El viernes pasado, mientras los agentes del mercado eléctrico sesionaban en Cartagena en la edición 22 del congreso del Mercado Mayorista de Energía (MEM), en la Presidencia de la República, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) exponía la situación de la distribuidora de energía Electricaribe y recomendaba una intervención por fases debido a los problemas financieros que se han acrecentado en las últimas semanas y por las fallas en la prestación del servicio.
Fuentes enteradas de la reunión, por la que el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, canceló su asistencia al evento de La Heroica, dicen que aunque en los generadores han subido las alertas por las eventuales pérdidas a que se exponen, dado el volumen de energía que la firma compra en bolsa (ya es el 40 por ciento del total), en el Gobierno no hay consenso sobre la conveniencia de tomar una decisión en ese sentido. (Lea también: 'En la Costa, la defraudación de la energía es a todo nivel')
En el encuentro, al que fueron convocados también el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas y el secretario general de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez, se puso sobre la mesa un argumento de peso en contra de la medida administrativa de la intervención. Si bien esta se haría en cumplimiento de la Ley de Servicios Públicos, la norma se enfrenta a la Ley 1069 del 2006, con la cual se reglamentó el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, con España.
Esta última ley señala que, en caso de controversias entre un país e inversionistas del otro país, primero se agotarán las vías gubernamentales y, si no hay solución, se notificará por escrito al país receptor de la inversión (en este caso Colombia), como ya lo hizo Gas Natural Fenosa, para lo cual se fija un tiempo de 6 meses para llegar a un acuerdo de forma amistosa.
Si esto no se logra, Gas Natural Fenosa tiene tres alternativas judiciales para dirimir la controversia, de las cuales el camino sería el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), entidad del Banco Mundial.
En la reunión del viernes se puso de presente también que una intervención demandaría importantes recursos fiscales, pues el Estado tendría que asumir los pagos mensuales a los generadores.
Un empresario del sector de generación indicó, además, que si se toma una decisión de intervención, esta no sería pronto, ya que enrarecería el ambiente de la XXV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se hará este viernes y sábado en Cartagena y a la que asistirá el rey de España, Felipe VI.
EL TIEMPO consultó al ministro de Minas y Energía, Germán Arce, pero no fue posible obtener una respuesta, mientras que tampoco se pudo contactar al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Cada día, la situación es más complicada
Mientras Electricaribe busca alternativas para realizar los pagos a más tardar el 2 de noviembre, con el fin de que no se le inicie el proceso de limitación de suministro de energía (que no se puede cumplir debido a la protección constitucional a entidades públicas y personas enfermas), su situación de liquidez sigue siendo crítica.
Lo anterior, porque los 96.000 millones de garantías bancarias ejecutadas por la energía comprada en bolsa en septiembre se estaban procesando entre este lunes y martes con las entidades financieras, quedando pendiente un saldo de 7.000 millones de pesos con los generadores, pues el saldo total era de 103.000 millones de pesos y no se logró cubrir.
Además, según la firma XM, operador del mercado eléctrico, actualmente hay garantías que cubren parte de la facturación de octubre, pero se dejaron de aportar otros respaldos para el resto de la facturación del mes.
Mientras agentes del sector eléctrico señalan que Electricaribe ha conseguido solamente algunas garantías y sus restricciones son cada vez mayores (el colchón se está agotando), el ex ministro de Minas y Energía y presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Amílkar Acosta, recalcó que la controversia que notificó Gas Natural Fenosa al Gobierno le está quitando margen de maniobra para actuar al Ejecutivo, pues cualquier cosa puede ser utilizada contra Colombia si el caso finalmente llega al tribunal del Ciadi.
“Llevamos las de perder, porque un juez internacional no va a entender lo de los barrios subnormales, lo de la deuda oficial y mucho menos lo del robo de energía”, agregó.
ÓMAR G. AHUMADA ROJAS
Subeditor Economía y Negocios
En Twitter: @omarahu