Después de descabezar a tres de sus más altos ejecutivos en América Latina, la multinacional mexicana Cemex decidió no volver a hablar sobre la compra irregular de un predio, una mina de caliza y una zona franca en Colombia, por más de 20 millones de dólares.
Sin mayores detalles, el abogado de la cementera, Jaime Granados, le entregó a la Fiscalía una auditoría que dejaría al descubierto cómo al menos uno de sus directivos en Bogotá participó en una posible defraudación.
El caso, tal como lo reveló una investigación de EL TIEMPO de mayo pasado, está relacionado con la adquisición de los bienes vinculados al empresario de la chatarra José Aldemar Moncada, condenado por estafar a la Dian, en más de 300.000 millones de pesos, y asesinado hace cinco meses por sicarios.
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La cementera hizo el negocio con C.I. Calizas y Minerales a sabiendas de que Moncada fue socio gestor de la compañía. De hecho, la empresa y la tierra –donde Cemex levanta su más moderna planta en América Latina– están incautadas por la Fiscalía.
Pero el caso va mucho más allá e implica a políticos de la región e incluso a un senador de la República.
Este diario accedió a documentos internos que la multinacional ha mantenido bajo reserva y estableció que Cemex usó a varios testaferros para comprar 400 hectáreas adyacentes a la mina, en donde también hay reservas de caliza: unas 300 toneladas.
Además, la cementera les pidió expresamente a los intermediarios que no revelaran que los predios que iban a adquirir eran para la multinacional. De hecho, les exigió que dejaran la tierra a nombre de ellos por al menos dos años, para obtener ventajas tributarias. Por eso, aún no aparecen a nombre de Cemex.
Los testaferros
Uno de estos intermediarios es Eugenio Correa, el mismo empresario que le ofreció a Cemex los bienes ligados al chatarrero, que aparecen a nombre de C.I. Calizas y Minerales.
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El argumento de Cemex para justificar el uso de intermediarios es que quería evitar que el precio de la tierra se desbordara si sus dueños se enteraban que era para la poderosa multinacional mexicana.
No obstante, EL TIEMPO encontró varias irregularidades que los ejecutivos de la cementera involucrados en esas compras tendrán que explicarle a la Fiscalía General.
Por ejemplo, por qué algunos de los dueños de la tierra, varios de ellos campesinos de la región, no sabían que debajo de sus fincas hay millonarias reservas de caliza. Además, por qué recibieron mucho menos dinero del que la cementera les desembolsó a sus testaferros.
Ese es el caso de El Ganchal, un baldío de la Nación, de 67 hectáreas, adjudicado por el Incora en 1990. Después de cambiar tres veces de mano, Eugenio Correa terminó comprándoselo a Érika María Malaver Bedoya, el 7 de mayo del 2015, por 300 millones de pesos. Sin embargo, Correa se la facturó a Cemex por 6.742 millones de pesos.
De hecho, en papeles, Correa aparece adquiriendo predios por cerca de 900 millones de pesos y se los facturó a Cemex en 24.000 millones.
El joven empresario explica esa diferencia de precios en el hecho de que él le cobró a la multinacional una serie de mejores que han valorizado las tierras, como la vía que Cemex construyó para el acceso a la mina y el potencial de reservas de caliza que hay en el subsuelo.
“Comprar barato y vender caro no es un delito. Yo soy un negociante y todo es legal. Además, algunos de los predios que le vendí a Cemex yo los había adquirido años atrás”, explicó el empresario. Y admitió que no está seguro de que los vendedores de las tierras estuvieran enterados de que en sus predios existieran las reservas de material, base para el cemento de Cemex. En todo caso, insistió en que el proyecto ya era público.
El más alto sobreprecio en esas ventas se registró en un predio vendido por una mujer identificada como Martha Ospina. El precio que Correa pagó, según la escritura, fue de 1.600 millones de pesos. Pero se le facturó a Cemex por 12.512 millones de pesos.
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¿Documento falso?
La Fiscalía está investigando ese desfase y quiénes en la cementera estaban enterados de esa táctica de compra. De hecho, también están en el radar de los investigadores varias adquisiciones de terrenos que ejecutivos de la multinacional hicieron de manera directa.
Una de ellas involucra al predio ‘Parcela 14’, perteneciente a Ovidio Antonio Yepes Pabón, a quien el Incora lo adjudicó en diciembre de 1997.
Cemex usó parte de esa propiedad, de 14 hectáreas, para construir la vía que conduce a su planta en Maceo, causando perjuicios que Yepes tasó inicialmente en 70 millones de pesos.
Para zanjar el lío, la multinacional le ofreció pagarle a Yepes 17.000 pesos el metro cuadrado usado en la vía y, luego, empezaron a negociar todo el terreno.
Pero en el trámite apareció un documento cuya veracidad está siendo cuestionada. Al parecer, se trata de la firma apócrifa de un notario de Bello, Antioquia.
El 29 de enero pasado, dos ejecutivos de Cemex –Roger Novoa y Óscar Boada– se reunieron con Yepes para llegar a una conciliación. Ese día firmaron un acta en la que la cementera dejó en claro, entre otros puntos, que el documento presuntamente falso les llegó a través de un medio magnético y que ninguno de sus ejecutivos son responsables de la presunta alteración del documento. Y acordaron que Yepes retirara las acciones judiciales.
Todas estas turbias compraventas han estado enmarcadas en el negocio inicial del título minero, la zona franca y las tierras, conectadas al chatarrero asesinado, a través de la empresa C.I. Calizas y Minerales.
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La familia Ochoa Restrepo reclama ser la verdadera dueña de esos bienes e insiste en que si bien Moncada fue su socio, le devolvieron la inversión y desapareció de la empresa mucho antes de que lo asesinaran.
Por eso, le están pidiendo a la Fiscalía que cierre el proceso de extinción de dominio que pesa contra la compañía y sus bienes.
EL TIEMPO buscó la escritura con la que se conformó C.I. Calizas y Minerales, y encontró que el chatarrero aparece entre los fundadores de la compañía.
Los políticos
Junto a él figuran los Ochoa y Édgar Alirio González Agudelo, el actual alcalde de Maceo, Antioquia, el pueblo en donde Cemex levanta la planta.
En la escritura, firmada el 25 de junio del 2008, también aparece como socio-fundador el actual secretario de Agricultura de Antioquia, Jaime Garzón Araque.
Según el documento, el chatarrero era el principal accionista, con el 24 por ciento de la empresa, en cuya constitución se invirtieron 250 millones de pesos.
Tanto el alcalde de Maceo como el Secretario de Agricultura del departamento aparecen con un 1 por ciento de acciones.
Cuando EL TIEMPO le preguntó a Garzón por su nexo con la empresa, la llamada se cortó y no volvió a contestar. El alcalde de Maceo, por su parte, dijo que no sabía si aún era accionista y admitió que ‘de pronto’ estaba impedido para apoyar, como lo hace, la construcción de la planta.
Y hay un tercer político que aparece en la historia: el senador Carlos Enrique Soto. EL TIEMPO estableció que él ordenó que una de sus asistentes pidiera una cita para que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) recibiera a Eugenio Correa y al representante de Cemex, Camilo González. Ambos buscaban que la SAE le vendiera a la multinacional los predios incautados a C.I. Calizas y Minerales, que hoy tiene arrendados la cementera.
Al respecto, el senador explicó que si bien desconoce los detalles del negocio, hizo la gestión porque conoce a Correa y porque el proyecto le generará desarrollo a Antioquia, de donde es oriundo.
Se buscó a Cemex para que diera su versión sobre la compra de predios y el uso de testaferros. Pero solo dijeron que, por ser un proceso legal en curso, en manos de la Fiscalía, no pueden dar declaraciones.
‘De pronto sí estoy impedido’
EL TIEMPO se comunicó con el alcalde de Maceo (Antioquia), Édgar Alirio González, quien aseguró que el escándalo en torno a Cemex está perjudicando al pueblo. También admitió que aparece como socio-fundador de la empresa implicada en el caso: C.I. Calizas y Minerales.
Alcalde, ¿las investigaciones en torno al proyecto que desarrolla la multinacional Cemex han perjudicado a Maceo?
Sí. Ha afectado el desarrollo del municipio y estoy preocupado y triste por eso. Tuvieron que suspender un proyecto con 250 familias cacaoteras y otras obras sociales. Todo se debe a una desinformación. Esa mina es de la familia Ochoa Restrepo, muy conocida y respetada en la zona.
¿Cemex le ha donado tierras al municipio de Maceo?
Sí, unas tierras sobre la vía que están en proceso de cesión. Ese proyecto es muy importante. Por eso, vamos a recoger firmas para acelerar una licencia ambiental que ellos necesitan para continuar con el proyecto. Estamos en total incertidumbre.
Sigue siendo socio de C.I. Calizas, ¿qué está en medio del escándalo?
No sé decirle (...). Pensé que las había cedido y no me han vuelto a llamar. Daba por perdida esa participación.
¿Pero las vendió o cedió?
Tengo que averiguar porque al señor Eugenio Correa se le firmaron unos papeles y entre firma y firma no sé qué ha pasado.
¿Usted conoció a Aldemar Moncada?
Lo vi dos o tres veces.
¿Y cómo se asoció a alguien que no conocía?
Nos juntamos unas personas de la región para sacar adelante ese proyecto clave. Pero como uno es minoritario, no lo invitaban ni a las juntas. Yo soy un campesino.
¿No cree que está impedido para intervenir en este caso?
De pronto sí estoy impedido. Voy a consultar con mi abogado.
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