Hizo bien el presidente Santos en cerrar la recepción de propuestas para la modificación del acuerdo de paz con las Farc. Lo que debe proceder ahora es consolidarlas, firmar un acuerdo político y viajar a la Habana a cerrar la paz con las Farc, tomando en cuenta el mandato de corrección del 2 de octubre.
Las propuestas que se acojan por parte de los negociadores deben tener en cuenta que el acuerdo de paz negociado entre las partes es integral, por lo que estas deben tener visos de racionalidad, evitando la atomización de lo negociado.
Desde esta tribuna justifiqué el voto por el Sí al acuerdo indicando que debían hacerse ajustes posteriores a su aprobación. En ese mismo espíritu de mejorarlo, procederé a explicar los aspectos que podrían incluirse para hacer efectivo el mandato popular en las urnas.
En primer término, sobre el capítulo de participación política, las Farc podrían sacrificar que aquellas personas que cometieron delitos de lesa humanidad, guerra o genocidio participen en política en el 2018. Podrían hacerlo desde el 2022. Esto no obsta para que los miembros indultados por rebelión o amnistiados por delitos políticos con conexos puedan ingresar a la vida política nacional a partir del 2018.
Un segundo punto tiene que ver con el capítulo de víctimas. En este aspecto deben mantenerse todos sus componentes. Es decir, la Unidad de Búsqueda a los Desaparecidos, la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad, la Jurisdicción Especial de Paz, la reparación y las garantías de no repetición. Sin embargo, cabrían cinco cambios.
1. Debe fijarse una temporalidad al Tribunal de Paz para su funcionamiento. Podría fijarse un término de cinco años prorrogables por igual término, como lo señaló la Corte Suprema de Justicia. Imponer un tiempo permitiría que el tribunal entré en consonancia con la lógica de la justicia transicional. También sería necesario que se señale la competencia temporal del tribunal.
2. Podría suprimirse la escogencia de jueces extranjeros en el Tribunal de Paz por dos razones. En primer término, no existe motivación para que el sistema integral permita que jueces de otros países entiendan los problemas de un país como el nuestro de gran complejidad histórica y, en segundo lugar, el país no está en las condiciones de un Estado fallido. Es sensato, como se está pensando en la mesa, prohibir que quienes hayan sido magistrados de altas cortes en los últimos 10 años sean miembros del tribunal.
3. Especificarse que este tribunal no será una instancia para los casos resueltos en la jurisdicción ordinaria. Este aspecto debe ponerse de presente porque se permite en el numeral 58 que se “revisen las sentencias proferidas por la justicia por error sobre el hecho o por error manifiesto en su calificación jurídica”. Esto plantearía posibles choques con la jurisdicción interna del país y una esquizofrenia de quienes están creyendo que es una nueva instancia, desconociendo que la única posibilidad de entrar en esa jurisdicción es diciendo la verdad, reparando y garantizando la no repetición.
4. Debe clarificarse la integración de ese Tribunal de Paz con el ordenamiento interno para que no haya dudas de ninguna índole y se eviten malentendidos durante su funcionamiento.
5. Podría definirse que las aldeas rurales sean lugares de reclusión para los condenados por el Tribunal de Paz, permitiendo que los condenados puedan cumplir las sanciones restaurativas que se contemplan en el capítulo reparatorio.
Un tercer aspecto tiene que ver con el numeral 6 del acuerdo relativo a la implementación, verificación y refrendación. Allí deben hacerse dos cambios.
1. Debe aclararse lo señalado en la página 187, numeral 3.2, en el que se dice: “La reincorporación de las Farc-EP a la vida civil en lo económico, lo político y lo social será de acuerdo con sus intereses”. En este caso, debe cambiarse la expresión “sus intereses” por la expresión con “las normas constitucionales y legales”.
2. Aclararse que la Comisión de implementación, seguimiento y verificación del acuerdo final deberá respetar las decisiones judiciales sobre la constitucionalidad de los acuerdos y todo el ordenamiento jurídico que surja de la implementación de los acuerdos. Podría incluirse que esas normas jurídicas y sentencias no se consultarán con la Comisión ni con los países garantes (6.1.6).
No plantearía modificación alguna en los capítulos de ‘Desarrollo rural integral’, ‘Garantías de seguridad y lucha contra organizaciones criminales’ y ‘Solución al problema de las drogas ilícitas’.
Es contundente la axiomática condición de la paz en nuestro territorio. Sin embargo, la pulcritud del acuerdo político y las reformas del acuerdo final es lo que permitirá que la paz sea estable y duradera.
La consolidación de la paz colombiana se hará con actores diferentes a quienes la negocian. Eso hace que la paz política sea requisito esencial para la paz militar. Esa es garantía esencial para que la historia no castigue a las Farc, el Gobierno y la oposición. El que no escuche será enviado al ostracismo. El pueblo estará atento.
Francisco Barbosa
@frbarbosa74
* Ph. D. en Derecho Público, Universidad de Nantes (Francia), profesor de la Universidad Externado de Colombia.