, la posibilidad de que la Corte Constitucional termine pronunciándose sobre algunos de esos casos– es uno de esos vacíos. Que no lo fuera iría, para muchos analistas, en contravía del espíritu de la Carta del 91.
El Fiscal y la Corte Suprema coinciden en llamar a la discusión sobre las facultades y la vigencia de la nueva justicia transicional. No la discuten como máxima instancia de todos los procesos relacionados con hechos del conflicto armado, pero advierten que al tener la facultad de reabrir todos los procesos, incluso los ya ejecutoriados, se plantea un escenario de inseguridad jurídica. Sobre este tema, resulta interesante la propuesta de la Corte Suprema para que el nuevo tribunal mantenga la posibilidad de revisar y eventualmente modificar el monto de las condenas, para hacerlas coherentes con las del sistema de Justicia Especial para la Paz.
La vigencia abierta de la nueva justicia también genera resquemor en las altas cortes y en la Fiscalía. La discusión es válida, porque una de las características de la justicia transicional es su carácter excepcional.
Al respecto, la Corte Suprema plantea la opción de que se cree una nueva sala, pero en su seno, de tal manera que este modelo no sea ajeno para la institucionalidad judicial. Ese tribunal, también, se declaró en contra de que haya magistrados extranjeros.
El momento histórico del país requiere del más amplio diálogo que lleve a la mayor legitimidad del Acuerdo de Paz. Es una realidad que obliga también a las Farc, que –hay que decirlo– han sido en estos días una gallarda contraparte en la mesa de diálogos.
Escuchar los reparos de la justicia, como se ha venido haciendo con los de los promotores del No, es un paso clave en esa vía, en el entendido de que no se trata de echar por la borda todo lo acordado, sino de evaluar, discutir –y, eventualmente, descartar– las diferentes propuestas. Todo, para consolidar el mejor acuerdo posible para lograr el fin de la guerra de 52 años con las Farc.
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