Que la Justicia Especial para la Paz no duré más de diez años, que sus magistrados sean colombianos y que se sometan a los controles disciplinarios, fiscales y penales que tienen hoy los funcionarios de la Jurisdicción Ordinaria, y que el Tribunal Especial no pueda revisar los procesos en los que exista cosa juzgada.
Estas son algunas de las propuestas sobre la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que fueron entregadas el lunes por la Corte Suprema de Justicia al presidente Juan Manuel Santos.
En la carta de tres páginas, firmada por los nueve magistrados de la Sala de Casación Penal los representantes de la Corte aseguran que buscan “contribuir a la superación de las diferencias que tienen polarizado al país y en riesgo el proceso de paz que se adelanta en La Habana”.
Incluso, plantean que sus propuestas entregadas al presidente Santos sean discutidas en la mesa de negociación de La Habana.
En la misiva hacen énfasis en su respaldo a la Jurisdicción Especial para la Paz en la medida que esta se conciba como una “justicia especial y transitoria que forme parte de la Rama Jurisdiccional del Poder Público”.
Aunque están de acuerdo en que los magistrados que componen el Tribunal de Paz sean seleccionados a través del comité acordado por las partes en La Habana, piden que sean colombianos y tengan el mismo control que aplica para los jueces de la justicia ordinaria. En el acuerdo de paz quedó establecido que seis de los 24 magistrados del Tribunal de Paz sean extranjeros.
Así mismo, apoyan que el Tribunal Especial para la Paz actúe como órgano de cierre en los asuntos asociados al conflicto, pero que no se aplique en cuatro casos puntuales: cuando “exista cosa juzgada al entrar en vigencia la justicia transicional, sin perjuicio de que la Jurisdicción Especial para la Paz, en función de los fines que persigue y especialmente en el de verdad plena, pueda afectar las sanciones impuestas en esos procesos”.
Tampoco cuando existan conflictos de competencia entre las jurisdicciones ordinaria y militar con la jurisdicción de paz. O cuando se trate de resolver tutelas contra las anteriores actuaciones ni los trámites de extradición relacionados con hechos anteriores a la entrada en funcionamiento del sistema de justicia transicional “en los que se solicite a personas sometidas a ella, con mantenimiento de la cláusula de improcedencia cuando se trate de conductas vinculadas al conflicto”.
Añaden que la JEP tendría que aplicar el ordenamiento jurídico colombiano, así como el derecho internacional en materia de derechos humanos.
Sugieren, finalmente, que la JEP opere durante cinco años, con la posibilidad de ser prorrogable por otros cinco años.
A la cita en el Palacio presidencial asistieron la presidenta de la Corte Suprema, Margarita Cabello Blanco; los integrantes de la Sala de Gobierno de la Corte (presidentes y vicepresidentes de las salas) y los 9 magistrados de la Sala Penal de la Corte.
El presidente Santos calificó las propuestas de la Corte como “muy pertinentes y constructivas partiendo de la base de su apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz”. “Tiene un significado invaluable porque será la justicia la que garantizará la consecución de esa paz estable y duradera a la que le apostamos con todo el empeño”, manifestó Santos.
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