La recuperación de millones de hectáreas de baldíos del Estado que están hoy en manos de quienes no tienen derecho a poseerlas o no tienen ninguna formalización de ellas está en riesgo de volver a ceros por un proyecto de ley que hace curso en el Senado y que pretende “permitir el reconocimiento de la propiedad privada sobre tierras que de buena fe han sido ocupadas y/o poseídas, como estímulo a la formalización”.
La iniciativa, de autoría de la senadora del Centro Democrático Nohora Tovar Rey, tiene todas las alarmas encendidas en el Gobierno, que considera que el proyecto no solo choca con las políticas de devolverles la tierra a sus legítimos dueños –en este caso, el Estado–, sino que “fomenta el despojo”.
De hecho, el proyecto incluye un artículo que explícitamente pretende “dejar sin efectos las resoluciones y/o actos administrativos emitidos por el Incoder denominados como ‘recuperación de baldíos’ y restituye los derechos a los afectados”. También amenaza con sanciones disciplinarias “al funcionario o servidor público que impida de manera injustificada el trámite administrativo y/o judicial de inscripción y formalización” de los baldíos ocupados.
De aprobarse la polémica iniciativa, más de 2.000 resoluciones del Incoder que afectaron propiedades adquiridas en contra de las normas o abiertamente despojadas al Estado quedarían en el aire. Muchas de esas resoluciones han sido la base legal para ocupar y recuperar megafincas de fichas de organizaciones armadas ilegales, incluidas las Farc.
El proyecto, además, deja la decisión de legalización en manos de los jueces de tierras, sin mayor intervención de la Agencia de Tierras.
Según la autora del proyecto, este se justifica porque “poseedores y ocupantes ancestrales de las tierras, especialmente en los Llanos, se han visto afectados porque el Estado de manera arbitraria ha impedido el perfeccionamiento del derecho de dominio, so pretexto de declararlas como ‘baldíos indebidamente ocupados’”.
La senadora recoge la posición del movimiento Dignillanos, que agrupa a familias que ocupan hace décadas miles y miles de hectáreas que eran de la Nación y cuyos predios han empezado a ser restituidos, pues sus poseedores no eran sujetos de reforma agraria.
También dice la senadora que no es suficiente la regulación incluida en la Ley Zidres, aprobada en enero de este año, que garantiza que cuando el predio no ha sido obtenido irregularmente pueda seguir siendo usufructuado. “El problema es a quién se le va a dar esa titulación. Por eso, lo que exijo es que se les respete el derecho adquirido a los campesinos que han explotado esa tierra toda su vida. Lo que pareciera es que esa titulación va a ser a grandes inversionistas y no a ellos”.
Sin embargo, Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, afirmó que la ley va a beneficiar a los ocupantes de buena fe porque les va a reconocer el derecho a la superficie, es decir, que no se les titularán los predios pero sí el derecho a seguir explotándolos, aunque con un límite.
La Agencia Nacional de Tierras señala que una de sus misiones es legalizar los baldíos en los casos que se ajustan a la ley, pero que pretender impedir que ese proceso sea controlado y que sus beneficiarios sean los campesinos que no tienen tierras va abiertamente en contra de las normas constitucionales. Esa institución, que nació el año pasado, recogió las funciones del liquidado Incoder para detectar e impugnar los casos en los que la ocupación o la posesión han ido en contravía de la ley o excede los parámetros legales.
También, centenares de casos de adjudicación irregular en tiempos del Incora y del también desaparecido Incoder. Un ejemplo emblemático es el de la hacienda El Porvenir, en Puerto Gaitán, Meta, que tenía 34.000 hectáreas y que terminó siendo del ‘zar’ de las esmeraldas Víctor Carranza. Ese predio ya volvió a manos del Estado y será entregado a campesinos sin tierra. Bajo los parámetros del proyecto de la senadora, ese proceso se caería y la tierra iría a los herederos del ‘patrón’ esmeraldero.
'Legalizaría despojo contra el Estado'
Miguel Samper, Director Agencia de Tierras, habla de su posición en el proyecto.
¿Cuál va a ser la posición del Gobierno frente al proyecto de ‘formalización de tierras’?
Oponerse radicalmente, porque va en contravía de la política de darles tierra a los colombianos que tienen derecho a ello. El proyecto desconoce que la adjudicación de baldíos tiene un proceso legal, unos requisitos, y que
los bienes del Estado son imprescriptibles. Además, al pretender desconocer la Unidad Agrícola Familiar (UAF) se atenta contra la finalidad de garantizar el acceso a los pequeños propietarios, democratizar el uso de la tierra en el país.
Uno de los artículos pretende quitarles validez a procesos de recuperación de baldíos realizados por el antiguo Incoder...
Ese es uno de los artículos más preocupantes del proyecto. Pretender dejar sin efectos esa que era una de las funciones claves del Incoder y que dio pie a un sinnúmero de procesos de recuperación de baldíos, equivale a legalizar el despojo contra el Estado colombiano. No solo del que han acumulado baldíos, sino el de los grupos armados que se apropiaron de tierras del Estado a través de diferentes estrategias.
JUSTICIA
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