La Fiscalía imputó cargos a seis funcionarios de la Dian, señalados de hacer parte de una organización que defraudó en unos 100.000 millones de pesos al Estado con el cobro ilegal de IVA por exportaciones ficticias.
Según la investigación de la Fiscalía, los funcionarios fueron claves en el entramado de la red, liderada por Blacka Jazmín Becerra, capturada en julio del 2011 y condenada a 17 años de prisión.
Durante la audiencia de imputación de cargos por los delitos de peculado por apropiación, prevaricato y concierto para delinquir, el fiscal del caso aseguró que aún hay más funcionarios de la DIAN que están siendo investigados, pero que se han desplegado maniobras para evitar el avance de la investigación.
“Han hecho un pacto de silencio para no declarar los delitos que cometieron”, señaló la Fiscalía al pedir que los investigados sean cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Incluso la Fiscalía señaló que hay interceptaciones recientes en los que algunos de los investigados hablan de las versiones que van a entregar a las autoridades sobre sus actuaciones.
Los hechos en los que aparecen los investigados se registraron entre 2009 y 2011 y habrían generado pérdidas para el Estado por 20.000 millones de pesos.
Durante la audiencia, la Fiscalía señaló que Plinio Callejas Vallejo, que para la fecha se desempeñaba como jefe de la división de gestión de recaudos, era el encargado de emitir todas las resoluciones de IVA de las empresas usadas para realizar los recobros.
También se señaló que Martha Consuelo Beltrán Castro, secretaria ejecutiva, agente de devoluciones y compensaciones, habría tenido la función de asignar los expedientes para ordenar el pago irregular.
En la organización, dice la Fiscalía, la supernumeraria Jenny Patricia Chocontá, era la encargada de informar sobre los avances en el trámite para el pago del recobro y Ruth Virginia Díaz Velasco, habría realizado las visitas a las empresas que realizaban los cobros.
Oscar Javier Ceballos, se encargaba de la auditoría de los procesos de fiscalización y liquidación y según el testimonio de Blacka Jazmín Becerra, con él se coordinaban para que algunas de las empresas investigadas no fueran visitadas.
Los investigados no aceptaron los cargos imputados y al final de la audiencia el juez del caso no acogió la petición de la Fiscalía y no les dictó medida de aseguramiento.
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