Aunque su vigencia original era de 8 años (2006-2014) y ya fue necesario prorrogarla hasta el 2018, la jurisdicción alternativa de Justicia y Paz está lejos de completar la tarea para la que fue creada en el 2005: investigar y sancionar los más graves crímenes cometidos por los grupos paramilitares.
Más de 11 años han pasado desde que el gobierno de Álvaro Uribe acordó la desmovilización de las Auc y puso en marcha el primer modelo de justicia transicional en Colombia.
Hoy, el proceso de Justicia y Paz no va ni por mitad de camino y, según el director nacional de justicia transicional de la Fiscalía, Carlos Fidel Villamil, harán falta al menos 6 años más para cerrar ese capítulo judicial. El asunto es complejo porque el país está pendiente de poner en marcha, si la renegociación de los acuerdos con las Farc llega a buen puerto, otro modelo de justicia transicional: la que se aplicará con esa guerrilla y los agentes del Estado y civiles que tuvieron responsabilidad en graves crímenes en medio del conflicto.
Más aún porque el modelo inicialmente pactado con la guerrilla, y que está en vilo por el triunfo del ‘No’ en el plebiscito del 2 de octubre, solo le deja a la Fiscalía la misión de entregar los procesos a la nueva justicia, que tendría su propio órgano de investigación. (Lea también: Primera etapa de Justicia y Paz fue un costoso aprendizaje: Fiscalía)
Las cifras son contundentes. De los 312.611 delitos (170.000 homicidios) que, según las denuncias de las víctimas, fueron cometidos por los grupos paramilitares, solo hay condenas por 22.880. La mayoría corresponde a desplazamiento forzado (8.304 casos); asesinatos (4.722 casos) y desaparición forzada (1.818).
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En camino a una condena hay otros 42.000 casos en los que los ‘exparas’ han reconocido su culpabilidad. Con esas cuentas, casi ocho de cada diez delitos de las autodefensas aún están en etapa preliminar, si bien la actual administración de la Fiscalía asegura que a diciembre de este año la imputación por crímenes llegará a los 145.000 casos (ver entrevista).
Aunque ante la Fiscalía se reportaron como víctimas 386.413 personas, solo han sido reconocidas como tales en los procesos el 43 por ciento: 166.276.
2.343 expulsados
Entre el 2003 y el 2006 se desmovilizaron, en total, 36.000 paramilitares. De estos, 4.408 –los jefes y todos los que tenían procesos pendientes– se postularon a la Ley 975 de Justicia y Paz, que les permitía lograr penas de máximo 8 años por delitos que, normalmente, les habrían representado 40 años o más.
En estos casi once años, por distintos hechos, pero principalmente por no cumplir con el principal requisito de la verdad, han sido expulsados 2.343 ex-Auc (53 %) y están en proceso de exclusión otros 368. Así las cosas, solo hay activos en Justicia y Paz 2.065 exparamilitares. Sin embargo, solo se ha imputado cargos a un poco más de la mitad: 1.080. Esto a pesar de que casi todos ya cumplieron los 8 años de pena máxima y de que decenas, incluso, ya empezaron a salir de la cárcel.
Las exigencias para la pena alternativa eran verdad plena, justicia y reparación. Este último capítulo, el de la entrega de bienes para compensar a los afectados por sus crímenes, es el de mayor saldo en rojo. Según el Fondo para la Reparación de las Víctimas los paramilitares solo han entregado 1.248 bienes, avaluados en 286.118 millones de pesos. La sola reparación administrativa (la que entrega el Estado) requerirá de una inversión de más de 16 billones de pesos.
Los bloques que más bienes entregaron fueron el Central Bolívar y el Vencedores de Arauca. Salvatore Mancuso fue el jefe paramilitar que, hasta ahora, más ha colaborado con Justicia y Paz. Y hay dos bloques, el Héroes de Tolová y el Córdoba, que entregaron apenas un bien para reparar.
La Fiscalía ha tenido que concentrarse, con unidades distintas a la de Justicia y Paz, en descubrir y ocupar los bienes escondidos por los paras, que están en manos de testaferros y de las cabezas de las nuevas bandas criminales, como ‘Otoniel’, jefe máximo del ‘clan Úsuga’.
Otro de los puntos pendientes para la Fiscalía es el seguimiento a las compulsas de copias: hasta el 30 de junio de este año se reportaban 15.821 compulsas contra terceros. De estas 1.351 vinculan a políticos y 1.234 a integrantes de la Fuerza Pública como supuestos aliados de los paramilitares. En todo caso, esas confesiones dieron pie al proceso de la ‘parapolítica’, que llevó a la condena de más de 70 congresistas y excongresistas por la Sala Penal de la Corte Suprema.
Justicia y Paz marcó un punto alto para los procesos de reparación y justicia con la entrega de datos para lograr la exhumación de 6.569 víctimas de la violencia paramilitar. Fueron hallados en 5.155 fosas comunes y 132 cementerios del país.
De estos restos, 3.105 han sido identificados y entregados a sus familias, la mayoría, en Antioquia, Magdalena, Putumayo, Meta y Córdoba. En los laboratorios de la Fiscalía hay otros 1.472 cuerpos con posible identidad.
Las barbaries de los ‘paras’
En las 43 sentencias condenatorias de los tribunales de Justicia y Paz de Bogotá, Medellín y Barranquilla se ha evidenciado la responsabilidad de los paramilitares en crímenes atroces como homicidios, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, entre otros.
Uno de los capítulos más fuertes fue el de la tortura. En junio de este año, los magistrados determinaron que hubo al menos 31 modalidades de tortura usadas por los paramilitares como estrategia de guerra, entre ellas: asfixia mecánica y ahogamiento por inmersión, golpizas, descargas eléctricas, mutilación, perturbación psíquica, quemaduras y violencia sexual.
La macroestructura de Salvatore Mancuso -la cual incluye al Bloque Resistencia Tayrona, Bloque Córdoba y Bloque Norte- es a la que se le atribuyen más víctimas: 53.447. Una de las masacres más sangrientas, atribuida a ese grupo, se registró hace 16 años, en el corregimiento del Salado, municipio de El Carmen de Bolívar. Murieron 58 personas y otras 2.570 fueron desplazadas. El siguiente con más víctimas es el Bloque Central Bolívar.
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