La Corporación Excelencia en la Justicia se convirtió, hace 20 años, en uno de los primeros centros de pensamiento enfocados a plantear soluciones para uno de los grandes problemas del país: la ineficiencia de su aparato judicial.
Gloria María Borrero, su directora, hace una radiografía de la situación del sector y asegura que, pese a los escándalos y a la mora que persiste después de décadas, el país tiene hoy una mejor justicia que antes. Asegura que si bien se ha perdido el respeto que antes existía hacia los jueces, también es un hecho que antes los problemas de corrupción “se escondían debajo de la alfombra”.
¿Cómo era la justicia hace 20 años?
Era una caja negra. Una justicia inquisitiva, escrita, delegada, de espaldas al ciudadano, nadie sabía lo que pasaba. El juez nunca se conectaba con las partes. Era un funcionario que solo tramitaba papeles y veía a quienes intervenían en los procesos solo en documentos. Además de los problemas que aún persisten como el atraso y la congestión.
¿Y ahora?
Es menos mala que antes. Hoy la justicia es completamente diferente. Más inmediata, más transparente, con más información para medir su gestión. Qué sigue cambiando, adaptándose a las reformas procesales. El juez tiene más inmediación con las partes y con la prueba. Contamos ahora con sistema oral, menos inquisitivo y una justicia que se preocupa más por los derechos fundamentales de los ciudadanos. En algunos aspectos es una justicia de avanzada en la aplicación del derecho.
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Entonces, ¿considera que hay una mejor justicia?
Ha dado la talla en los grandes momentos del país. Si hay tres millones de casos resueltos hoy es porque los jueces trabajan. El país ha visto esclarecer casos de ‘pirámides’, actos graves de corrupción y ha manejado procesos de magnitud como la ‘parapolítica’ o el proceso 8.000. La jurisprudencia ha progresado, es de avanzada pero ha habido excesos, ha generado inseguridad jurídica. El juez ha asumido espacios que no le corresponden, colegisla, coadministra, atraído por el micrófono, los reflectores y las luces o está metido en temas políticos.
¿No es un balance contradictorio?
Es de claros y oscuros, de sombras y de luces. Estamos a medio camino, falta mucho por lograr. La carrera judicial llevó a las altas cortes a muchos funcionarios de base pero dejó por fuera a representantes de la academia y del litigio. No hemos motivado a los mejores egresados de las universidades para que hagan parte de la judicatura, siguen emigrando hacia la empresa privada y se ha estancado la renovación que requiere la judicatura.
¿Hacia dónde debe caminar la justicia en los próximos 20 años?
Hay que fortalecer la justicia para que sea la garantía de la paz. En la justicia ordinaria está fundado el Estado de derecho y el estado de no repetición. Si hubiéramos tenido una justicia eficiente, el conflicto no hubiera llegado a las proporciones que llegó.
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¿Qué impacto tendrá en el aparato judicial colombiano el sistema de justicia transicional diseñado en el acuerdo de paz con las Farc, que hoy se está renegociando?
En ese aspecto, la Corporación ha contribuido en el diseño de una jurisdicción agraria que fortalezca la justicia ordinaria. Propusimos un modelo rural para que el Estado llegue con un aparato judicial fuerte a los lugares donde no ha podido entrar. De otro lado, consideramos que el tribunal transicional que se propone en el acuerdo debe organizarse como una jurisdicción especial que haga parte de la rama temporalmente. Debe compartir principios básicos de la justicia ordinaria como la doble instancia y seguir los códigos colombianos ajustados a la jurisprudencia internacional solo en algunos tipos de delitos.
¿En qué consiste ese modelo rural?
Está basado en el juez. El Estado debe llegar a los territorios que eran de dominio de las Farc con las máximas capacidades cuando incursiona en una zona. No consideramos oportuno que se administre justicia con conciliadores en equidad en esas zonas. El juez es el único que tiene la facultad de reconstruir el tejido social y sobre él deben girar los medios de resoluciones de conflictos.
¿Qué otras recomendaciones han formulado para el proceso?
Sistematizamos todas las voces a favor y en contra de la justicia transicional y lanzamos algunas ideas de cómo puede meterse en la Rama Judicial pero con características propias. Debe tener articulación con la justicia formal y la ordinaria. Cosas como la tutela, el principio de la cosa juzgada, deben quedar claros.
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¿No cree conveniente que se puedan reabrir casos ya resueltos?
Sobre la cosa juzgada podría contemplarse, pero con unos protocolos estrictos. Únicamente en la reducción de la pena y de manera voluntaria. No sería conveniente revivir la etapa probatoria.
¿Cuál cree usted que es el principal problema de la justicia?
El principal problema es la falta de legitimidad ante los ciudadanos. Algo que está presente en todas las instituciones pero que en la justicia es más preocupante por ser una institución absolutamente necesaria en un Estado de derecho. En el pasado teníamos jueces conocidos y respetados, con una vida pulcra, que no estaba sujeta a escándalos. Pero antes, también, ocultábamos la basura debajo del tapete. Ahora se ve y se puede barrer. Hoy tenemos jueces buenos e idóneos, pero también hay muy malos.
¿Cómo ayudan iniciativas como la CEJ a ese propósito de tener una mejor justicia?
La CEJ fue la primera institución en Colombia que manejó datos para medir a la justicia, mediante estadística y percepción. Esas mediciones la han obligado a mejorar sus sistemas de gestión e información. Poder adaptar el aparato de justicia a lo que viene, a las necesidades de la gente, es algo que permanentemente hay que hacer. Por eso, es mejor hacerlo desde un centro de pensamiento. Tenemos la capacidad de ver para dónde va la justicia. Esa es una visión que le hemos aportado a la Rama Judicial. Pero también hemos aprendido que eso depende de las personas que administran justicia. Por eso, para los próximos 20 años, queremos enfocarnos en la persona del juez.
Directivos observan un ‘panorama alentador’
Empresarios colombianos como José Alejandro Cortés, expresidente del Grupo Bolívar y Fernando Ojalvo Prieto, vicepresidente de Asuntos Corporativos del Grupo Sura –integrantes de la junta directiva de la CEJ–, expresaron su beneplácito por los 20 años que cumple la Corporación. “Aunque mejorar el sistema judicial es uno de los retos más grandes para el país, existen muchas y muy buenas prácticas en la rama que permiten recobrar la esperanza en la aplicación de justicia”, aseguró Cortés.
Por su parte, Ojalvo rescató que el VI Premio Excelencia en la Justicia, que se entrega este lunes en Bogotá, “es evidencia de que el sistema judicial colombiano muestra un panorama alentador”.
GERMÁN JIMÉNEZ LEAL
Subeditor de EL TIEMPO