Dos días después de la suspensión del referendo revocatorio presidencial, en un acuerdo aprobado durante sesión extraordinaria efectuada este domingo, la Asamblea Nacional venezolana declaró que el presidente Nicolás Maduro rompió el “orden constitucional” del país.
Por ello procederá a la evaluación de su mandato y prometió acciones para restablecer la institucionalidad venezolana, la cual hoy día es abiertamente proclive a favorecer al chavismo como opción política.
Tras un acalorado debate, incluso interrumpido violentamente por grupos oficialistas, la mayoría parlamentaria representada por la oposición consideró que “Nicolás Maduro ha participado activamente en la ruptura del orden constitucional y que existen fundadas razones para sostener que ha abandonado sus funciones constitucionales como Presidente de la República”.
El acuerdo parlamentario incluye la pronta designación de una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), así como el nombramiento de nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alegando no solo el vencimiento del periodo de unos y la elección fraudulenta de otros –por parte de la antigua Asamblea Nacional–, sino el ejercicio parcializado de sus funciones.
El efecto de este acuerdo no se traduce en hechos concretos inmediatos. El abogado y experto constitucionalista Juan Manuel Rafalli, en conversación con EL TIEMPO, señala que lo aprobado por el Parlamento representa el comienzo de un juicio político al presidente, profundiza el conflicto de poderes y busca presionar a factores políticos para lograr una solución a la crisis.
“El acuerdo es un punto de inflexión que pone a la Fuerza Armada y a la ciudadanía a decidir si apoya al presidente o a la Asamblea. El acuerdo establece que el mandatario está ejerciendo su cargo de una forma distinta a lo que establece la Constitución, por lo que estamos a las puertas de un juicio político, una especie de ‘impeachment’, en el que se debatirá cómo Maduro se ha apartado de sus funciones. Será un debate que presionará por elecciones de algún tipo”, señala.
La polarización representada ayer en los poderes Ejecutivo y Legislativo fue expuesta por el diputado opositor Julio Borges, quien llamó a la “rebelión popular”. “El pueblo tiene derecho a la rebelión”, afirmó.
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Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, retomó en su intervención la idea de que en Venezuela se realicen unas elecciones generales adelantadas, como una posible solución al dilema planteado con la suspensión del referendo.
Solo el diputado y excanciller Elías Jaua expresó que un posible referendo revocatorio pasa por un diálogo entre el Gobierno y la oposición, lo que demuestra que al menos una facción del Gobierno reconoce la necesidad de una salida electoral. Uno de los puntos más claros del acuerdo es el llamado del Parlamento a la Fuerza Armada Nacional a no cumplir órdenes que están al margen de la Constitución y el llamado a la ciudadanía a defender las actuaciones de la Asamblea.
Se exhortó a la comunidad internacional a tomar nota de lo que está pasando en Venezuela –mensaje directo a la OEA y Mercosur– y se anunció una demanda ante la Corte Penal Internacional contra las rectoras del CNE por suspender el revocatorio presidencial.
No obstante, los diputados convocaron para este martes a una sesión con el fin de evaluar “la situación constitucional del presidente”, a quien acusan de tener doble nacionalidad, venezolana y colombiana, lo que lo inhabilitaría para su cargo.
La sesión se llevó a cabo con la presencia de la bancada oficialista, que defendió la actuación del presidente Maduro, los rectores electorales y los magistrados del TSJ, asegurando que el país ha avanzado en materia social y política y denunciando que la oposición busca dar un “golpe parlamentario” contra el Gobierno Nacional.
Sin embargo, la argumentación oficialista quedó empañada con el ingreso violento de una turba de seguidores del partido de gobierno que, vestidos de rojo, con banderas y a golpes entraron en el hemiciclo cantando “esta Asamblea va a caer”.
A su paso dejaron cuatro heridos a golpes, y puertas y sillas rotas. A punta de pistola, robaron una cámara al canal Globovisión y tres chalecos antibalas al equipo de reporteros de Telecaribe. La Guardia Nacional, encargada de la custodia del recinto no contuvo a los manifestantes, que solo abandonaron la sede parlamentaria por orden del alcalde oficialista del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, quien llegó rápidamente al lugar.
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Esta imagen contrastó con una breve transmisión del canal del Estado mostrando al presidente Maduro desde Arabia Saudí llamando a restaurar las misiones sociales. “Aquí me encuentro, trabajando”, dijo al menos cinco veces el mandatario, quien se encuentra en una “gira relámpago” por Oriente Próximo con la que busca, una vez más, recuperar los precios del petróleo. Se espera que este lunes esté de vuelta en Venezuela.
Una reacción del chavismo llegó por parte del jefe de la bancada minoritaria del Gobierno en el Parlamento, Héctor Rodríguez, quien señaló ayer que la oposición comete “errores de desacato” y de “desconocimiento a los poderes” al rebelarse como lo hizo en la sesión de este domingo.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas