El Tribunal Internacional de Desalojos, que se reunió esta semana en Quito y que es crítico de Hábitat III, recomendó una “moratoria global de desalojos” y llamó a proteger a las comunidades afectadas por los intereses inmobiliarios.
El tribunal, una organización de activismo social, recogió las denuncias entabladas por representantes de siete comunidades afectadas por desalojos en varios países del mundo.
Revisó casos de desalojos forzados en la República Democrática del Congo en África, el de familias rumanas en Francia, el de comunidades en Belo Horizonte, Brasil, otro en Corea del Sur, el de la palestina Bedouin, el de la isla ecuatoriana de Muisne y una denuncia de desalojo por falta de pago de agua potable en Detroit, Estados Unidos.
“Podemos concluir que en la totalidad de los casos presentados se han constatado desalojos forzosos, prohibidos por el derecho internacional”, que han afectado de forma grave a “niños, mujeres, migrantes, adultos mayores y otras minorías”, señaló el informe del tribunal.
Además, aseguró que este tipo de desalojos, “lejos de representar casos aislados, son fruto de un modelo de desarrollo de las ciudades que prioriza el negocio inmobiliario sobre los derechos, y las autoridades se muestran cómplices”.
Por ello, la misma organización indicó que las “violaciones a los derechos humanos son producto del modelo de desarrollo que la Nueva Agenda Urbana busca consagrar”.
El llamado Tribunal Internacional de Desalojos está integrado por activistas y profesionales, como el italiano Cesare Ottolini, el argentino Luis Agustín Territoriale, el chileno Miguel Robles Durán y el zimbabuano Blessing Nyamaropa. Sus anuncios son parte del llamado Foro Social o alternativo a Hábitat III, que ha congregado en Quito a cientos de activistas de todo el mundo.
La reunión alternativa apuntó a construir una “agenda urbana sostenible”, con la participación de todos los sectores de la sociedad, señaló su portavoz, Ricardo Buitrón. El foro se desarrolló en la Universidad Central de Quito.
EFE
