Nadie puede quedar tranquilo al enterarse de que en un país donde la accidentalidad vial es un serio desafío permanente, un problema de salud pública, con cifras alarmantes como la de los 52 fallecidos en el pasado puente festivo o los más de 5.000 que en el 2015 perdieron la vida en la vía, las políticas públicas dirigidas a enfrentar el asunto no logran hacer tránsito exitoso del papel a los hechos.
Fue a finales del año pasado cuando, con gran despliegue, se presentó la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entidad llamada a liderar las acciones del Estado para garantizar unas mejores condiciones de seguridad en las carreteras y ser reemplazo del extinto Fondo de Prevención Vial. Los siete ambiciosos programas en que se concentraría, en el papel, justificaban los recursos con los que contaría, alrededor de 250.000 millones de pesos, gran parte de ellos provenientes del 3 por ciento del recaudo por concepto del seguro obligatorio para accidentes de tránsito (Soat).
La mala noticia es que, casi un año después, la agencia no despega –ha tenido ya dos directores, ambos encargados– y la accidentalidad sigue mostrando un panorama preocupante. En un debate de control político al ministro del ramo, Jorge Eduardo Rojas, promovido por el senador Juan Manuel Galán, quedó en evidencia todo lo que falta para que dicho ente empiece a funcionar a todo vapor, como lo exige tan crítica situación.
En su defensa, el ministro Rojas aseguró que ya “hay un nuevo plan de acción y 34 convenios firmados”, además de una campaña “para evitar que más colombianos mueran o queden en condición de discapacidad en accidentes”, y que el objetivo para este año es que la tasa de mortalidad por esta causa “al menos no aumente, como sí ha venido ocurriendo en los últimos diez años”, mientras que para el 2017 el objetivo es que la disminución sea del 2 o 3 por ciento. Postura menos entusiasta que la del presidente Juan Manuel Santos, quien en noviembre del año pasado habló de una meta del 8 por ciento para el final de su cuatrienio, es decir, el 2018.
Cifras aparte, es claro que estamos ante una tarea que no se ha hecho, y esta omisión tiene un costo enorme para la sociedad. Para ser concretos: es más que una urgencia que la agencia despegue, que sea el esperado coordinador de todos los esfuerzos para reducir tan vergonzosas estadísticas; así como cuestiones tan apremiantes como el control sobre la calidad de los cascos para motociclista que se venden el país, el endurecimiento efectivo de los filtros para que solo quienes están debidamente capacitados obtengan su licencia de conducción, o que las autopistas 4G que se construyen cumplan los estándares internacionales de seguridad vial, tanto para conductores como para peatones.
El llamado es a un mayor compromiso del Ejecutivo. Se trata de salvar vidas, y la hoja de ruta para lograrlo está sobre la mesa. Requiere, eso sí, una conjunción de voluntad política con eficiencia en la ejecución. Y para ello lo primero es mantener a raya cualquier intento por tomar decisiones a la luz de la milimetría política. Si hay un campo en el que la presencia de técnicos es innegociable, es este. Comenzando por la cabeza.
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