A las 27 sentencias que, durante el 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha dictado contra la Asamblea Nacional, se sumó otro zarpazo: permitirle al Presidente de la República aprobar el presupuesto nacional venezolano para el 2017 sin pasar, como manda la Constitución, por el Parlamento.
Además del repudio general, la decisión provocó el rechazo de los abogados del país agrupados en colegios y federaciones que se declararon el lunes “en rebeldía” frente al Poder Judicial.
El exmagistrado y profesor universitario Román Duque Corredor es parte de esta protesta que evidencia la parcialidad política del máximo tribunal venezolano y llama, junto a los abogados del país, al desconocimiento de sus sentencias.
¿Qué significa que el presidente Maduro haya aprobado el presupuesto de la Nación con apoyo del TSJ y sin pasar por la Asamblea Nacional?
El gobierno de Venezuela, saltándose una regla fundamental en todo régimen democrático, que es que quien administra el presupuesto (el Presidente) no fija sus propios gastos, decidió aprobar el presupuesto sin pasar por la Asamblea, obligada por la Constitución a controlar el gasto público. (Además: Maduro demandará a Asamblea por pedir activación de Carta Democrática)
El Presidente se ha pagado y entregado el vuelto con el celestinaje de la Sala Constitucional del TSJ, que por la vía de sentencias ha ido despojando de funciones al Parlamento. Por eso, los abogados nos reunimos y constituimos la plataforma por la independencia de la judicatura, para comenzar la “rebelión de las togas”. Queremos demostrar que sentimos vergüenza de estos magistrados de la Sala Constitucional.
Esa Sala ha sentenciado que la Asamblea Nacional está “en desacato”, y sobre ese argumento el Presidente tomó decisiones como la del presupuesto. ¿Qué es desacato y cómo puede anular al Legislativo?
Eso es una tramoya, una falsedad: un poder público no puede cometer desacato. Según las leyes son las personas las que cometen desacato. Cuando un poder considera que un acto dictado por otro poder del Estado es inconstitucional, injusto o ilegítimo, se plantea un conflicto de poderes pero no un desacato, que solo ocurre cuando una persona evade una sentencia y orden previamente establecida. (Además: Asamblea Nacional rechaza decreto de Maduro de estado de excepción)
La gran falsedad de esta sala es que sobre un ficticio desacato está creando un nuevo orden constitucional para permitirle al Presidente de la República que haga lo que quiera con los dineros públicos y con el ordenamiento jurídico.
El presidente Maduro ha extendido el decreto de estado de excepción por emergencia económica. ¿No podía ampararse en ello para promulgar el presupuesto?
El estado de excepción es para una circunstancia temporal hasta por un máximo de 90 días, renovables una sola vez, y el presidente Maduro lo ha renovado cuatro veces. Si respetara las reglas del decreto de emergencia, a estas alturas no le permitiría seguir con el estado de excepción y, mucho menos, aprobar el presupuesto, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Desde el punto de vista jurídico, esto es tan absurdo como pensar que el vendedor de una cantina administre los dineros del dueño de la cantina. La Sala Constitucional ha cometido una de las aberraciones jurídicas más grandes del mundo. Al pueblo venezolano lo único que le queda es seguir luchando por el referendo, para parar estas arbitrariedades.
¿Cómo se explica que la Sala Constitucional, formada por siete juristas, pueda contravenir al Poder Legislativo elegido por ocho millones de personas?
Solo es posible con magistrados prevaricadores que hacen de su función jurisdiccional una trampa. Solo es posible cuando representan a una mafia dentro del Estado, a un gobierno claramente autócrata. Mayor desvergüenza para un Poder Judicial no hay. (Además: Tribunal Supremo venezolano choca con Asamblea Nacional)
¿Cómo queda el presupuesto, entonces, cómo puede ejecutarse?
En primer lugar, es un presupuesto basado en un maquillaje legislativo, artificial, calculado sobre ingresos y parámetros ficticios. Segundo, todo lo que se ejecute sobre la base de un presupuesto que no fue aprobado por ley es ilegal e ilegítimo, y cualquiera puede demandar la devolución de los pagos. Cualquier inversionista, contratista o empresario que vaya a negociar con el Gobierno queda en entredicho, pues recibirá un pago indebido. Esto profundiza la crisis de la arquitectura del Estado venezolano, que ha afectado incluso a las finanzas públicas, desprestigiando la imagen de la República hasta el punto de hacer fracasar las emisiones de bonos, como está ocurriendo en este momento. Estamos frente a un crimen de lesa constitucionalidad.
La oposición contra el TSJ
El secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, dijo que la oposición desconocerá el fallo del Tribunal Supremo que ordenó que el 20 por ciento de apoyos para el revocatorio presidencial se debe alcanzar en cada uno de los estados venezolanos o se suspenderá el proceso. Indicó que así no lo estipula la Constitución, y ayer, Tibisay Lucena, rectora del Consejo Nacional Electoral, dijo que se postergó para finales del primer semestre del 2017 la elección de gobernadores que debía realizarse a fines del 2016.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO