Nunca he visto en el país un panorama tan confuso como el que estamos viviendo con motivo del acuerdo de paz. Tiene razón María Isabel Rueda cuando dice que desde cuando perdió el Sí, el Gobierno no ha pensado sino en ponerles conejo a los del No. ¿Podrá hacerlo?
Desde luego, lo ha intentado. No creo que sean enteramente espontáneas las manifestaciones de estudiantes e indígenas que, con gritos y carteles, piden un “¡acuerdo ya!”. Sin duda, en ellas han participado jóvenes partidarios del Sí y del No, motivados solo por el anhelo de una paz sin dilación. Pero detrás de ellos, en la sombra, se mueven organizaciones estudiantiles de izquierda que han promovido estas marchas para impedir sustanciales modificaciones del acuerdo final.
Veamos cuál es el complejo andamiaje de estas organizaciones. En primer término, la Oclae, con sede en Cuba, presidida por la Federación Universitaria de ese país, que reúne en su secretariado ejecutivo a federaciones estudiantiles de Nicaragua, Brasil y Ecuador. En Colombia, Oclae opera a través de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU-C). Obviamente, el Foro de São Paulo y los partidos nacionales que comparten su matrícula ideológica, como el Polo Democrático, la Marcha Patriótica, el Partido Comunista, los Progresistas, además de las Farc y el Eln, apoyan las movilizaciones en favor de un “¡acuerdo ya!”.
Tal opción no parece viable. Quien lea el documento ‘Bases de un acuerdo nacional de paz’ –presentado por el Centro Democrático– y las propuestas que, de su lado, formulan Andrés Pastrana, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, advierte que una verdadera renegociación no sería cuestión de días, sino de meses. Ciertamente, hay algunos cambios propuestos por los voceros del No que las Farc consideran inadmisibles.
Por ejemplo, el pago de cárcel por delitos cometidos. Lo ha dicho de manera enfática ‘Pablo Catatumbo’: “Pretender que una organización firme un acuerdo para que su máxima dirección vaya a la cárcel es el despropósito más grande. Ninguna guerrilla del mundo lo haría”. Esta furiosa aseveración tiene sustento en la calificación aceptada por el Gobierno de que las Farc son actoras de un conflicto armado interno cuyas acciones de guerra quedan sin castigo a la hora de firmar un acuerdo. De esta manera, la Jurisdicción Especial para la Paz, exigida por las Farc en el fallido acuerdo, era la garantía de que no habría pena de cárcel que pagar.
El Centro Democrático, por su parte, acepta la justicia transicional a condición de que quede en manos de la justicia colombiana y no de un fantasmagórico tribunal con magistrados extranjeros y poderes absolutos por encima de la Constitución. Aunque dudo de que las Farc acepten tal propuesta, calificados juristas como Rafael Nieto Loaiza, que dan por muerto el acuerdo final, sostienen que las Farc, en vez de volver al monte, no tienen más remedio que embarcarse en una renegociación de este y demás puntos propuestos por los voceros del No.
¿Será esta una presunción optimista? De pronto sí. Más realista puede ser María Isabel Rueda cuando pronostica que el presidente Santos busca poner conejo a los ganadores del plebiscito. Ella conoce bien las mañas y vericuetos de nuestro mundo político. De hecho, las marchas, el show mediático internacional y el editorial de The New York Times en el que acusa a Uribe de enemigo de la paz parecen confirmar tal propósito. ¿Qué hará ahora Santos? ¿Un nuevo plebiscito? Imposible. ¿Apelar a una leguleyada para rescatar el acuerdo? No es fácil. En cambio, buscar hacer retoques cosméticos de forma y no de fondo para presentar una nueva versión del acuerdo final a la hora de recibir el Nobel podría ser la mejor manera de esconder las orejas del conejo.
En fin, lo único que está claro en relación con el acuerdo de paz es que nada está claro. Cualquier cosa puede pasar.
Plinio Apuleyo Mendoza