El abogado y politólogo Benigno Alarcón, especialista en manejo de conflictos, gerencia pública y defensa, dirige el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, un despacho desde el que advierte que el gobierno del presidente Nicolás Maduro escogió resolver su impopularidad aferrándose al poder negando los derechos políticos de los venezolanos. Advierte que con la suspensión del revocatorio se abre un camino impredecible en el que la oposición se juega su futuro con presión de calle.
¿Qué significa exactamente la suspensión del revocatorio?
Significa el cierre de las vías institucionales con las que normalmente una democracia cuenta para la resolución de sus conflictos. Eso no implica la desaparición del conflicto, sino entrar en una etapa mucho más impredecible y peligrosa, pues el conflicto ya no goza de un canal que le da una cierta certeza para resolverse. Esto puede implicar una escalada del conflicto, movilizaciones masivas que pueden convocarse en las próximas horas y que buscarán, lógicamente, presionar al Gobierno a que retome la vía institucional.
Esta decisión le sigue a una serie de otras como el retraso de las elecciones regionales, ¿perdió el venezolano su derecho al voto?
El venezolano viene perdiendo progresivamente sus derechos políticos. Aunque no fue nuestro diagnóstico inicial hoy apoyamos lo que los indicadores internacionales vienen anunciando, y es que desde hace años Venezuela dejó de ser una democracia para ser básicamente un régimen híbrido o un autoritarismo competitivo y estos últimos juegan con las reglas electorales aunque mantienen su vocación autoritaria. Juegan con ellas mientras las elecciones los favorezcan.
Lo que normalmente pasa con estos regímenes es que cuando pierden la ventaja electoral entran en una disyuntiva que se resuelve por uno de dos caminos: aceptar las consecuencias de perder esa base político-electoral y generar las condiciones para un relevo –lo que implica negociaciones que le garanticen su futuro político– o toman una decisión totalmente opuesta que es tratar de mantener el poder aun sin el apoyo político electoral.
Eso significa la negación de derechos políticos, como estamos viendo en Venezuela; evitar procesos electorales que se van a perder (como se ve con el retraso de las regionales y suspensión de revocatorio); y muchas veces la creación de condiciones poco democráticas para el juego electoral. Pasamos en ese caso de un régimen híbrido a un autoritarismo hegemónico, que involucionan a regímenes de partido único que inhabilitan a líderes opositores y generan partidos satelitales poco importantes para justificar que siguen siendo una democracia.
Entonces no es descabellado pensar que el próximo paso sea la ilegalización de los partidos políticos…
Para nada. Yo apostaría a que eso va a ocurrir.
En ese esquema, ¿cómo se interpreta que se les haya dictado prohibición de salida del país a líderes de la oposición?
Esa es una medida un poco extraña porque las medidas de prohibición de salida del país dictadas afectan a unas personas que están muy activas en la política y otros no tanto, que tienen una actuación muy secundaria, incluso de trámite, que no son los movilizadores. No estoy seguro que una cosa vaya conectada con la otra, pero hace un par de días, y de manera muy clara, el presidente Maduro dijo que los partidos políticos tienen dos meses para regularizar su situación ante el Consejo Nacional Electoral para ser capaces de competir en las elecciones del 2017. Esa es una clara advertencia de que se van a ilegalizar partidos políticos.
Las condiciones socioeconómicas de Venezuela son iguales o peores que en el año 89, cuando hubo el Caracazo. Sin ánimo de preguntar por la posibilidad de una explosión social, ¿cómo evalúa usted la disposición del venezolano a protestar? ¿Hay motivación?
Eso está medido ya. La disposición a protestar ha venido aumentando de forma impresionante en los últimos meses. Para junio estaba cerca del 60 por ciento y entiendo que al día de hoy ya supera el 65 por ciento en la población en general. Cuando vamos a la disposición de la oposición a protestar, los niveles están entre 80 y 90 por ciento.
Así que la disposición está pero la expectativa de que iba a haber un revocatorio sirvió de muro de contención durante estos meses. Pero cerrada la vía electoral, la gente podría reaccionar de manera distinta, con mayor contundencia en la calle. Si no lo hace la autocratización será total.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO