En la lucha contra la llamada ‘ideología de género’ esgrimida para atacar el Acuerdo con las Farc hay de todo: creencias religiosas, prejuicios, miedos, desinformación, manipulación y una cruzada contra la inclusión y definición amplia de derechos ciudadanos.
Con esa y otras banderas, algunos políticos llamaron a votar no al Acuerdo. Ahora, más que ayudar a mejorarlo, satanizan su “enfoque de género” y piden “purgarlo”, a la vez que empujan sus intereses particulares.
En realidad, esa perspectiva de género recoge esfuerzos internacionales para superar desigualdades y discriminaciones. En Colombia ha generado principios constitucionales, leyes, sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, políticas públicas de sucesivos gobiernos. El Plan de Desarrollo 2006-2010 de Álvaro Uribe la aplicó, reconociendo “diferencias y relaciones determinadas culturalmente, susceptibles de ser transformadas, y no particularidades biológicas determinadas por el sexo”.
La Procuraduría se propuso reparar “deudas de justicia” con el programa Procurando la Equidad, vigilancia superior a la garantía de los derechos desde la perspectiva de género’. Al presentarlo, en mayo del 2010, Alejandro Ordóñez destacó que ese enfoque “se enmarca en el análisis de la situación de los derechos a la vida, la dignidad e integridad y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes”, y agradeció a la ONU el apoyo a la “vigencia efectiva del principio-derecho de igualdad y no discriminación”.
En el Acuerdo ese enfoque está dirigido a remover obstáculos para que los sectores más afectados por el conflicto armado puedan acceder a la propiedad rural y al Fondo de Tierras, a capacitación y vinculación laboral, a medidas contra la violencia de género y en favor de la superación de la pobreza y la sustitución de cultivos ilícitos, a fortalecer su autonomía económica y capacidad organizativa, sus liderazgos, su participación en la toma de decisiones e implementación de lo pactado; y pide a la Jurisdicción Especial examinar delitos sexuales; y a la Comisión de la Verdad, mostrar su victimización.
Dentro del sector cristiano hay distintas posiciones. Hay pastores que valoran que ese enfoque propicie que personas doblemente victimizadas por la guerra y por su género sean reparadas. Del estudio de La Silla Vacía sobre 35 propuestas de evangélicos se concluye que 7 no tienen que ver con el Acuerdo, 16 son aclaraciones, el resto busca reversar avances en igualdad, apoyar a voceros del No y obtener privilegios para sus iglesias.
En la cumbre del Pacto Cristiano por la Paz, pastores radicales unían el combate contra esa supuesta “ideología” a sus propios intereses: “cristianizar la política porque se nos vienen cosas como la reforma tributaria”, “fuera el comunismo”. Y otro pastor dice en Las 2orillas “Los cristianos sí estamos en guerra con la comunidad LGBTI... Fuimos capaces de sacar a Gina Parody y de hacer ganar el No... La derecha evangélica llegó a Colombia, y llegó para quedarse”.
Y en efecto, esos sectores representan una cruzada contra los derechos y la inclusión de todos los ciudadanos. En Francia, Marion Le Pen hace manifestaciones por la familia y contra “la ideología de género”. Con esta bandera hay marchas en México y otros países latinoamericanos, que impulsan un frente regional. Desde Estados Unidos, redes Pro-Life lanzan ofensivas similares en la ONU y la OEA.
La movilización ciudadana tendrá que concentrarse en hacerles frente a esos intereses politiqueros y a la cruzada antiderechos para que Colombia pueda fortalecer YA el Acuerdo, ponerle fin a la guerra, hacer respetar el Estado de derecho y construir paz.
Socorro Ramírez