Un duro choque generó el proyecto de ley que presentó la senadora Nohora Tovar, del Centro Democrático, que busca brindar solución jurídica a ocupantes y poseedores de 'buena fe' de tierras, pues para el Gobierno la medida “legaliza el mayor despojo de tierras al Estado”.
El director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, considera que con esa iniciativa se “busca en sentido estricto dejar sin efecto miles de procesos adelantados en su momento por el Incoder para recuperar los bienes de la Nación indebidamente ocupados o indebidamente adjudicados”.
“Pero quizás lo más preocupante del proyecto es su expresa intención de reversar la recuperación de los baldíos, pues ello implica que los esfuerzos y los años invertidos por el Incoder para recuperar lo que les pertenece a todos los colombianos se reversarían para borrar de un plumazo lo conseguido hasta el momento”, afirmó Samper Strouss.
Este proyecto, agregó, busca entorpecer la política pública de acceso a la tierra desarrollada por el Gobierno nacional y que prioriza a la mujer rural, a las víctimas del conflicto armado y a los campesinos que no tienen tierra.
La senadora Nohora Tovar al salir en defensa del proyecto afirmó que “el texto del proyecto manifiesta claramente que busca proteger derechos adquiridos de buena fe y nunca el favorecimiento a grupos armados o acumuladores de baldíos”.
Además, el proyecto presentando indica que el reconocimiento de la propiedad se dará única y exclusivamente por un juez de la república acreditando la permanencia, explotación y buena fe.
La iniciativa tampoco va en contravía de la política de darles tierra a los colombianos que tienen derecho a ella, mucho menos “equivale a legalizar el despojo contra el Estado colombiano”, por el contrario, busca brindar seguridad jurídica y proteger derechos adquiridos de buena fe sin menoscabo de los procesos de adjudicación por parte del Estado, agregó Tovar.
En defensa del proyecto
En defensa del proyecto presentado por la senadora Nohora Tovar se pronunció el abogado Ramiro Silva de la Asociación para la Defensa de la Tierra y la Dignidad Llanera (Dignillanos) que agrupa a propietarios, ocupantes y poseedores de tierras de Arauca, Casanare, Meta y Vichada.
Silva dijo que eso “es una muestra inequívoca de que –el director de la ANT– no ha leído nunca el artículo 31 de la Constitución de 1886 ni el artículo 58 de la Constitución actual y no los ha comparado con el Código Civil Colombiano que contiene las instituciones de la posesión y la ocupación”.
Estas son figuras a través de las cuales, explicó Silva, "se accede al derecho a la propiedad y lo único que se puede esperar es que el Estado adjudique las tierras a las personas que adquirieron estos derechos por posesión y ocupación”.
Silva sostiene que “están equivocados –se refiere a los funcionarios del Gobierno central– quienes piensan que baldío es aquella tierra con ocupación y explotación a través de actividades agropecuarias, porque baldío es aquel terreno que nunca ha sido tocado por el ser humano y por consiguiente es propiedad del Estado”.
LLANO SIE7EDÍAS
@nelard1
