El Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano suspendió este jueves hasta nuevo aviso las jornadas de recolección de las firmas correspondientes al 20 por ciento de los inscritos en el Registro Electoral nacional para solicitar el referéndum revocatorio contra el mandato del presidente Nicolás Maduro.
La decisión la publicó luego de que durante la tarde de este jueves se conociera que tres tribunales penales de los estados Aragua, Carabobo y Bolívar admitieron las denuncias introducidas por dirigentes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), alegando fraude en la colecta del primer uno por ciento de las firmas con las cuales se solicitó la activación de la consulta popular. (Lea también: Día clave para el referendo revocatorio de Maduro en Venezuela).
“Las medidas decididas este jueves 20 de octubre por los tribunales penales (...) tienen como consecuencia la paralización, hasta nueva orden judicial, del proceso de recolección de 20 por ciento de las manifestaciones de voluntad (firmas), que estaba previsto para el 26, el 27 y el 28 de octubre próximos, y en el que el Consejo Nacional Electoral estaba trabajando luego de terminada la primera etapa de una solicitud hecha por el partido MUD en abril pasado”, señala la directiva electoral.
Aunque el CNE reconoció en mayo que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logró reunir el primer uno por ciento de firmas necesario para constituirse en solicitante del revocatorio, el gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro –desde el gabinete hasta el PSUV– aseguró que la coalición opositora recurrió a técnicas fraudulentas como colocar firmas de fallecidos y repetir nombres de firmantes para engordar la cifra de rúbricas entregadas.
De la revisión de dos millones de firmas que la MUD entregó a las autoridades electorales (aunque solo necesitaba que se reconociera la validez de 200.000), el partido de gobierno señaló fallas en 11.000 de ellas.
El CNE, por su parte, desechó 600.000 rúbricas, lo que todavía dejó un amplio margen de 1,4 millones de firmas sobre las que dio luz verde para la continuación del proceso.
Todo se fue a pique ayer cuando, por medio de Twitter, los gobernadores de los estados de Aragua, Carabobo, Bolívar y Apure, miembros del PSUV y figuras prominentes del chavismo anunciaron la estocada final al revocatorio asegurando –con escasos minutos de diferencia– que tribunales penales en sus estados admitieron las denuncias de fraude. (Lea también: 'Referéndum será el próximo año y punto')
Lo mismo anunció poco después el exvicepresidente y diputado Diosdado Cabello, quien aseguró que un tribunal de su natal estado Monagas también declaró fraudulenta la recolección de las primeras firmas.
Por otro lado, la oposición venezolana anunciará el viernes la "alternativa de lucha" que planteará tras la suspensión de la recolección de las firmas requeridas para convocar un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, que estaba previsto para la próxima semana.
"La alternativa de lucha que la Unidad tiene prevista para este escenario está siendo consultada y consensuada con todos los sectores", escribió este jueves Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en Twitter. "Llamamos a estar muy atentos a los anuncios que hará mañana la Unidad Democrática", manifestó el dirigente, quien aseguró que el gobierno no podrá "posponer el cambio".
Sin embargo, ante la previsión de este escenario, la dirigencia opositora había advertido la semana pasada que se volcará masivamente a la calle a protestar.
Desde la semana pasada la suspensión del revocatorio era un presagio, pues, aunque la Constitución establece que para solicitar un referéndum revocatorio presidencial se deben recolectar las firmas del 20 por ciento de los inscritos en el Registro Electoral nacional, sin distingo de porcentajes por región, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de clara inclinación oficialista, sentenció que la colecta debe hacerse estado por estado. Y remató advirtiendo que si una sola región no lograba alcanzar el 20 por ciento de sus electores registrados, se suspendería el proceso refrendario.
Antes de conocerse la decisión del CNE, decenas de abogados y expertos señalaban que los tribunales penales no tienen competencia sobre decisiones en materia electoral.
Las últimas encuestas señalan que al menos 60 por ciento de los venezolanos en edad de votar estaban dispuestos a firmar para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas