El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, planteó el lunes que en el marco de los diálogos que se realizan en procura de un “nuevo acuerdo” para sacar adelante el proceso de paz con las Farc, se escuche a la justicia.
Dejó claro, eso sí, que esa participación –a pesar de que hay algunos cuestionamientos sobre lo acordado– no es para atravesársele al proceso de paz.
“Llegó la hora, porque el país habrá de saber que los operadores judiciales (las cortes y la Fiscalía) creemos en la paz y no queremos obstruirla; queremos coadyuvar a este proceso de reconciliación nacional”, dijo Martínez al participar en el foro ‘La paz es posible’, organizado por la Universidad del Rosario, el Pnud, la fundación Hanns Seidel y EL TIEMPO.
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El Fiscal dijo que “es importante” escuchar a los operadores judiciales porque, de lo contrario, puede haber “una fractura en la implementación de los acuerdos”. Para él, en algunos casos debido a la premura, “se está actuando con improvisación en temas que son de altísima filigrana”, lo que ha generado “una gran incertidumbre para el país”.
En diálogo con Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, el Fiscal enumeró varios aspectos que le preocupan del acuerdo suscrito entre el Gobierno y las Farc, los cuales deben ser ajustados y que resumió como su preocupación por los riesgos que entraña para el proceso y para el país el hecho de que no haya suficiente seguridad jurídica.
“La paz puede ser flor de un día si no hay seguridad jurídica en el acuerdo con la guerrilla”, dijo.
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“La seguridad jurídica tiene que ser un objetivo ineludible del acuerdo. ¿Va a haber tutela o no contra las sentencias de la justicia transicional?”, preguntó el Fiscal, reseñando el tema como una de sus preocupaciones.
También se refirió a la necesidad de aclarar el tema de los activos que puede tener la guerrilla.
Y en ese sentido, recordó que “por un accidente virtuoso” conoció un proyecto de ley de amnistía en el que se definía el lavado de activos como delito conexo con la rebelión. “Mi reacción fue pedirle al Presidente que valorara esa conducta, porque por esa vía estaba legalizando el patrimonio ilícito que se había acumulado a lo largo de las décadas producto de la extorsión”, explicó.
Reveló que al advertirle del caso al Presidente, él “puso el grito en el cielo”, por lo tuvieron que modificarlo en el proyecto final.
También habló de la “incertidumbre jurídica en que se encuentran los desmovilizados”. Dijo que esos guerrilleros “serían objeto de una amnistía hasta el momento en que cesara la rebelión”, algo que ellos ya hicieron, pues declararon que “no son rebeldes frente al Estado”.
Para el Fiscal, “eso no es una pequeñez jurídica”, y por eso se preguntó qué va a pasar, “desde la perspectiva del accionar de los operadores judiciales, con la incertidumbre de estos miembros de las Farc si la Fiscalía se encuentra a uno de estos individuos usando material privativo del Ejército. Como ya no son rebeldes, eso va a ser un delito que compete a la jurisdicción ordinaria”, aseguró.
Según Martínez “la seguridad jurídica tiene que ser un objetivo ineludible del acuerdo. ¿Va a haber tutela o no contra las sentencias de la justicia transicional?”
Para el Fiscal, la revisión de la cosa juzgada por errores de derecho plantea una inseguridad jurídica manifiesta, pues quedarían en interinidad todos los fallos que por el conflicto hizo la justicia ordinaria, y si el error fue manifiesto podría considerarse prevaricato.
Se declaró también preocupado porque “todas las investigaciones de la Comisión de Acusación, según el acuerdo, deben pasar a la justicia transicional. Y se volvió a preguntar: “¿Vamos a abrir unas responsabilidades respecto de todos los aforados?”
Agregó que “si lo que se cerró se va a reabrir por vía de que la cosa juzgada, y si las investigaciones de los aforados también deben llevarse a la Jurisdicción Especial para la Paz, se está rebautizando todo nuestro Estado de derecho y estamos refundado el Estado de derecho”.
Para Martínez, “sin estos factores de incertidumbre –que afectan a las Farc, a los agentes del Estado y a los terceros que han tomado posiciones políticas, por la debilidad de los textos jurídicos–, vamos a generar un ambiente mucho más fácil para los consensos que realmente reclama el país”, señaló.
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A Palacio, Marta Lucía, Ordóñez y Pastrana
El presidente Juan Manuel Santos invitó este martes al exprocurador Alejandro Ordóñez, a la excandidata Marta Lucía Ramírez y al expresidente Andrés Pastrana a la Casa de Nariño para “mantenerlos informados de los avances de este proceso” de paz con las Farc. Los líderes del ‘No’ se reunirán con miembros del equipo negociador del Gobierno.
Santos dijo que “el objetivo de alcanzar un nuevo acuerdo requiere que trabajemos con celeridad y sentido de la urgencia”, por lo que “invito (a los tres) a aportar ideas a este propósito nacional”. Ordóñez y Marta Lucía confirmaron su asistencia, mientras que en reemplazo de Pastrana irá su excomisionado de paz Camilo Gómez.
Padre Antún critica posición de la Iglesia
Una de las intervenciones que más emoción causó entre los asistentes al foro fue la del padre Antún Ramos, de Bojayá, Chocó.
Él sacerdote narró el drama del 2002, cuando un cilindro lanzado por las Farc a los ‘paras’ cayó en la iglesia y dejó al menos 78 muertos. Él fue uno de los más de 100 heridos.
“Me sorprendió ver a guerrilleros llorando por lo que habían hecho. Ambos grupos armados nos ayudaron a cargar luego los heridos”, dijo.
En un relato que arrancó aplausos de los asistentes en varias ocasiones, dijo que a pesar del sufrimiento que ha padecido la población a manos de todos los actores del conflicto, en Bojayá el ‘Sí’ en el plebiscito ganó con el 96 por ciento.
Otro aspecto que provocó gran admiración fue su crítica al papel de la Conferencia Episcopal en la campaña para el plebiscito. “No fue ni chicha ni limoná”, aseguró para luego confirmar que él sí pidió votar por el ‘Sí’.
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EL TIEMPO