La magistrada Margarita Cabello Blanco, presidenta de la Corte Suprema, habló con EL TIEMPO del documento de 5 puntos que el alto tribunal le entregó al Gobierno con sus propuestas sobre algunas modificaciones que debería tener la justicia transicional que juzgaría a las Farc.
¿Qué busca la Corte al entregar estas propuestas al Presidente?
La Corte ha estado muy pendiente de mirar y colaborar en cómo iba este proceso con los temas de justicia, que es el que tiene que ver con nosotros. Tratamos de opinar antes de que se cerraran las conversaciones y el Acuerdo, pero por razones que no son del caso ahora anunciar, no se logró, por lo que quedamos muy pendientes de ver que una vez se elaboraran los borradores de proyectos participaríamos para allí poder interlocutar y manifestar nuestras preocupaciones y plantear cómo se suavizaban y solucionaban en ese sentido. (Lea también: Corte Suprema pide que justicia transicional dure cinco años)
Con el plebiscito preferimos quedarnos en tranquilidad para evitar polarizar, y en esta semana vimos que era el momento porque tanto los del sí como los del no quieren la paz y lo mejor para el país. Por eso la Sala Penal consideró que era bueno trabajar y entregar un documento con puntos específicos que se miren para ayudar un poco en la consolidación el nuevo acuerdo, o como lo quieran llamar, porque hoy con esta incertidumbre ya no se sabe cómo expresarse. Esos puntos que planteamos salieron de un análisis concienzudo de la Sala Penal con otras salas de la Corte y la Sala de Gobierno.
¿Finalmente participaría la Corte en la selección del Comité que elegiría a los magistrados de paz?
En caso de que eso se diera, se plantea que sea de una manera más autónoma e independiente, en caso de que continuara la posibilidad de elección. El documento propone unos puntos de interlocución con el Gobierno y las Farc.
¿Por qué los magistrados deben ser colombianos, según la propuesta de la Corte?
Hay suficiente conocimiento y juridicidad de nuestros abogados y funcionarios que podrían asumir la responsabilidad, como siempre lo ha reunido la Rama Judicial y siempre ha asumido los retos en todos los conflictos que ha tenido el país en más de 130 años. Consideramos que deben ser jueces colombianos. Es nuestra propuesta, que puede ser objeto de discusión, porque ellos conocen nuestra idiosincrasia, nuestra manera de pensar, el estilo y la cultura propia de nuestro pueblo y serían los más adecuados para resolver nuestros conflictos. (Además: Santos invita a reunión a Marta Lucía Ramírez, Ordóñez y Pastrana)
¿Por qué se propone un plazo de 5 años para la Justicia Especial para la Paz?
Porque la Justicia transicional no puede ser indefinida. Debe tener un punto de corte y por eso se propone que miren la posibilidad de que sea por 5 años, prorrogables en caso tal por otros 5 años, pero con límites. Es importante tener límites.
¿A la Corte siempre le preocupó qué iba a pasar con los casos con cosa juzgada y si el nuevo Tribunal Especial para la Paz iba a ser un órgano de cierre. Qué análisis hicieron en este sentido?
Seguimos manteniendo que la Justicia Transicional no se opone al establecimiento y la institucionalidad de la Rama Judicial como tal. Por lo tanto, la Rama Judicial puede interactuar con la justicia transicional. En muchas ocasiones la Rama Judicial y la justicia ordinaria están listas para actuar y de esa manera no habría problema y podrían trabajar en conjunto las dos justicias. (También: La paz puede ser flor de un día si no hay seguridad jurídica)
La Corte Suprema es el órgano de cierre. Lo dice la Constitución política. No puede estar una justicia por un lado suelta, sino que debe depender de alguna de las tres Ramas del Poder público. Por eso sería la Corte Suprema la que debería definir y estar allí para mirar las revisiones de decisiones judiciales, algún tipo de soluciones a conflictos de competencia, determinaciones de conexidad, situaciones que la Corte debe ver como órgano de cierre.
Pero al mismo tiempo, las decisiones en firme con efecto de cosa juzgada de la Sala Penal son decisiones en firme que hay que respetar. Por eso proponíamos que esas deben mantenerse, que la cosa juzgada debe seguir manteniéndose. Y puede haber soluciones distintas como por ejemplo modificar la pena y no tocar los temas de cosa juzgada que podría afectar el respeto por la democracia.
¿En términos de las extradiciones la Corte también dice que debe mantener la competencia?
Han planteado que la Justicia Transicional podía determinar, opinar y negar extradiciones. Pero nosotros consideramos que son puntos de derecho que siguen correspondiéndole al órgano de cierre (la Corte Suprema) por la trascendencia de la decisión y que no son específicamente un punto de justicia transicional.
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