Es paradójico e incluso preocupante que a pesar de las esperanzadoras y multitudinarias marchas de universitarios y ciudadanos en favor de la paz, el camino para alcanzarla parece estar minado. Las marchas y la calle pueden ser sin duda muy efectivas cuando se busca un cambio de gobierno o de régimen al estilo la Primavera Árabe, pero terminan por diluirse y dar paso a los escenarios de representación, como los Parlamentos, cuando se trata de encontrar una salida institucional, como al agujero negro en que estamos sumidos. En este caso, las posibilidades son reducidas, casi que de vida o muerte, como si fuera obligatorio recordar a cada paso que el futuro está en juego, que no nos podemos equivocar.
Es por eso que ahora no tiene sentido intentar un nuevo plebiscito, como algunos han sugerido, sin contar con un mecanismo fast track para la aprobación de las reformas, como el que contenía el Acto Legislativo 01 del 2016, porque en cualquier caso habría que recurrir posteriormente al trámite ordinario en el Congreso, en una época por demás preelectoral. También he controvertido la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente, porque no es un mecanismo de refrendación sino fundacional, que no da garantías a ninguna fuerza política y puede constituir un salto al vacío, entre otras razones porque no se sabe qué se reformaría. Además, porque puede empeorar el diseño de algunas instituciones, como en materia de partidos políticos y ordenamiento territorial hizo la Constitución del 91, pero en especial porque una sociedad no puede vivir en estado de constituyente permanente, como se quiere en Colombia.
Creo, entonces, que las salidas son solo dos, las que al final se convierten en una sola, esto es, las elecciones presidenciales del 2018. Y me explico. El Gobierno hace bien en actuar con prontitud para introducir las modificaciones al acuerdo de La Habana, las que si se hicieran a la luz de las mínimas concesiones a las Farc que plantea el documento ‘Bases de un acuerdo nacional de paz’ del Centro Democrático sería muy fácil para introducir las reformas en el Congreso, las mismas que pudieran ser presentadas ahora mismo en noviembre y aprobadas hacia abril o mayo del 2017. Lo más sustancial sería una ley estatutaria de justicia que creara un Tribunal Transicional dentro de la estructura de la Rama Judicial, en la que la Corte Suprema de Justicia fungiría como segunda y última instancia, tal cual lo plantean con algunos matices Uribe, Marta Lucía Ramírez y Pastrana, y una reforma constitucional para introducir las circunscripciones especiales de paz, que demoraría un poco más.
El problema es que las Farc, y un Eln en negociaciones, no aceptarán seguramente un acuerdo de mínimos, sin desconocer que los documentos de los dirigentes del ‘No’ tienen aportes muy significativos, como que el acuerdo no puede firmarse como un acuerdo especial que entre al bloque de constitucionalidad, que el Tribunal Transicional no pueda tocar el principio de la cosa juzgada, salvo en casos de dar tratamientos más favorables a los condenados, entre varios otros; aunque con algunas pifias del uribismo, como el desconocimiento de lo avanzado en materia de catastro multipropósito en el documento Conpes 3859 del 2016. Menos aún seguramente aceptarán penas de reclusión en colonias agrícolas, sin elegibilidad política y sin conexidad del narcotráfico como delito político.
Así, aunque el Gobierno quisiera, con dificultad podrá presentar al Congreso las propuestas de reformas antes de marzo del 2017, las mismas que se superpondrán con la época preelectoral en la cual el uribismo y los sectores más radicales del ‘No’ pudieran alegar desconocimiento de sus objeciones para sus propósitos electorales y hacer más traumático el trámite parlamentario. Por eso, el camino del trámite ordinario del Congreso es posible que termine por ser abortado porque, de fondo, lo que hay son dos proyectos muy distintos de país y de modelos económicos y sociales, y eso solo será posible, me temo, resolverlo en las elecciones del 2018, las que podrían ser en consecuencia las más trascendentales y reñidas de la historia.
Si bien no creo que el uribismo la tenga fácil con sus candidatos, otro de los tantos problemas es que después de la derrota del 2 de octubre tampoco se avizoran candidatos fuertes del lado del ‘Sí’ que puedan dar tranquilidad, a la vez que hacer una defensa más robusta de algunas concesiones a la guerrilla. Eso sin contar con que las marchas pudieran convertirse en fatiga y sí, en cambio, la gente acostumbrarse a un clima de relativa tranquilidad sin haber pagado los respectivos costos de la paz. Ojalá me equivoque y la llama de la esperanza de las marchas nos acompañe sin descanso para una salida anticipada y sensata.
JOHN MARIO GONZÁLEZ
@johnmario