Los médicos del Hospital San Francisco de Asís de Quibdó pasan hasta tres meses sin recibir salario. En el centro médico más importante del Chocó no hay agua potable y, desde hace semanas, tampoco medicamentos para tratar la malaria, enfermedad con la que se diagnosticaron más de 28.000 personas en el 2015 en ese departamento.
Ese es el panorama que muestra hoy el único hospital de segundo nivel de la región, a pesar de que fue intervenido desde el 2007 por el Gobierno central, que al final, hace unos meses, decidió que la única salida es la liquidación de ese centro.
Este jueves, magistrados de la Corte Constitucional y el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, estuvieron en Quibdó para verificar el estado del San Francisco de Asís. El resultado de esa inspección judicial arroja un panorama crítico.
El ministro anunció una inyección por 3.000 millones de pesos para infraestructura y dotación, además de una inversión de 32.000 millones de pesos en el saneamiento de pasivos que permitirá la liquidación del hospital y la creación “de una nueva empresa social del Estado, un nuevo hospital público de segundo nivel de orden departamental”.
El magistrado Jorge Iván Palacio, quien lideró la comisión, recordó que el hospital fue intervenido en el 2007 por la Superintendencia de Salud, que a su vez se lo entregó a Caprecom con un déficit de unos 5.000 millones de pesos. Tras el paso de 18 interventores, el déficit actual llega a 37.000 millones de pesos.
Como operador de la entidad, Caprecom debía entregar el 50 por ciento de utilidades para invertir en el hospital. Sin embargo, entre el 2007 y el 2013 la EPS en liquidación no giró un solo peso de estos recursos.
No obstante, Gaviria resaltó algunos aspectos en los que ha mejorado el hospital: “Va a tener dos nuevos quirófanos, tiene agua 24 horas (no apta para el consumo), tiene un laboratorio que funciona; se ve un cambio sustancial, sin decir que todo está bien”.
César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia y nombrado perito en este caso, aseguró que los problemas del San Francisco de Asís son estructurales y tienen “que ver con la administración”. Por eso indicó que el reto es que una vez el hospital sea liquidado haya una nueva personería jurídica que “no vuelva a entrar en las mismas irregularidades”.
Este jueves, la Contraloría reveló un informe que señala la existencia de al menos 70 irregularidades en el manejo de recursos de la salud en Chocó que habrían ocasionado un detrimento patrimonial de más de 2.693 millones de pesos, tan solo el año pasado.
Para la Contraloría, la intervención forzosa que la Superintendencia de Salud ha hecho en el San Francisco de Asís, no ha sido “efectiva, ni eficiente ni eficaz para subsanar las deficiencias administrativas, financieras y de infraestructura que padece el hospital, lo cual afecta negativamente la prestación de los servicios de salud del departamento”.
También cuestiona que pese a que los interventores no aplicaron ninguna de las recomendaciones de la Superintendencia, no hubo ningún tipo de sanción en su contra.
Asegura, además, que la administración departamental no ha realizado de manera oportuna los pagos por atención a población no afiliada y servicios no incluidos en el POS, “generando un efecto demoledor en las finanzas de los prestadores, reflejado en la inadecuada atención de los beneficiarios del sistema de salud”.
Esto ha llevado a que se represen las facturas, no haya un saneamiento de la cartera y haya un atraso en las auditorías médicas.
Otras ‘perlas’
La Contraloría encontró que el Hospital San Francisco de Asís estaba funcionando en el 2014 y el 2015 con un manual de procesos y procedimientos que fue producto de un contrato del 2013 por el que se pagaron más de 18,5 millones de pesos, pero que realmente es “una copia alterada” de los manuales del Hospital San Antonio y el Hospital del Sur, ambos de Bogotá.
Así mismo, encontró que al menos 59 personas que fueron contratadas en el 2015 para prestar servicios de salud en el hospital San Francisco de Asís “no se encuentran inscritas en el Registro Único Nacional de Talento Humano en Salud”.
Esto constituye no solo un riesgo para la salud pública del departamento, sino también la posibilidad de que se estén contratando “personas que posiblemente no están debidamente reconocidas para practicar la medicina”.
Por ahora, el hospital seguirá en funcionamiento. Con sus paredes corroídas, techos y ventanas rotas y sin medicinas básicas, es de cualquier manera la mejor opción de salud para miles de chocoanos.
MILENA SARRALDE
Enviada Especial de EL TIEMPO
