En una carta dirigida al presidente del Senado de la República, Mauricio Lizcano, se citan cinco puntos con los que se busca instaurar un proyecto de ley “por el cual se dictan medidas de protección especial contra el sufrimiento y dolor animal durante el transcurso de los espectáculos taurinos y de actividades relacionadas con los mismos”.
En el documento, se citan diferentes investigaciones sobre los aspectos históricos y sociológicos del maltrato animal en eventos taurinos, además, se habla de las protecciones constitucionales a la cultura y la fauna en la tauromaquia.
Galán también menciona el déficit de protección constitucional y la ponderación entre protección animal y cultura.
El senador menciona que la competencia del Congreso de la República es la de la regulación de las condiciones generales de esta actividad cultural.
Sin embargo el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, no está de acuerdo con las corridas de toros, de hecho, tras su posesión en enero prometió protestar contra estas “de manera respetuosa” si se ordenaba su regreso a la plaza de la Santamaría.
A pesar de esto, ya está confirmada la fecha en la cual los aficionados taurinos volverán a la plaza de toros La Santamaría: será entre el 29 de enero y el 26 de febrero del 2017. Esto se confirmó tras la adjudicación que el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) hizo de la operación de la temporada taurina de Bogotá al consorcio Colombia Taurina.
En cumplimiento de la ley y de la orden de la Corte Constitucional, que a través de la sentencia T-296 del 2013 les ordenó a las autoridades distritales competentes: “Disponer lo necesario para la reanudación del espectáculo taurino en la plaza de toros La Santamaría de Bogotá”, el IDRD decidió acudir a la figura de selección abreviada para escoger al operador.
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