Por la incapacidad del Estado para prevenir ataques ‘cantados’, la tardía reacción frente a los mismos, la falta de entrenamiento de soldados y policías, y hasta por fallas de los equipos de comunicación y del armamento durante las tomas perpetradas por las Farc hasta comienzos de la década pasada, la suma que tendrá que pagar la Nación por indemnizaciones a víctimas ya pasó de 100.000 millones de pesos.
En los últimos cuatro años, el Consejo de Estado resolvió el grueso de las demandas asociadas al conflicto armado en el país, de las cuales resultaron 78 condenas por tomas de las Farc y tres de paramilitares (todas relacionadas con el caso de Mapiripán). Esa cifra va a crecer en los próximos meses, pues aún están por resolverse unas 50 demandas por hechos similares.
Uno de los últimos fallos del Consejo de Estado adversos a la Nación –fue condenada a reconocer indemnizaciones que superan los 18.000 millones de pesos– es el de la toma de las Farc a la base Antinarcóticos de la Policía y al batallón del Ejército de Miraflores, Guaviare, el 3 de agosto de 1998. A las 7:30 de la mañana comenzó una lluvia de pipetas de gas y ráfagas de fusil que terminó 20 horas después, dejando 16 uniformados muertos, entre policías y militares, 26 heridos y 129 secuestrados.
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En las tres sentencias que ya se han emitido sobre este caso, el tribunal aseguró que las fallas en el servicio atribuibles al Ministerio de Defensa de la época para proteger a sus uniformados y a la población civil están demostradas, “puesto que pese a tenerse información de inteligencia sobre el ataque del que sería víctima la población de Miraflores no se tomaron las medidas necesarias para evitarlo”.
El expediente recoge reportes militares que señalan que en la región se estaba concentrando una fuerza de cerca de 1.200 guerrilleros, lo cual indicaba un ataque inminente, pero solo 180 uniformados estaban custodiando el municipio.
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De la lista de condenas, la de Miraflores es hasta ahora la más costosa, pero la toma de la base militar de Las Delicias (Puerto Leguízamo, Putumayo), ocurrida el 30 de agosto de 1996, es la que más condenas ha generado. Hasta ahora van 16 sentencias en contra del Estado por ese ataque de las Farc, en el que murieron 27 militares, hubo 16 heridos y fueron secuestrados 60 más.
“Tales eran las condiciones de los fusiles que para asegurar su funcionamiento tenían que accionar el disparador para abrir fuego tiro a tiro (...). Otros carecían de punto de mira por los muchos años de uso, y por su recalentamiento se dilataban y estallaban los cañones”, puntualiza uno de esos fallos sobre el armamento de los soldados.
En otro, el Consejo de Estado asegura que “la falta de planeación y la insuficiente e inadecuada dotación logística, de material de guerra y equipos de comunicación, así como retardo injustificado en el apoyo, debilidades en el diseño y establecimiento de las bases, sin tener en cuenta las condiciones climáticas, las circunstancias sociales y las dificultades tácticas y de desplazamiento para el apoyo militar (...), facilitó que en la toma se haya consumado el secuestro masivo de decenas de militares y la muerte de otros tantos”.
El Consejo de Estado agrega que en el enfrentamiento se cometieron graves errores tácticos debido a la falta de entrenamiento.
“Hubo desorden y confusión al momento de tomar posiciones y de resguardar las diferentes áreas de la base, lo que permitió que se fuera minando la resistencia hasta llegar a superarla y despojar de cualquier medida a los pocos militares que permanecían vivos”.
Los fallos también han beneficiado a familias de las víctimas de las tomas de Patascoy, Nariño; Roncesvalles, Tolima; Cravo Norte, Arauca; y Mitú, Vaupés.
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