Día tras día, el régimen del venezolano Nicolás Maduro configura más su perfil totalitario y represivo. A las múltiples medidas que un parcializado Consejo Electoral (CNE) ha tomado para dilatar y bloquear el referendo revocatorio propuesto por la oposición, y a las sentencias que un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de bolsillo ha dictado para bloquear la Asamblea Nacional (AN) –de mayoría opositora–, se suma la más reciente perla: pasarse por la faja al Legislativo para hacer aprobar a la brava el presupuesto nacional. Una clara violación de la Constitución.
Es lo que algunos juristas del vecino país han llamado “crimen de lesa constitucionalidad”, pues en ningún gobierno, al menos en los que se precian de ser democráticos, quien administra los recursos puede fijar sus propios gastos. La tesis del Gobierno es que lo presenta ante un embeleco al que denomina ‘Congreso de los Pueblos’, porque la AN está en “desacato”.
Es el mismo argumento que Maduro ha usado para no darle juego a ninguna de las leyes aprobadas por el Legislativo, y que es un soterrado golpe de Estado institucional, ya que los poderes que no logra controlar los hace irrelevantes, no al estilo del fujimorazo de 1992, en el que el presidente peruano disolvió de un plumazo el Congreso, sino al estilo chavista, en el cual, amparado por leguleyadas y bajo el auspicio de la máxima corte, se destruye la Constitución que el finado Chávez redactó.
Capítulo aparte merece la tomadura de pelo en torno al revocatorio contra Maduro. En una interpretación que parece sacada del sombrero de un mago, el TSJ exige que la recolección de firmas (del 26 al 28 de octubre) para convocarlo debe corresponder al 20 por ciento de los inscritos en el registro electoral región por región, y no a nivel nacional, como reza la Carta Magna. Eso significa que si en alguno de los 23 estados, más el distrito capital de Caracas, no se consigue ese porcentaje, la totalidad de la consulta se cae.
Como se ha afirmado, Maduro juega a que el referendo, de hacerse, se lleve a cabo después del 10 de enero del año entrante. Eso garantiza que de perder, el poder quede en su vicepresidente, con lo que el chavismo se atornilla hasta el 2019. Si se hace antes de esta fecha y pierde, hay que convocar nuevas presidenciales.
Con todo y esas gabelas en contra, la oposición dijo sí al proceso, pues no hacerlo significaría alejarse definitivamente del referendo. Es claro que ante el desastre actual de la gestión de Maduro, el chavismo no es capaz de ganar ninguna elección, y por lo mismo está aplazando las elecciones regionales que deberían realizarse este año. “No hay dinero”, dicen. De hecho, ayer el CNE anunció que las regionales se realizarán a fines del primer semestre del 2017, un tanque de oxígeno para un gobierno esperanzado en que el petróleo suba de precio.
Por sobre todo esto, lo que más preocupa es el desmantelamiento del Estado de derecho y de la institucionalidad venezolana. Y, peor aún, la sentencia del recientemente elegido superior de los jesuitas, el venezolano Arturo Sosa, quien expresó que ni Gobierno ni oposición tienen un plan para resolver la situación en el país. ¿Se impondrá un diálogo? ¿Para qué? Quizás no haya otra alternativa.
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