La intersección entre la avenida La Esperanza y la carrera 50, occidente de Bogotá, es considerada como una de las esquinas con más alta seguridad en la capital.
Allí quedan la embajada de Estados Unidos, el búnker de la Fiscalía, la Gobernación de Cundinamarca y complejos hoteleros que han valorizado la zona.
Sin embargo, hay un puñado de compañías y de particulares que llevan años pagando precios irrisorios por un cinturón de lotes que bordean la embajada.
Uno de ellos es Ernesto Torres Ardila, quien por 10.400 metros cuadrados, en la diagonal 22B n.º 48B-83, cancela seis millones de pesos mensuales.
El terreno era para un parqueadero, pero fue loteado y subarrendado a restaurantes, fruterías, fotocopiadoras y hasta a un supermercado de un influyente grupo económico. (En gráfico: Los vecinos incómodos de la embajada de EE. UU)
EL TIEMPO indagó qué es lo que hay detrás de este negocio y estableció que el dueño del gran lote –que mide en total 18.000 metros cuadrados y está avaluado en 48.000 millones de pesos– es el Ministerio de Educación y que lleva años tratando de recuperarlo.
Pero el Colegio Nicolás Esguerra, institución pública, decidió lotearlo y alquilarlo por precios ridículos.
Los inquilinos
Sus directivas se han escudado en el hecho de que, en 1958, el Gobierno le entregó el predio al Ministerio de Educación para que allí se construyera la nueva sede de su institución.
Y aunque el proyecto se levantó en otro lado, al megalote nunca se le cambió la destinación, y los rectores del Nicolás Esguerra llevan 25 años alquilándolo, a pesar de no tener ni siquiera personería jurídica para administrar bienes.
Ernesto Torres, el hombre que está subarrendando una parte del megalote, cobra 5 millones de pesos por un solo local de 98 metros cuadrados, casi lo mismo que paga por todo el terreno, de 10.400 metros cuadrados.
Allí también funcionan varios negocios dedicados a tramitar visas ante el Gobierno de Estados Unidos que, pese a mantener un estricto protocolo de seguridad alrededor de su sede, ignora lo que está pasando con sus vecinos.
Uno de los casos más llamativos en este lío es el del Gimnasio William McKinley, cuyos propietarios –oficiales retirados– pagan 6,5 millones de pesos al mes, por 8.500 metros cuadrados, también dentro del megalote del Ministerio.
Daniel Alberto Acosta, rector del McKinley, explicó que arrendaron el terreno hace 24 años: “En ese momento, el canon era bajo porque era un baldío, sin agua, sin luz. Hemos invertido más de 8.000 millones de pesos para instalar servicios y construir instalaciones”, dijo.
Y agregó que cuando se dirima el pleito entre el Ministerio y el colegio Nicolás Esguerra, estarán dispuestos a estudiar un reavalúo del arriendo, para llegar a un acuerdo en que también les reconozcan las mejoras.
Acosta dijo además que la Fiscalía ya lo citó en el marco de una investigación por contratación indebida que hay en contra de directivos del Nicolás Esguerra. Pero, por ahora, dice, tiene el contrato vigente hasta el 2021.
EL TIEMPO llamó a Ernesto Torres, el comerciante que subarrienda algunos de esos locales, pero se abstuvo de dar declaraciones telefónicamente.
Pero un vocero de las tiendas D1 confirmó que tienen uno de esos contratos de arrendamiento con Óscar Torres González, desde febrero del 2015 y por cuatro años y 10 meses.
“Es un local de aproximadamente 700 metros, y en el momento de la firma, todos los documentos se encontraron en orden”, dijo el vocero, quien no quiso dar el monto del arrendamiento.
Cuando Cecilia María Vélez llegó a la cartera de Educación, se emprendieron algunas acciones jurídicas para recuperar el predio.
De hecho, en el 2006 el Consejo de Estado concluyó que “el titular del dominio del inmueble es la Nación –Ministerio de Educación Nacional–”, y ordenó que se hicieran los correctivos.
Pero no fue suficiente. El Nicolás Esguerra incluso prorrogó los contratos después de la decisión judicial. Según documentos en poder de EL TIEMPO, en el 2007, y después en el 2010, su rector, Arturo Varela, le amplió los plazos del contrato a Ernesto Torres hasta el 2019. Y en el 2007, firmó un otrosí con el representante del McKinley.
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La recuperación
A la llegada de Gina Parody al Ministerio, la Secretaría General, en cabeza de William Mendieta, emprendió nuevas acciones.
La cartera acudió al IDU para que se delimite la propiedad del megalote y logró que en el Registro de Instrumentos Públicos apareciera a su nombre. Conminó al rector a que devolviera los terrenos y le informó lo que estaba ocurriendo a la Secretaría de Educación de Bogotá, de la que depende el Nicolás Esguerra.
De hecho, esa secretaría anunció que emprenderá una demanda de nulidad de los contratos de arrendamiento, otra demanda de restitución del terreno en el que funciona el William McKinley y una denuncia ante la Fiscalía.
Incluso, ya sancionó al rector Varela por “extralimitación de funciones al intervenir como arrendador de los predios sin tener facultad legal para ello” y por “omitir decisiones judiciales al no terminar o ceder al Ministerio de Educación los contratos de arrendamiento, pese a haber sido notificado personalmente”.
Y aunque el Distrito constató que el poco dinero que se recibe por esos arriendos sí fue invertido en el colegio, el exrector fue suspendido e inhabilitado por 90 días, en 2011.
El Ministerio de Educación, por su parte, alista un proceso de restitución del bien para que quede en manos de la Nación.
“El Gobierno está comprometido a proteger de intereses particulares los bienes que le pertenecen, en detrimento del interés general. En este proceso se han adelantado las acciones necesarias, y esperamos contar con el apoyo de todas las personas que puedan contribuir a la recuperación del lote”, concluyó el ministro de Educación (e), Francisco Cardona.
Mientras eso sucede, algunos arrendatarios seguirán usufructuando el megalote por precios bajos, en calidad de terceros de buena fe, y es casi imposible recupera el dinero pagado.
¿Qué dice el Nicolás Esguerra?
EL TIEMPO buscó al rector Arturo Varela Morales, pero en el Colegio Nicolás Esguerra informaron que renunció a ese cargo hace cuatro meses y que el encargado no está autorizado para hablar sobre el megalote.
No obstante, antes de renunciar le envió una carta al Ministerio de Educación en la que se pone a órdenes de la entidad para aclarar el tema del alquiler de los lotes. De hecho, entregó copia de los contratos y advirtió que alcanzó a hacerle tres requerimientos al Gimnasio William McKinley para que restituyera el lote de 8.500 metros cuadrados, sin obtener respuesta favorable.
Sin embargo, en criterio de la Secretaría de Educación del Distrito, Arturo Varela y Jairo Alberto Salcedo Salamanca, otro directivo del Nicolás Esguerra, deben responder por las irregularidades. La razón: si bien otros directivos del plantel alquilaron el predio sin autorización, en ese momento no había una oposición legal del Ministerio de Educación o de cualquier otra autoridad.
Pero Arturo Varela y Jairo Salcedo Salamanca prorrogaron los contratos a sabiendas de que ya había una reclamación oficial y un concepto del Consejo de Estado que aclara que el predio es de la Nación. En efecto, la Fiscalía ya empezó a citar a varios de los implicados, incluidos los arrendatarios, algunos de los cuales habrían actuado de buena fe, sin conocer el lío jurídico que enfrenta el megalote oficial y sus locales.
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