Cuando hace menos de dos años el Congreso aprobó la que sería la Ley 1739 del 2014, un artículo de la norma creó una comisión de expertos encargada de estudiar el sistema tributario colombiano. El origen de dicho cuerpo fue la petición de los gremios del sector privado en el sentido de que el país no podía seguir en la malsana práctica de ver presentado cada tantos meses un proyecto que solucionara las angustias puntuales del gobierno de turno, sin que se adoptaran las disposiciones para contar con un sistema impositivo moderno y sostenible en el tiempo.
A raíz del mandato citado se conformó un grupo de nueve especialistas de amplia experiencia que representaba a diversas tendencias ideológicas y trabajó durante diez meses en forma gratuita. El informe de esa comisión se entregó en diciembre pasado, sin que en un comienzo el Ejecutivo le diera la importancia que merecía. Con respecto a las recomendaciones más polémicas, el mensaje gubernamental fue que el Ministerio de Hacienda tomaría elementos de diferentes insumos y elaboraría una propuesta que sería presentada a su debido tiempo.
Desde un principio, la expectativa era que la Administración se comprometiera con una reforma estructural orientada a redistribuir mejor las cargas entre los contribuyentes. Para citar un caso, los análisis efectuados mostraron que la proporción de lo que le paga al fisco una empresa en Colombia supera con creces el promedio de América Latina y el de las naciones más desarrolladas, por lo cual el país es el menos competitivo de la región en la materia.
Aparte de desestimular la inversión y la creación de empleos formales, el esquema vigente no genera los recursos requeridos para el adecuado funcionamiento del Estado. La descolgada en los precios del petróleo ocasionó un agujero de 24 billones de pesos en las finanzas del sector central; tal cifra resulta de comparar los ingresos obtenidos en el 2013 y los del presente ejercicio. El faltante ha sido compensado con fuertes recortes, notorios en el presupuesto del 2017, en el que salieron damnificados una gran cantidad de programas.
Además, la presencia de tributos de carácter temporal hacía imperativo adoptar una solución a tiempo. Esa circunstancia fue reconocida por las principales firmas internacionales que se dedican a medir el riesgo de no honrar los compromisos crediticios adquiridos, entidades que pusieron matrícula condicional a la nota que otorgan a los títulos de deuda emitidos por la tesorería de la Nación. Una rebaja en dicha calificación elevaría el costo de endeudarse y produciría trastornos inconvenientes para una economía como la nuestra, afectada por una desaceleración.
Debido a ello, es buena señal que el Gobierno haya presentado el miércoles un proyecto de reforma estructural con el que deja en claro su propósito de mantener la casa en orden, algo que pasa por evitar que el déficit fiscal y la deuda pública se disparen. Sin embargo, es necesario lamentar que una iniciativa de semejante envergadura no disponga de un calendario amplio para que sea debatida en profundidad, pues el cronograma para su aprobación en diciembre es apenas justo.
El espacio es corto para describir los cambios sugeridos en el extenso texto que deberá debatirse en el Congreso. Aun así, vale la pena señalar que las tarifas de renta de las personas jurídicas bajarían, mientras que el esfuerzo de los individuos sería mayor, además de ampliarse en cerca de medio millón de ciudadanos el número de declarantes de renta.
El peso de un mayor recaudo estaría soportado en un incremento de tres puntos porcentuales en la tarifa general del IVA, hasta el 19 por ciento. No menos polémica es la idea de castigar las bebidas azucaradas o subirles el gravamen a los cigarrillos, aparte de revisar el régimen de exenciones y plantear la cárcel para los evasores que oculten activos por más de 5.000 millones de pesos.
Las reacciones de rechazo abundan. Diversos sectores, desde los constructores de vivienda hasta el ramo de la tecnología, pasando por los comerciantes, han manifestado su inquietud por los efectos que les podrían traer las nuevas reglas de juego. Junto a protestas razonables están los reclamos de quienes ven que ciertos privilegios tienen fecha cierta.
En consecuencia, es obligación del Senado y la Cámara acometer el estudio de la reforma con la mayor dedicación, para así hacer las modificaciones del caso. Mejorar las normas y despejar el futuro de las finanzas públicas son objetivos que no ameritan discusión, sobre todo en estos tiempos de estrechez.
Es de esperar que los parlamentarios no escuchen los cantos de sirena del populismo, ni mucho menos los del cabildeo que defiende los intereses particulares. Un fracaso de la iniciativa o un articulado malo pueden descarrilar una economía que requiere manejarse bien si se trata de evitar descalabros que nos harían daño a todos.
EDITORIAL