Una indemnización de 1.600 millones de pesos deberá pagar el Ministerio de Defensa a la familia de Gloria Anzola de Lanao por su responsabilidad en la desaparición de la mujer durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
Anzola no apareció entre los muertos, heridos, ni rehenes que fueron llevados a la Casa del Florero.
En su fallo, la CIDH dijo que “existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma o de ser colaboradores del grupo guerrillero M-19" y además concluyó que "esas personas eran separadas del resto de rehenes y conducidas a instalaciones militares, donde en algunos casos fueron torturadas y desaparecidas.
Igualmente, encontró demostrado que bajo la dirección de autoridades militares, se alteró la escena de los hechos y se cometieron múltiples irregularidades en el levantamiento de los cadáveres en el Palacio de Justicia”.
El valor de la indemnización ordenada por el Consejo de Estado corresponde a la liquidación de los perjuicios por lucro cesante que no fueron incluidos en la sentencia de la Corte Interamericana.
En enero de 1997 el Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar 25 millones de pesos al grupo familiar de Irma Franco por su desaparición. El fallo dice que el Estado estaba obligado a proteger la vida de los detenidos y a responder por ellos.
